Por Antonio H. Mandujano
EXPRESO-LA RAZÓN
TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas, el mezcal ha dejado de ser una actividad marginal para comenzar a consolidarse como un símbolo de identidad regional.
Desde la serranía del altiplano hasta las planicies del centro y norte del estado, pequeños palenques mantienen viva una tradición que hoy cuenta con respaldo legal, acompañamiento gubernamental y un creciente interés comercial.
No obstante, este proceso de desarrollo convive con un problema estructural que frena su consolidación: el coyotaje.
La entidad forma parte oficialmente de la Denominación de Origen Mezcal, una distinción que ampara a 11 municipios: Tula, Palmillas, Miquihuana, Bustamante, Jaumave, San Carlos, San Nicolás, Jiménez, Méndez, Burgos y Cruillas.
En estas regiones, el agave ha sido aprovechado históricamente para la elaboración de destilados artesanales, mediante métodos que conservan técnicas ancestrales y perfiles propios.
Esta denominación no solo protege el nombre del producto, sino que reconoce las condiciones geográficas y culturales que le otorgan carácter al mezcal tamaulipeco, abriendo la puerta a su comercialización formal en mercados nacionales e internacionales.
Productores pocos, pero con alto valor artesanal
Actualmente, en Tamaulipas operan alrededor de 10 productores de mezcal, la mayoría bajo esquemas artesanales y con volúmenes de producción reducidos.
Aunque la cifra es modesta, el sector destaca por la calidad de sus procesos y el apego a la normatividad vigente.
Dentro de este contexto, San Nicolás se ha convertido en un referente estatal, particularmente en la zona de Agua Zarca, señalada por productores y autoridades como uno de los palenques que cumple al cien por ciento con los estándares de certificación, trazabilidad y calidad, desde el manejo del agave hasta el envasado.
La producción estatal se estima en alrededor de 40 mil litros anuales, una cantidad pequeña frente a otros estados mezcaleros, pero con un potencial de crecimiento considerable si se fortalece la cadena productiva.
Respaldo institucional: avanzar hacia la formalidad
Para impulsar el sector, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas ha enfocado esfuerzos en asesoría técnica, procesos de certificación, vinculación comercial y promoción del mezcal como un producto con identidad regional.
A estas acciones se suman las de la Secretaría de Desarrollo Rural, orientadas al manejo del agave, la sanidad vegetal y la mejora de procesos productivos.
El objetivo es claro: reducir la intermediación, fortalecer la venta directa y posicionar al mezcal tamaulipeco como un destilado de nicho, con valor agregado y origen certificado.
Coyotaje, el contraste que frena el desarrollo
Pese a estos avances, el crecimiento del sector se ve severamente limitado por el coyotaje, una práctica que ha rebasado a los productores y distorsiona el valor real del mezcal.
De acuerdo con Jesús Guzmán Peña, presidente de la Unión de Productores de Mezcal de Tamaulipas, en el estado operan alrededor de 20 coyotes, el doble del número de productores formales.
Estos intermediarios adquieren el mezcal a precios muy por debajo de su costo real y lo revenden con incrementos de hasta 900 o mil por ciento.
“Habemos solo 10 productores en el estado y alrededor de 20 coyotes; ellos son los que se quedan con la tajada del león”, ha señalado el dirigente.
El esquema es recurrente: una botella de un litro se compra en apenas 70 u 80 pesos, se “rasura” para vender solo tres cuartas partes y posteriormente se coloca en el mercado entre 600 y 800 pesos, sin asumir los costos ni el trabajo que implica su elaboración.
Fabricar un litro de mezcal requiere alrededor de 20 kilos de maguey, además de una intensa mano de obra, traslados en zonas serranas y el apoyo de animales de carga. El costo de producción ronda los 125 pesos por litro, inversión que en muchos casos no se recupera.
Miedo, impuestos y anonimato
A este problema se suma el temor de algunos productores a formalizarse, ante la creencia de que podrían enfrentar sanciones o confiscaciones por parte de las autoridades.
Esta percepción, señalan, es aprovechada por los coyotes para mantenerlos en la informalidad.
Además, la carga fiscal representa otro obstáculo, ya que la venta formal implica cubrir un 51 por ciento de IEPS y un 16 por ciento de IVA, lo que reduce significativamente la rentabilidad de los pequeños productores y los empuja a operar en el anonimato.
