México entra a 2026 con un Presupuesto de Egresos que, en el papel, luce robusto y ordenado; 10 billones 193 mil millones de pesos de gasto neto total es una cifra que impresiona, pero que por sí sola dice poco, porque el presupuesto no se mide por su tamaño sino por su capacidad de traducirse en servicios, funcionamiento institucional y certidumbre cotidiana.
Es ahí donde empiezan las preguntas que no aparecen en los comunicados oficiales. El PEF 2026 se construye además sobre un déficit estimado de 1.39 billones de pesos; México gastará más de lo que ingresa y ese desequilibrio no es neutro, cada peso comprometido hoy reduce el margen del mañana.
Sobre todo en un contexto donde el gasto rígido en deuda, pensiones y obligaciones financieras ha crecido de forma sostenida durante la última década, absorbiendo una proporción cada vez mayor del presupuesto y dejando menos espacio para decidir, corregir o invertir, esta tendencia explica por qué el presupuesto aumenta, pero la capacidad de maniobra del Estado se achica.
A esta presión se suma un dato estructural que suele pasar desapercibido; una parte creciente del gasto público ya está comprometida antes de iniciar el año fiscal, lo que convierte al PEF en un ejercicio de administración de rutinas más que en una herramienta de transformación.
Gobernar con presupuesto rígido implica priorizar la contención sobre la expansión y aceptar que muchas decisiones se toman sin margen operativo. La apuesta federal se concentra en dos ejes visibles: bienestar y salud; la creación del Ramo 56, Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar, con más de 172 mil millones de pesos
Se presenta como el rediseño del sistema público de atención, la promesa es cobertura universal, la realidad se medirá en la operación cotidiana, personal suficiente, abasto, infraestructura y coordinación con los estados, porque la salud pública no se evalúa en el decreto, se evalúa en la experiencia diaria de los usuarios.
En la aprobación del presupuesto hubo ajustes internos; la Cámara realizó reasignaciones por casi 18 mil millones de pesos, recortando recursos a órganos autónomos y reforzando sectores como educación, ciencia y cultura, una decisión que envía un mensaje político claro.
Se privilegia la narrativa de futuro y formación de capacidades, aunque la experiencia presupuestal es conocida, el presupuesto se aprueba en diciembre, pero se siente hasta entrado el segundo trimestre del año, cuando llega tarde ya no corrige, solo se ajusta de forma provisional.
El problema de fondo del PEF 2026 no es lo que promete, sino cómo reparte las cargas; una parte creciente del gasto se destina a compromisos ineludibles que no admiten discusión porque ya están pactados, este peso estructural reduce el espacio para inversión productiva.
Y para fortalecer servicios básicos, y cuando la cobija no alcanza, el ajuste no siempre se anuncia, se manifiesta en la operación diaria y en decisiones acumuladas que no hacen ruido, pero sí tienen alto impacto. Ese efecto se vuelve más evidente cuando el presupuesto baja a territorio.
En Tamaulipas, el gasto federalizado identificado para 2026 ronda los 73 mil 666 millones de pesos, una cifra que en apariencia es estable; sin embargo, el desglose importa más que el total, porque es ahí donde se define qué llega a la calle y qué se queda en el balance público.
Las participaciones federales, el Ramo 28, crecen en términos reales y se ubican en 42 mil 719 millones de pesos, lo que da margen financiero al estado y a los municipios; el contraste aparece en el Ramo 33, las aportaciones destinadas a educación básica, salud, infraestructura social y seguridad pública.
Que muestran una disminución real, y este reacomodo merece atención; porque las aportaciones son las que sostienen la operación cotidiana de los servicios en colonias y comunidades. Cuando las aportaciones se aprietan, lo que se resiente no es la estadística, es el servicio.
Se alarga una fila, se posterga una obra, se cancela una consulta, y esa diferencia entre lo que se anuncia y lo que alcanza se cubre con decisiones domésticas muy concretas, una familia decide entre transporte, consulta médica o mantenimiento de la casa.
Y ese ajuste cotidiano se sostiene con tiempo, cuidados y trabajo no remunerado, una carga que históricamente recae en las mujeres, no por discurso, sino por estructura. Leer el PEF 2026 como cierre de año no es un ejercicio técnico, es un ejercicio de vigilancia pública.
El presupuesto define qué derechos se garantizan, cuáles se administran con retraso y cuáles se trasladan silenciosamente a los hogares, los datos muestran un gasto creciente, pero también un reacomodo que presiona servicios básicos y aumenta la carga cotidiana en los estados.
Si en 2026 el rediseño en salud no se traduce en atención efectiva y si la reducción real en aportaciones no se compensa con resultados visibles, el costo no aparecerá en los balances, aparecerá en filas, tiempos, cuidados y desgaste social.
El presupuesto 2026 no es insuficiente por tamaño, es limitado por estructura, y la pregunta de fondo ya no es cuánto se gasta, sino cuánto tiempo puede sostenerse un modelo que administra tensiones sin resolverlas.
Por. Nora M. García
