La incertidumbre de los decomisos de vehículos de procedencia extranjera volvió a recorrer Tamaulipas desde estos primeros días del 2026, tras la abrogación del decreto federal de regularización de autos americanos, ocurrida el 31 de diciembre de 2025.
Y aunque hasta ahora no existe una orden oficial para ejecutar operativos, la posibilidad de que se activen ha encendido las alertas entre miles de familias que dependen de estos vehículos para su vida diaria.
Manuel Zúñiga Maldonado, presidente de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA) en el estado, advirtió que, de concretarse acciones de aseguramiento, no se descartan movilizaciones sociales como medida de presión, pues sería un acto por parte de las autoridades que traería consigo un problema que demandaría el enojo social de millones de mexicanos.
“No queremos llegar a manifestaciones, pero si no hay respuesta, se tendrían que valorar otras opciones, pues decomiso sería un golpe directo a la economía familiar”, sostuvo.
Y agregó explicando que “si el Gobierno Federal da la orden de decomisos, las entidades federativas tendrían que actuar a través de la Secretaría de Finanzas, porque existe un convenio con la Secretaría de Hacienda mediante el Anexo 8”.
Pero afortunadamente, el dirigente subrayó que hasta el momento no hay instrucciones del Gobierno Federal para ejecutar decomisos en Tamaulipas, por lo que insistió en que no se trata de una redada en curso, sino de un escenario que preocupa ante la falta de claridad sobre el futuro de los vehículos que no lograron regularizarse.
Y es que Zúñiga Maldonado detalló que el riesgo no es menor, ya que la legislación vigente considera la posesión de un vehículo extranjero sin acreditar su legal estancia como un delito equiparable al contrabando, lo que abre la puerta no solo al aseguramiento de las unidades, sino a sanciones económicas severas y hasta cárcel.
“Las multas pueden ser hasta tres veces el valor del vehículo. Para muchas familias eso sería impagable”, advirtió.
El líder de ONAPAFA recordó que este fenómeno no es nuevo y que en el estado circulan cientos de miles de autos en condición irregular, situación que, dijo, persistirá mientras no exista un control efectivo en la frontera norte.
Ante este panorama, la organización impulsa una propuesta para modificar el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, a fin de que la posesión de estos vehículos deje de ser un delito y se transforme en una obligación administrativa de pago de impuestos.
“Buscamos que no se criminalice a las personas, sino que se les dé una salida legal”, señaló.
Zúñiga Maldonado indicó que, en caso de que las autoridades federales activen decomisos, ONAPAFA apostará primero por el diálogo con instancias estatales y federales; sin embargo, reconoció que, si no hay acuerdos, se analizarían otras vías de presión social.
Sobre los recientes operativos observados en Matamoros, donde vehículos americanos fueron retirados mientras eran ofrecidos a la venta en la vía pública, el dirigente aclaró que dichos actos no deben interpretarse automáticamente como el inicio de decomisos masivos.
“El único que puede decomisar vehículos americanos es la Secretaría de Hacienda. Otras autoridades pueden retirarlos por temas de vialidad, pero no asegurarlos por su procedencia”, puntualizó.
Finalmente, reiteró que no existe un registro de redadas generalizadas en Tamaulipas y que cualquier acción de este tipo tendría que estar respaldada por una instrucción expresa de Hacienda, por lo que llamó a las autoridades a privilegiar el diálogo y evitar medidas que, dijo, afectarían de lleno a las familias con menos recursos.
