CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) inició procedimientos administrativos en contra de diversas entidades fiscalizadas de Tamaulipas, por no rendir cuentas y obligaciones de información, durante el 2025.
Uno de los órganos que están en la mira es el Ayuntamiento del Municipio de González, por no presentar el Informe Financiero Mensual dentro del plazo legal.
El expediente, identificado como ASE/PIM/005/2025, señala como responsable de esta omisión al alcalde Miguel Ángel Zúñiga Rodríguez.
También se busca sancionar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de El Mante, presidido por Perla Cristina Chío de la Garza, hermana de la presidenta municipal, Patricia Chío de la Garza, y dirigido por Erika Torres Velázquez.
En este caso es por la falta de presentación del Informe Financiero Trimestral.
En la misma circunstancia está la Comapa de Miquihuana, con el expediente ASE/PIM/003/2025.
El mayor número de procedimientos en 2025 se concentra en el apartado de la negativa de proporcionar información o documentación requerida por la auditoría, dentro de los plazos otorgados. En este concepto, la ASE inició siete procedimientos administrativos.
Además, la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició durante el ejercicio fiscal 2024 un total de 76 procedimientos administrativos, los cuales generaron multas por 2 millones 861 mil 516.70 pesos, de acuerdo con los expedientes concluidos y en trámite correspondientes a ese año.
El mayor monto de sanciones se concentró en los procedimientos derivados de la falta de presentación en tiempo del Informe Financiero Mensual, que sumaron 25 expedientes y acumularon multas por 1 millón 982 mil 477.70 pesos, dirigidas principalmente a ayuntamientos de Llera, Valle Hermoso, El Mante, Soto la Marina, Tula y otros municipios.
En segundo lugar, se ubicaron los 25 procedimientos por la falta de presentación del Informe Financiero Trimestral, en los que se impusieron sanciones por 476 mil 973 pesos. En este rubro se encuentran organismos operadores de agua potable, sistemas DIF municipales y dependencias estatales, con multas individuales que oscilaron entre los 15 mil y 32 mil pesos, además de un caso sin sanción económica.
El tercer bloque corresponde a 22 procedimientos iniciados por la negativa de proporcionar información o documentación requerida por la auditoría, dentro de los plazos legales establecidos. Estas acciones derivaron en multas por 336 mil 924 pesos, aplicadas a ayuntamientos, comisiones municipales de agua potable, organismos descentralizados y empresas estatales.
Finalmente, la ASE registró cuatro procedimientos por la falta de presentación de la Cuenta Pública, con sanciones económicas por 65 mil 142 pesos, correspondientes a los ayuntamientos de Abasolo, Nuevo Morelos, Altamira y Valle Hermoso.
De los 76 procedimientos administrativos iniciados en 2024, la mayoría se reportan como concluidos, aunque algunos continúan en juicio de nulidad, particularmente en casos relacionados con informes financieros mensuales.
De la evaluación de 300 cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023, recientemente el Congreso del Estado aprobó 155 cuentas y 145 fueron reprobadas.
Los legisladores conocieron los dictámenes emitidos por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, derivados del análisis de 300 cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2021, 2022 y 2023.
Anteriormente del ejercicio fiscal 2021, el Congreso reprobó 41 de 44 cuentas heredadas de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, iniciando procesos de revisión profunda y denuncias penales.
De 2022 y 2023, la Auditoría Superior del Etsado había reportado que un 60 por ciento de las cuentas de esos años, junto con las del 2021, fueron reprobadas por no comprobar recursos, incluyendo ayuntamientos, Comapas, Organismos Públicos Descentralizados y entes estatales.
Aquí también se habían detectado pagos irregulares, incluyendo más de 40 millones de pesos a despachos jurídicos ligados a García Cabeza de Vaca, lo que motivó parte de las revisiones.
Las observaciones, dependiendo de la gravedad de las irregularidades, darán paso a procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa o al Órgano Interno de Control, que podría derivar en denuncias penales.
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso, el auditor Francisco Noriega precisó que de las 195 Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023, el 95% de los municipios tiene un sentido negativo, pero solo el 90 por ciento, corresponden a entes municipales, incluyendo 43 ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas y DIF municipales.
“De los 43 municipios, alrededor de 40 Ayuntamientos vienen en sentido negativo. Más del 95% incumple”, precisó Noriega.
En algunos organismos paramunicipales encontraron buenas prácticas y programas con desempeño positivo, pero representan una minoría.
Añadió que una vez que el Pleno del Congreso apruebe las cuentas públicas, la Auditoría iniciará: Investigaciones por faltas graves, hará una integración de expedientes por presuntos quebrantos; se enviarán casos a la Fiscalía Anticorrupción.
Además, se contempla turnar al Tribunal de Justicia Administrativa algunos de los casos de entes públicos y habrá “un seguimiento estricto a los órganos internos de control de cada ente público”.
Francisco Noriega, advirtió que, ante la falta de sustento para comprobar más de 10 mil millones de pesos, la responsabilidad puede recaer en alcaldes, tesoreros, síndicos y funcionarios involucrados en los procedimientos financieros.
Por ello, el Auditor Superior pidió a los ediles y administradores municipales asumir su responsabilidad presupuestaria:
“Muchas veces confían en el manejo de los recursos en personas que no están preparadas. Necesitan fortalecer su capacidad en ingresos, predial y agua en las Comapas”, advirtió.
Pese a la gravedad de los hallazgos, Noriega aseguró que la Auditoría “tiene otra cara” y que el personal se ha dedicado a reconstruir la confianza ciudadana: “Estamos siendo más transparentes y estamos avanzando. La gente está cansada de que las sanciones nunca lleguen. Eso está cambiando”, concluyó.
Por Staff
Expreso-La Razón
