TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la ley de Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado (IPSSET), que modifica el esquema de aportaciones de los burócratas.
Se trata de una reforma propuesta por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y dictaminada busca garantizar el pago de pensiones, que de acuerdo al último estudio actuarial elaborado por el Despacho Valuaciones Actuariales del Norte, S.C., las reservas presupuestales se agotarán en 2031.
Se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores que a la entrada en vigor del decreto, hubiesen cumplido con los requisitos como años de cotización ante el fondo de pensiones o la edad para acceder a una pensión.
Además, se mantendrán los requisitos de edad y antigüedad que la ley actual dispone para el personal que estuviera activo a la fecha de la presentación de este proyecto.
La ley que se reforma establece que el salario de cotización es únicamente el sueldo base, del que se retiene el 10.50% para los trabajadores, mientras que el Gobierno aporta el 21.50%.
A partir de esta reforma se integran gradualmente prestaciones como despensa o adquisición de víveres básicos, quinquenio y compensación o gratificación, iniciando con un 2%, incrementándose anualmente un 2% durante cuatro años y posteriormente el aumento será del 0.50% para llegar al 10.50%.
Mientras que la aportación de las entidades patronales se propone iniciar en el 3% con incrementos anuales del 3% hasta llegar al 27% de dichas prestaciones, adicionalmente aportarían el mismo porcentaje del aguinaldo que reciba los trabajadores de la generación actualmente activa.
Para quienes ingresen a partir de la aprobación del Decreto, su cuota se establece en 10.50% de su salario de cotización, la entidad patronal enterará el 27% del salario de cotización, así como el 27% de aguinaldo.
Para determinar el monto a recibir por pensión, se mantienen los años a promediar de las personas trabajadoras en activo hasta el momento de la entrada en vigor del presente proyecto que es de cuatro años a quienes ingresaron antes de diciembre del 2014.
Y de cinco años para quienes ingresaron a partir del 1 de enero del 2015, mientras que las nuevas generaciones se establece los años a promediar en 10 años, previa actualización con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Para las nuevas generaciones, para acceder a la pensión por jubilación por edad y tiempo de servicio, se establece de 65 años manteniendo la antigüedad requerida actualmente con un porcentaje a recibir del 90%.
Para la pensión de retiro por edad avanzada y tiempo de servicios, quedó en 65 años contando con al menos 15 años de antigüedad, con un beneficio que dependerá de los años de cotización al momento del retiro, mismo que va desde el 45% al 90%
Para la pensión anticipada el beneficio será del 36% al 45% del salario regulador en función de los años de cotización; las pensiones por invalidez y fallecimiento por causas ajenas al trabajo, el beneficio es del 45% al 90% del salario regulador dependiendo de la antigüedad cotizada.
Mientras que para las pensiones por incapacidad y fallecimiento por riesgos de trabajo será del 90% del salario regulador.
De acuerdo con los resultados del estudio actuarial realizado para cuantificar el impacto económico de estas reformas en las finanzas del Gobierno, el realizar esta reforma implica un incremento en el gasto del gobierno en el corto plazo mayor al que hubiera tenido en caso de que no se realizaran las modificaciones propuestas.
No obstante, en el mediano y largo plazo, dicho gasto esperado es consistentemente menor, logrando una disminución a valor presente, considerando una tasa real de rendimiento del 2.0% real anual, cerca de 13,800 millones de pesos.
Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
