En 1963, Pablo Latapí advertía que el progreso educativo no podía medirse solo por el número de escuelas abiertas, sino por la capacidad del sistema para responder con eficiencia y calidad al crecimiento demográfico. México vivía el desarrollo estabilizador; el reto era expansión y planeación.
Sesenta años después, el diagnóstico cambió de forma, pero no de fondo.
Para 2015 y 2018, México ya no enfrentaba un problema de cobertura masiva, sino de calidad. Las evaluaciones internacionales mostraban un sistema amplio, pero con aprendizajes frágiles. En 2022 el retroceso fue más evidente, especialmente en matemáticas. El país no solo estaba estancado; estaba perdiendo terreno en habilidades fundamentales.
En ese contexto surge la Nueva Escuela Mexicana. A partir de 2021 se adopta un nuevo paradigma: campos formativos en lugar de asignaturas, proyectos integradores en lugar de secuencias tradicionales, enfoque humanista y comunitario en lugar de énfasis en estándares estandarizados.
La intención es formar ciudadanos más integrales, con conciencia social y pensamiento crítico. Sin embargo, la implementación ha mostrado dificultades operativas. La ausencia de secuencia clara, la complejidad para planificar proyectos y coordinar docentes, y la falta de lineamientos comunes pueden generar vacíos en aprendizajes esenciales.
A ello se sumaron críticas delicadas: académicos señalaron errores conceptuales y fallas pedagógicas en los nuevos libros de texto. No se trata solo de diferencias metodológicas; se trata de garantizar que los materiales cumplan con mínimos básicos de claridad y coherencia.
Recientemente, la Presidencia solicitó incorporar historias de heroínas que han forjado al país. Ampliar referentes históricos femeninos es necesario y justo. Pero el debate que se abrió va más allá de añadir contenidos: ¿quién revisa los libros?, ¿quién corrige errores?, ¿quién asegura rigor?
La destitución del director de Materiales Educativos tras negarse a modificar los libros —incluyendo la corrección de errores— evidenció una tensión que no puede minimizarse: la resistencia institucional a someter los materiales educativos a revisión crítica.
Este episodio tendría que convertirse en una llamada de atención nacional.
La educación no debe formar repetidores de discursos oficiales. Debe formar mentes críticas. Jóvenes que no solo aprendan lo que se les enseña, sino que sepan cuestionarlo, contrastarlo y ampliarlo; que desarrollen curiosidad intelectual y lleguen a sus propias conclusiones, incluso ideológicas. Una democracia sólida no le teme al pensamiento crítico; lo necesita.
La historia ofrece advertencias. Durante la Revolución Cultural en China, el sistema educativo priorizó la ideología sobre el mérito académico. Se debilitó la base científica y técnica del país, y el costo económico fue profundo. No se trata de equiparar contextos, sino de recordar que cuando la educación se subordina a proyectos políticos sin asegurar rigor académico, el desarrollo nacional se resiente.
El verdadero objetivo no es alcanzar un promedio internacional.
El objetivo es que los jóvenes de 15 años puedan aplicar lo que saben en lectura, matemáticas y ciencias a la vida real: comprender contratos, interpretar información financiera, resolver problemas técnicos, innovar, emprender y participar productivamente en la economía.
Que puedan crear riqueza para sus hogares y para el país.
Porque cuando millones de jóvenes carecen de esas herramientas, el resultado no es abstracto: es menor productividad, menor movilidad social y mayor dependencia del Estado. La pobreza no se combate solo con transferencias; se combate con capacidades reales. La riqueza no se distribuye si antes no se crea.
Y aquí es donde la responsabilidad política actual es ineludible.
El gobierno que impulsa una reforma educativa debe aceptar evaluación, corrección y revisión permanente. Debe garantizar que los libros no contengan errores, que exista progresión clara en habilidades básicas, que los docentes reciban capacitación sólida y que la infraestructura acompañe el cambio pedagógico.
No basta con redefinir el discurso educativo.
No basta con incorporar nuevas narrativas.
No basta con cambiar el nombre del modelo.
La educación es la política pública más estratégica de un país. Si se improvisa, se paga durante generaciones. Si se politiza sin rigor, se limita el futuro productivo.
México no puede darse el lujo de otro experimento fallido.
La Nueva Escuela Mexicana aún puede ser una oportunidad.
Pero solo si se somete al escrutinio técnico, acepta correcciones y coloca el aprendizaje real —no la narrativa— en el centro de la política educativa.
La historia juzga con paciencia.
La economía de los hogares no.
