POR ANTONIO H. MANDUJANO
EXPRESO-LA RAZÓN
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Las consecuencias del nuevo acuerdo de pago de agua entre México y Estados Unidos ya encendieron focos rojos en el norte de Tamaulipas, donde productores agrícolas advierten un escenario crítico que amenaza la producción del campo y el abasto de agua para consumo humano. Productores del Distrito de Riego 025 alertaron que el compromiso de entregar 432 millones de metros cúbicos de agua anuales durante los próximos cinco años podría derivar en una catástrofe agrícola, en una región que arrastra una crisis hídrica prolongada y sin márgenes de maniobra.
Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, señaló que el distrito ya enfrentaba riegos parciales o incompletos desde hace más de una década, situación que se agrava ante la falta de un plan federal que garantice el suministro.
El distrito concentra alrededor de 14 mil usuarios y más de 200 mil hectáreas que dependen del riego, sin certeza sobre cómo se cubrirán esas necesidades.
A ello se suma la ausencia de lluvias: en los últimos cuatro meses, de casi 780 mil hectáreas agrícolas, apenas entre 30 y 40 mil han recibido algún beneficio, mientras el resto permanece en condiciones críticas.
“En los últimos diez años apenas se otorgaba un riego o medio riego, y con este acuerdo los usuarios prácticamente se quedan sin agua”, advirtió.
El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, Jorge Luis López Martínez, señaló que más de 100 mil hectáreas dejarán de sembrarse y cuestionó que el compromiso de entregar 431.7 millones de metros cúbicos anuales no esté contemplado en el Tratado de Aguas de 1944, ya que el propio acuerdo permite reponer faltantes hasta el 24 de octubre de 2030.
En el Distrito de Riego 026, bajo el río San Juan, dirigentes hidroagrícolas alertaron que el acuerdo también pone en riesgo el uso urbano, al extraer agua de presas nacionales que no corresponden a la cuenca del río Bravo.
Advirtieron que ya se han aportado más de 250 millones de metros cúbicos y que se pretende extraer hasta 450 millones adicionales, cuando las reservas urbanas requieren al menos 350 millones para garantizar el suministro. Productores coincidieron en que el acuerdo se dio a conocer sin socialización ni claridad operativa, y advirtieron que no permitirán decisiones que comprometan la agricultura ni el derecho humano al agua en una de las regiones productivas más importantes del país.
