La disputa por el poder en México no es nueva, pero hoy alcanza su punto más alto, detrás de los equilibrios aparentes hay un reacomodo que involucra secretarías, gubernaturas y congresos, una lucha que comenzó en 2022 tras la sucesión adelantada y que ya impacta a catorce estados, incluido Tamaulipas.
La batalla que se libra en la cúpula tuvo réplica en los estados, las viejas alianzas del lopezobradorismo se fragmentan entre quienes buscan institucionalidad y los que actúan con la lógica del botín, en Tamaulipas esa tensión se traduce en pugnas por espacios y lealtades que pesan más que la oposición.
La confrontación entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López no es abierta, pero atraviesa todos los niveles del gobierno, ella intenta imponer método y control político sobre un movimiento dividido, él representa al obradorismo duro y a las redes que se resisten a perder privilegios y territorio.
Claudia Sheinbaum ejerce el poder con un estilo distinto al de su antecesor, gobierna con planeación y control administrativo, ha sustituido la confrontación por gestión y resultados, su autoridad se construye más en la mesa de trabajo que en la plaza pública, su desafío es volver técnica la política.
El grupo de Adán Augusto opera con otra lógica, la del poder territorial, su influencia se sostiene en redes que mezclan política y economía, en operadores que confunden lealtad con control y que durante el sexenio pasado se beneficiaron de contratos, aduanas y financiamientos que hoy son observados.
El escándalo del huachicol fiscal destapó una red de intereses que operaba bajo el amparo político del obradorismo duro, una trama de exfuncionarios, empresarios y operadores ligados a aduanas y transporte, el caso evidenció la magnitud del negocio y la infiltración de esos grupos en áreas estratégicas.
Para Claudia Sheinbaum el caso del huachicol fiscal marca un punto de inflexión, definirá si puede imponer disciplina en los aparatos que manejan dinero y poder, si lo logra el Estado dejará de ser rehén de operadores sexenales, si no, su autoridad quedará condicionada por redes que prometió desmontar.
En Tamaulipas esa disputa tiene su espejo, los grupos que antes se beneficiaron del desorden federal intentan recuperar espacios en la administración estatal, muchos provienen del PRI o del PAN y ahora operan bajo nuevas siglas, se mueven entre la conveniencia y la oportunidad política y económica.
Américo Villarreal enfrenta el reto de gobernar en medio de una disputa que rebasa fronteras, administra un poder en transición y una estructura que aún no se consolida, su margen de maniobra se mide entre la presión de grupos internos y la necesidad de mantener estabilidad y control político.
El proceso electoral de 2027 será decisivo para el país y para Tamaulipas, Morena buscará conservar dieciséis gubernaturas, renovar el Congreso federal y veinte congresos locales, también se elegirán más de seiscientas presidencias municipales, será una contienda que marcará el rumbo nacional.
Los intereses externos actúan con precisión y paciencia, no confrontan de frente, influyen, operan desde los medios, los organismos empresariales y partidos con poder financiero, su estrategia busca debilitar la autoridad desde la narrativa y condicionar decisiones económicas y políticas.
El Congreso será el escenario decisivo de la próxima disputa, ahí convergen las lealtades que sostienen al gobierno y las resistencias que lo frenan, Morena y sus aliados conservan mayoría, pero las fracturas internas amenazan la unidad y cada votación se define más por cálculo que por ideología.
La política mexicana entra en una etapa de reajuste silencioso, las disputas visibles son sólo la superficie de un reacomodo más profundo, el país busca una forma de ejercer el poder menos personalista y más institucional, lo que está en juego no es quién manda, sino cómo se gobierna sin fractura.
En política, advertía Arnaldo Córdova, el poder no se conquista para poseerlo sino para ejercerlo, esa es la prueba que enfrenta hoy el país y sus gobernantes, transformar la fuerza en gobierno y la lealtad en institucionalidad, si lo logran, México podrá iniciar una etapa de madurez política.
