Las primeras reacciones públicas de Claudia Sheinbaum ante episodios de tensión nacional —desde el asesinato de Carlos Manzo hasta las protestas de productores agrícolas— revelan un patrón que merece atención. No es solo una disputa narrativa; es la forma en que el poder responde cuando es presionado desde diversos frentes.
Tras el homicidio de Manzo, la presidenta lanzó una frase que no pasó inadvertida: “unos cuantos conductores o comentócratas carroñeros… buscan un pequeño argumento para irse contra el gobierno.” La dureza del término reveló más que indignación: mostró la tensión de quien enfrenta preguntas sin responder —por qué se retiró la policía días antes, quién falló, qué responsabilidad y complicidad política existe— y opta por confrontar al mensajero antes que al fondo del problema.
Lo preocupante es el patrón: una jefa de Estado sometida a crisis simultáneas —económicas, sociales, fiscales y de seguridad— que limitan su margen de maniobra y se siente rebasada. El gobierno presume avances, como la disminución del homicidio doloso en 32.9% entre septiembre de 2024 y abril de 2025, y una reducción de 19.1% en los primeros nueve meses de 2025, sin embargo las desapariciones en México han crecido en el último año, con un aumento del 6.3% en 2024 y otro 12% en el primer semestre de 2025 (40 desapariciones diarias más) en comparación con años anteriores además la percepción social sigue siendo otra: 63% de los adultos teme vivir en su ciudad, según INEGI. Alguna estadística mejora; la vida real no.
A ello se suman limitaciones políticas. Adán Augusto López preside el Senado por una decisión heredada; las señales que por años han vinculado a operadores con grupos como “La Barredora” grupo criminal con quien lo vinculan, colocan al gobierno en una posición incómoda. Harfuch —quizá el funcionario más capaz para depurar estructuras— opera bajo límites internos y bajo la presión constante de Estados Unidos para desmantelar redes criminales más allá del nivel operativo. Hay avances, sí, pero dentro de márgenes estrechos que aún no rompen la estructura que sostiene la violencia.
En el fondo opera una convicción económica que mezcla nostalgia, mito e impulso. Una ideología que observa al Estado con los ojos de los años setenta —constructor, operador y rescatista universal— y que privilegia símbolos de soberanía sobre diagnósticos técnicos. A ello se añaden mitos arraigados, como suponer que las paraestatales son el motor del desarrollo, o que los programas sociales generan crecimiento por sí mismos. Y, finalmente, impulsos políticos que sustituyen estrategia: corregir “injusticias históricas”, la obsesión por megaobras y la creencia de que la voluntad basta para transformar la realidad. El resultado es una economía guiada más por orgullo e intuición que por diseño, insuficiente para enfrentar los desafíos actuales acompañada por una corrupción rampante.
El panorama económico lo confirma. Banxico prevé un crecimiento de apenas 0.3% este año. Y mientras México figura como la economía número 12 del mundo según el Banco Mundial, más de 40 millones de personas viven en pobreza. La estadística internacional halaga; el bolsillo del ciudadano la desmiente. A ello se suma una capacidad fiscal agotada tras un sexenio que gastó sin reservas en programas no evaluados, megaproyectos sin retorno y rescates improductivos. Sostenido más en convicción que en análisis, ese modelo dejó un margen casi nulo de acción.
La tensión quedó clara cuando los productores de maíz exigieron un precio de garantía mayor. Con la tonelada internacional en torno a 5,000 pesos y costos internos más altos, piden 7,200 para no perder dinero. La respuesta presidencial fue directa: “No hay dinero.” Y es cierto: no hay recursos para apoyar al campo, compensar pérdidas o impulsar infraestructura, mientras la deuda pública supera en 80% la que dejó Peña Nieto.
El próximo año, la derrama del Mundial de Futbol 2026 podría aliviar ligeramente el estancamiento, pero no resolverá los desequilibrios estructurales que frenan al país. Tampoco sustituirá la necesidad de resultados más profundos en seguridad.
En este contexto, las reacciones presidenciales —duras, defensivas, irritadas— no son solo rasgos de carácter. Son la expresión de límites políticos, fiscales e institucionales. A ello se suma un expresidente que anuncia que regresaría a la vida pública “para defender la democracia” , “si hay intentos de golpe de estado” o “si acosan a la presidenta”, es decir, cuando él decida. El país vive tensiones que requieren de lo mejor de cualquier administración y la presidenta cuenta con el congreso, la corte y hasta la fiscalía de su lado para enfrentarlas. Lo preocupante no es que la presidenta se irrite; lo preocupante sería que dejáramos de exigirle respuestas a la altura de los desafíos que enfrenta para eso es presidenta.
