En Tamaulipas operan cerca de 300 centros conocidos como anexos, espacios destinados a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones. Sin embargo, no todos cuentan con la regulación sanitaria adecuada, lo que abre la puerta a riesgos para la salud e incluso violaciones a los derechos humanos, advirtió el diputado local y presidente de la Comisión de Salud en el Congreso, Víctor García Fuentes.
El legislador reconoció que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) es la instancia responsable de llevar el registro y la supervisión de estos espacios. No obstante, señaló que todavía existen instituciones que operan de manera clandestina o con permisos incompletos, lo cual representa un peligro para los pacientes y sus familias.
“La adicción es una enfermedad, y lo primero que deben exigir los familiares es la regulación sanitaria. No se puede dejar a un ser querido en cualquier lugar, porque hay centros que funcionan sin las condiciones necesarias y eso atenta contra la vida de los pacientes”, enfatizó García Fuentes.
El diputado subrayó que hasta un 80 por ciento de la prevención de problemas de salud pública depende de la participación social. En este sentido, hizo un llamado a las familias a informarse antes de internar a un paciente en algún centro de rehabilitación.
“Así como en el caso de las cirugías estéticas clandestinas en la frontera, donde por ahorrarse unos pesos se ponen en riesgo vidas, en el tema de los anexos sucede lo mismo. La gente, en su desesperación, confía en la primera recomendación sin verificar si el centro cuenta con permisos oficiales”, explicó.
García Fuentes recordó que las autoridades sanitarias pueden proporcionar un listado de los anexos regulados en Tamaulipas. “No se trata solo de que existan estos lugares, sino de que operen bajo las normas y estándares de salud que garanticen una atención digna y adecuada”, puntualizó.
Denuncias de violaciones y sanciones pendientes
El legislador reconoció que se han documentado casos de tratos inhumanos en algunos anexos, donde los pacientes son sometidos a métodos extremos que incluyen maltrato físico.
“Eso no solo es contraproducente, es aberrante. Va en contra de la ciencia médica y de los derechos humanos. Se han denunciado prácticas que en lugar de ayudar, empeoran la situación del paciente”, afirmó.
García Fuentes consideró urgente que existan sanciones claras contra los centros que operan en la clandestinidad, desde administrativas hasta penales, ya que se trata de un problema de salud pública que no puede normalizarse.
Finalmente, reiteró que la corresponsabilidad social es fundamental para avanzar en el tema de las adicciones. “Los familiares deben pedir la tarjeta sanitaria, la regulación, los permisos correspondientes. Si el centro no tiene estos documentos, no debe arriesgarse la vida del paciente. En salud, la desesperación nunca debe ser una opción”, concluyó.
Por Raúl López García
