El Paquete Económico 2026 de México no es solo una lista de cifras y proyecciones: es un mapa del alma del Estado. Lo que allí se inscribe con tecnocrática precisión revela las prioridades, los miedos y las apuestas de un gobierno que, a pesar de sus promesas de transformación, debe navegar en las aguas siempre agitadas de la economía global. Con un gasto programado de más de 10 billones de pesos, este presupuesto busca conjugar estabilidad macroeconómica con justicia social, inversión productiva con disciplina fiscal, sin perder de vista el tablero electoral que asoma en el horizonte.
La propuesta parte de un diagnóstico ambicioso: aumentar la recaudación fiscal al 15.1 % del PIB, reducir el déficit fiscal a 4.1 % y mantener la deuda pública en torno al 52 %. Al mismo tiempo, se pretende asegurar que el salario mínimo supere la inflación, que los programas sociales sigan robustos, y que sectores estratégicos como Pemex o la infraestructura nacional no solo se mantengan, sino se fortalezcan. Una ecuación que, de resolverse con éxito, implicaría una redefinición profunda del papel del Estado mexicano.
Pero para entender la magnitud del viraje —o la continuidad camuflada— hay que mirar hacia atrás. Antes de 2018, el modelo dominante era otro. El paradigma neoliberal, con sus reglas claras —apertura comercial, disciplina fiscal, Estado mínimo y fomento de la inversión privada— había trazado las líneas del “buen comportamiento económico”. En teoría, eso debía traducirse en crecimiento, estabilidad y derrama de beneficios. En la práctica, produjo desigualdad, rezago industrial, dependencia externa y una ciudadanía cada vez más escéptica del sistema.
Ese viejo modelo consideraba la intervención estatal como sospechosa, la redistribución como ineficiente y la justicia social como un adorno retórico. En cambio, el paquete 2026, al menos en su narrativa, invierte esas jerarquías: bienestar, infraestructura, inversión pública y soberanía energética se colocan en el centro. Lo público recupera dignidad. La política fiscal deja de ser simplemente una contabilidad de contención y se convierte en una herramienta activa de transformación.
Sin embargo, no basta con proclamar fines nobles si los medios no están a la altura. La viabilidad del Paquete Económico 2026 se juega en tres frentes: la eficiencia del gasto, la reforma fiscal estructural y la gestión del riesgo externo. Porque si el Estado gasta más pero no recauda mejor, si promete inversión pero mantiene una base tributaria estrecha y desigual, si dice priorizar al pueblo pero sigue transfiriendo rentas a sectores privilegiados, entonces la retórica será apenas eso: humo con presupuesto.
La diferencia fundamental entre el modelo actual y el de antaño no radica solo en el tamaño del Estado, sino en la concepción del interés nacional. Antes, se entendía como estabilidad macroeconómica y apertura irrestricta; hoy, se comienza a definir como soberanía económica, bienestar social y resiliencia productiva. Es decir: no basta con crecer, hay que crecer con justicia; no basta con atraer capital, hay que desarrollar capacidades internas; no basta con gastar más, hay que gastar mejor.
Y aquí viene la pregunta que el Paquete 2026 lanza al rostro del país: ¿es posible tenerlo todo? ¿Puede el Estado mexicano ser al mismo tiempo generoso y austero, expansivo y disciplinado, redistributivo y eficiente? Tal vez no. Pero más peligroso que fallar en el intento sería volver al dogma que ya fracasó: ese que creía que el mercado lo resolvería todo y que la pobreza era un problema de productividad individual, no de estructuras históricas profundamente injustas.
El paquete económico no es una utopía, ni tampoco una revolución. Es una apuesta intermedia: por un Estado que ya no se avergüenza de intervenir, que recupera ciertas funciones rectoras, pero que aún evita tocar los intereses fiscales más enquistados. Es un intento de conciliar dos lógicas en tensión: la lógica de la contención y la lógica de la transformación. Si logra inclinar la balanza hacia esta última sin desfondar las finanzas públicas, habrá dado un paso importante. Si no, habrá demostrado —una vez más— que sin reforma fiscal progresiva y sin ciudadanía vigilante, no hay narrativa que salve el naufragio.
En suma, el Paquete Económico 2026 debe leerse no solo como política económica, sino como un reflejo moral: nos dice a quién se protege, qué se prioriza, qué se posterga y a quién se sacrifica. Si en el centro de ese presupuesto está el pueblo —no como eslogan, sino como sujeto real de derechos y oportunidades— entonces estaremos, por fin, redefiniendo el interés nacional desde abajo.
POR MARIO FLORES PEDRAZA
