La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una presión que no admite rodeos, Estados Unidos exige agua y exige fechas, no como gesto diplomático sino como obligación contractual bajo el Tratado de 1944, y en esa exigencia hay agricultura texana, estabilidad política y advertencias comerciales implícitas, un escenario donde ceder es costoso pero resistirlo resulta aún más.
El problema es que esa presión internacional no se queda en Washington ni en la mesa bilateral, baja por el río Bravo y aterriza en Tamaulipas, el último eslabón del sistema hídrico, el territorio donde cada metro cúbico liberado se traduce en menos agua para el campo, menos margen para las ciudades y mayor tensión social, aquí la deuda no es un tecnicismo diplomático, es una realidad cotidiana.
Sheinbaum lo sabe y por eso ha optado por un discurso de cumplimiento ordenado y gradual, pero el margen técnico es estrecho, las presas no están llenas, las sequías dejaron de ser cíclicas para convertirse en estructurales y la sobreconcesión acumulada durante décadas redujo cualquier espacio de maniobra, el agua que se entrega no sobra, se quita de algún lado.
En ese tablero Tamaulipas carga con el peso mayor sin haber sido quien firmó el tratado ni quien administró históricamente el desorden, el Distrito de Riego 025 Bajo Río Bravo vuelve a colocarse en el centro de la ecuación, productores que planean siembras sin certeza, superficies que se reducen, costos que aumentan y un clima de incertidumbre que no se resuelve con discursos.
El impacto no se limita al campo, Reynosa, Matamoros y la franja fronteriza viven con márgenes ajustados, cuando el sistema se tensa la prioridad constitucional es el consumo humano, pero la infraestructura y la disponibilidad no siempre acompañan esa prioridad, y la escasez no distingue calendarios políticos ni compromisos internacionales.
La posición del gobierno de Tamaulipas ha sido cuidadosa, institucional y alineada con la Federación, pero con mensajes claros, el estado no puede seguir funcionando como amortiguador automático de decisiones tomadas río arriba, ni cargar solo con los costos de una política exterior que es federal pero cuyos efectos son locales.
No hay confrontación pública con la presidenta, pero sí una exigencia técnica, cumplir el tratado no puede significar vaciar al campo ni comprometer el abasto urbano, el acuerdo es nacional, la afectación es territorial, y esa asimetría es la que hoy explica la tensión silenciosa entre el centro y la frontera hídrica.
Para Sheinbaum incumplir con Estados Unidos no es opción, el costo sería inmediato y alto, para Tamaulipas cumplir sin una red de protección implica riesgos sociales y productivos que no pueden ignorarse, ahí está el dilema real, cómo responder a Washington sin descomponer la gobernabilidad del norte.
Este episodio vuelve a exhibir un problema de fondo, la deuda no es solo de agua, es de planeación, sin inversión en tecnificación, sin revisión de concesiones y sin una estrategia de largo plazo, el conflicto se repetirá, con otros actores, con otro contexto, pero con el mismo territorio pagando la factura.
En Tamaulipas el agua no es un tema abstracto, es campo, ciudades y estabilidad, mientras a nivel federal se negocia el cumplimiento del tratado con Estados Unidos, en el estado se administra una escasez real y cotidiana, por eso cada decisión que se toma fuera del territorio termina teniendo consecuencias directas en la vida productiva y social de la frontera.
Por Nora M García
