CIUDAD DE MÉXICO.-Casi tres años después del intento de autogolpe del 7 de diciembre de 2022, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú anunció este jueves un adelanto de fallo que condena al expresidente Pedro Castillo y a sus exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, así como al exasesor Aníbal Torres, por el delito de conspiración para la rebelión.
El tribunal adelantó que, en el caso de Castillo, concurren agravantes por su condición de jefe del Estado, y precisó la pena: 11 años, 11 meses y 15 días de prisión e inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos. Además de una reparación civil de 12 millones de soles (3.56 millones de dólares).
El colegiado —integrado por los jueces José Neyra, Norma Carbajal e Iván Guerrero— sostuvo que “los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, leído por Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Para el tribunal, ese pronunciamiento fue la “manifestación expresa de que Castillo Terrones se arrogó el ejercicio del poder, configurándose el supuesto de rebelión”, si bien la organizada del alzamiento armado no llegó a concretarse y, por ello, corresponde la figura de conspiración.
La Sala adelantó también que a Betssy Chávez le corresponde la misma pena —11 años, 11 meses y 15 días e inhabilitación por dos años— y que Willy Huerta y Aníbal Torres recibieron sanciones diferentes, con la aclaración de que, si apelan, la ejecución de la pena podría quedar provisionalmente suspendida. Aníbal Torres, ex jefe del gabinete de asesores de la PCM fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión y Willy Huerta se suspendió la ejecución de la pena
“En consecuencia, este tribunal, en mayoría, considera que los hechos planteados en la acusación configuran el delito de conspiración para una rebelión”, señaló el adelanto de decisión.
Durante la lectura, la Sala consideró probado que Castillo intentó huir hacia la Embajada de México tras ser vacado por incapacidad moral y que fue detenido “en flagrancia delictiva”.
Asimismo, afirmó que Chávez dispuso que el vehículo oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se dirija a la Embajada de México pese a haber presentado su renuncia, y que “se encargó de ingresar ‘irregularmente’ a los periodistas de TV Perú con el fin de transmitir el mensaje a la Nación”. La Sala también concluyó que Huerta facilitó su teléfono para que el entonces mandatario ordenara al comandante general de la Policía el cierre del Congreso, descartando que se tratase de una sorpresa.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje por TV Perú desde Palacio de Gobierno en el que anunció su decisión de “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, decretó un toque de queda a nivel nacional y declaró en reorganización al Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Horas después, el Congreso lo destituyó y juramentó a Dina Boluarte como presidenta, en medio de una crisis política y protestas a nivel nacional. La cronología de aquella jornada y la vacancia inmediata han sido ampliamente documentadas por agencias internacionales.
En su adelanto, la Sala absolvió a Castillo del cargo de grave perturbación a la tranquilidad pública, al considerar subsumidos esos hechos en la conspiración para la rebelión. También dispuso la absolución del general PNP Manuel Lozada Morales por duda razonable, al no quedar acreditado que impidiera el ingreso de congresistas al hemiciclo.
El proceso actual se centra en la autoría de la conspiración que precedió al mensaje televisado. Para la Sala, “está indiscutiblemente probado que Pedro Castillo resolvió, en su condición de Presidente de la República, atentar contra el orden constitucional”, aunque “no se concretó la organicidad del alzamiento en armas”, elemento típico de la rebelión consumada. Con esa adecuación típica, los jueces explicaron que no cambiaron los hechos de la acusación, sino su encuadre jurídico.
El intento de disolución del Congreso y la declaratoria de medidas de excepción por parte de Castillo detonaron su destitución en cuestión de horas, un hecho recogido por Reuters y otros medios en tiempo real. Wikisource+1 En paralelo, su ex primera ministra Betssy Chávez ha pedido y obtenido asilo en la Embajada de México en Lima, lo que intensificó tensiones diplomáticas entre ambos países en noviembre de 2025, según reportes de prensa regionales y locales.
Tras el cambio de mando, Perú atravesó meses de protestas con saldo de víctimas y amplias coberturas internacionales. La crisis —con episodios de violencia y respuestas estatales bajo escrutinio— ha sido contextualizada por organismos y medios globales. Yahoo Noticias
Aunque el colegiado adelantó la tipificación y las penas —con 11 años de prisión para Castillo e iguales condenas para Chávez, Huerta y Torres, más inhabilitaciones por dos años—, el proceso continuará con la notificación integral de la sentencia y las eventuales apelaciones que deberán resolver instancias superiores. En el caso de Huerta y Torres, el tribunal indicó que la ejecución de la pena podría suspenderse provisionalmente si interponen recurso impugnatorio.
Con información de EXCÉLSIOR
