CIUDAD VICTORIA, TAM.- A raíz de los presuntos desfalcos detectados en diversos ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado solicitó al Congreso aprobar la nueva Ley de Fiscalización, que establece multas entre 15 mil y 200 mil pesos para alcaldes, tesoreros y síndicos, con incrementos obligatorios en casos de reincidencia.
El Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, explicó que la propuesta surge ante el incumplimiento constante de los municipios en la entrega correcta de documentación, informes financieros y comprobación de gastos incluidos en las Cuentas Públicas.
Durante la presentación del Plan de Trabajo de la ASE para el ejercicio fiscal 2026, Noriega detalló que se fiscalizarán 195 cuentas públicas, de las cuales 90 pertenecen a ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas, DIF e institutos municipales.
Además van 40 Cuentas de desempeño y la diferencia son 70 de gobierno y poderes del estado.
El Auditor informó que la Comisión de Vigilancia ya autorizó iniciar el programa de revisión correspondiente a la cuenta pública 2025, que será analizada formalmente a partir del próximo año dentro de este calendario.
Recordó que para este periodo se incluye únicamente la proporción correspondiente al extinto ITAI, el cual desapareció por reforma legal, aunque mantiene pendientes algunos trimestres entregados con anterioridad.
Subrayó que existe un relajamiento preocupante en los municipios respecto a la entrega de información obligatoria, la cual debe ser presentada mensualmente por ayuntamientos y trimestralmente por organismos gubernamentales y poderes públicos.
Noriega señaló que esta deficiencia impide planear auditorías de mayor calidad, pues la ASE recibe reportes incompletos o mal integrados, lo que provoca retrasos en la revisión y limita la confiabilidad de los resultados.
Explicó que la nueva Ley de Fiscalización propone sanciones económicas más severas debido a que los requerimientos de información se cumplen tardíamente o simplemente no son atendidos por los responsables municipales.
Detalló que actualmente existe un acuerdo general que define la información a entregar; sin embargo, varios ayuntamientos simulan cumplimiento enviando carpetas incompletas o sin la documentación exigida.
Añadió que el incumplimiento de los procedimientos de adquisiciones también es recurrente, pues aunque la obra o el servicio se realice, los procesos administrativos no cumplen los requisitos legales establecidos.
Noriega expuso que este año se aplicaron cerca de 70 multas bajo la ley vigente, pero sin considerar reincidencias, situación que cambiará con la nueva normativa para fortalecer la disciplina financiera.
Afirmó que la reforma permitirá imponer sanciones cuando los municipios entreguen información incompleta, y no solo cuando omitan informes o incumplan con la cuenta pública en su totalidad.
El Auditor aclaró que estas multas deberán pagarse con recursos personales de alcaldes, tesoreros o síndicos, y no con fondos públicos, pues hacerlo constituiría una falta administrativa grave susceptible de crédito fiscal.
Finalmente, advirtió que varios entes municipales mostraron resistencia continua para enviar información, situación que será atendida con mayor rigor mediante sanciones progresivas y estricta vigilancia en el próximo ejercicio fiscal.
Detectan desfalco
La Auditoría Superior del Estado (ASE) documentó un presunto desfalco de 10 mil millones de pesos en 40 de los 43 ayuntamientos, así como en diversos entes públicos estatales.
Diputados de la Comisión de Vigilancia revelaron que la mayoría de los municipios no presentó documentación que acreditara el destino de los recursos, incurrió en omisiones fiscales y entregó información incompleta durante el proceso de revisión.
Además, señalaron que se detectaron irregularidades en el manejo de fondos, ya que alcaldes y tesoreros utilizaron recursos federales para fines distintos a los etiquetados por la Federación, lo que constituye una falta grave.
El diputado Elifa Gómez, presidente de la Comisión de Vigilancia, advirtió que una vez que el Pleno del Congreso apruebe las cuentas dictaminadas, la ASE iniciará investigaciones por faltas graves, las cuales podrían derivar en acciones judiciales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Explicó que se integrarán expedientes por presuntos quebrantos patrimoniales y se turnarán casos al Tribunal de Justicia Administrativa, además de dar seguimiento estricto al trabajo de los órganos internos de control de cada ente público.
La ASE presentó ante la Comisión los resultados de 300 Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Del total, el 60 por ciento fue dictaminado en sentido negativo, es decir, 180 cuentas rechazadas por inconsistencias y falta de comprobación.
El impacto económico más severo corresponde al ejercicio fiscal 2023, donde la mayoría de los ayuntamientos involucrados son gobernados por Morena.
De los 195 expedientes revisados únicamente de la cuenta pública 2023, casi 90 pertenecen a entes municipales, incluidos los 43 ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas y DIF municipales.
“De los 43 municipios, alrededor de 40 vienen en sentido negativo. Más del 95% incumple”, precisó el auditor Francisco Noriega durante la reunión con legisladores el martes por la noche.
Por Arturo Rosas H.
Expreso-La Razón
