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Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas entre 2016 y 2022 con el aparato legal como instrumento de control político, procesó adversarios, contuvo candidaturas y financió una red de protección judicial que, según determinó el Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte, operó durante cuatro años para enfrentar la acción de la justicia.
El ciclo se invirtió cuando perdió el gobierno, desde octubre de 2022 enfrenta una orden de aprehensión federal por delincuencia organizada y lavado de dinero, reside en Dallas, Texas, y se aparece con frecuencia en Mcallen, sin haber regresado al país, y el expediente en su contra ha recorrido juzgados de distrito, tribunales colegiados, la Suprema Corte y el plano diplomático bilateral con Estados Unidos.
El 11 de febrero de 2026, el juez federal Carlos Alberto Escobedo Yáñez negó el amparo al exgobernador, y ese mismo día la Secretaría de Relaciones Exteriores formalizó ante la Embajada de Estados Unidos la solicitud de extradición, trasladando el caso a un terreno donde las reglas del amparo no operan y donde la decisión final depende del Departamento de Justicia estadounidense.
El proceso acumula cuatro frentes que avanzan en tiempos distintos: la Suprema Corte revisa la legalidad de la orden de aprehensión, la solicitud de extradición espera respuesta de Washington, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada investiga un nuevo expediente por huachicol fiscal y extorsión, y la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tiene en trámite 790 asuntos relacionados con ex servidores del sexenio cabecista.
El criterio que fije la Suprema Corte sobre la orden de aprehensión condicionará el trámite de la extradición, y la respuesta de Washington determinará si el exgobernador enfrenta el proceso en territorio mexicano o prolonga su situación desde McAllen, donde reside desde septiembre de 2022.
La defensa respondió a la negativa de amparo con un comunicado firmado por el abogado Javier Coello Zuarth, en el que sostuvo que existe una suspensión definitiva vigente que mantiene detenida la solicitud de detención provisional, y anunció recursos de revisión ante tribunales colegiados.
El recurso se extenderá a cuatro familiares del exgobernador: su esposa Mariana Gómez Leal, su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y su cuñada Evelyn Aimee Rodríguez Garza, a quienes el mismo juez también negó la protección constitucional.
Coello Zuarth no es un abogado externo, es hijo de Javier Coello Trejo, exProcurador General de la República en el gobierno de José López Portillo y titular del despacho Coello Trejo y Asociados, una de las dos firmas que conforman la estructura de defensa del exmandatario.
La segunda firma es Accuracy Legal and Consulting, encabezada por Roberto Gil Zuarth, exsenador panista que fue secretario particular de Felipe Calderón en 2011 y representante del PAN ante el IFE entre 2006 y 2009, con trayectoria directa en la cúpula del partido durante ese sexenio.
Javier Coello Trejo precisó públicamente que Gil Zuarth es su sobrino político, lo que convierte a los dos despachos en una estructura de vínculos familiares y políticos articulada en torno al PAN calderonista, contratada con recursos del erario desde el gobierno y activa en la defensa judicial posterior.
Gil Zuarth fue también mentor político del exgobernador en el Senado, cuando ambos coincidieron en las Legislaturas LXII y LXIII del Congreso, un vínculo que precedió a la relación contractual entre los despachos y el gobierno de Tamaulipas.
Documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que entre 2016 y 2021 el gobierno tamaulipeco pagó 46.3 millones de pesos a ambas firmas con cargo al erario, 14.4 millones al despacho de Coello Trejo por asesoría jurídica, y 31.9 millones a Accuracy Legal and Consulting por controversias gubernamentales y juicios de amparo.
El Congreso de Tamaulipas instruyó en septiembre de 2025, con 26 votos a favor y seis en contra, a la Auditoría Superior del Estado reabrir las cuentas públicas de 2016 a 2021 para determinar si esos pagos correspondieron a servicios institucionales o a la defensa personal del gobernador ante su proceso de desafuero.
El argumento de la doble nacionalidad como escudo frente a la extradición quedó debilitado cuando el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna difundió un oficio que acredita que García Cabeza de Vaca, nacido en McAllen el 17 de septiembre de 1967, tramitó desde 2001 un Certificado de Nacionalidad Mexicana y declaró renuncia expresa a la ciudadanía estadounidense.
El propio exgobernador presentó ese mismo oficio ante el INE en 2024, cuando buscaba asumir una curul plurinominal del PAN, un registro que redujo el margen de la defensa sobre ese punto tanto en el plano electoral como en el judicial.
La orden de aprehensión que sustenta la solicitud de extradición fue girada el 4 de octubre de 2022, tres días después de que el gobernador Américo Villarreal Anaya tomara posesión, señalando que el exmandatario habría favorecido a empresas en las que era accionista mediante contratos de obra pública por alrededor de 105 millones de pesos.
García Cabeza de Vaca ya no estaba en el país cuando se emitió esa orden, había cruzado a McAllen días antes de la entrega del gobierno y desde entonces no ha regresado, lo que colocó el expediente desde su inicio en la intersección entre el sistema judicial mexicano y el plano diplomático bilateral.
El proceso tiene antecedentes en 2021, cuando la Cámara de Diputados aprobó la declaración de procedencia contra el entonces gobernador, habilitando a la Fiscalía General de la República para proceder penalmente, un acto que abrió una disputa de competencias entre el Congreso federal y el Congreso local sobre los alcances del artículo 111 constitucional.
La Suprema Corte resolvió esa disputa en agosto de 2022 al validar la declaración de la Cámara, pero determinó que el pronunciamiento federal no elimina por sí solo la inmunidad procesal, ya que el procedimiento para retirarla involucraba también al congreso local, que se negó a actuar.
Para comprender el peso político del expediente es necesario revisar cómo operó el aparato legal durante el sexenio cabecista, porque el mismo instrumento que hoy avanza en su contra fue utilizado de manera sistemática para procesar a adversarios políticos durante su administración.
García Cabeza de Vaca designó como Procurador General del Estado a Irving Barrios Mojica, quien había sido operador del michoacanazo de 2009, el operativo de la entonces PGR contra 38 funcionarios de Michoacán acusados de vínculos con el narcotráfico, un caso que terminó exhibido como un montaje y cuyos detenidos fueron liberados sin condena.
Barrios Mojica organizó también la Fiscalía Anticorrupción bajo la titularidad de Raúl Ramírez Castañeda, y ambas dependencias operaron de forma recurrente contra figuras de la oposición, en particular contra alcaldes y operadores de Morena conforme ese partido fue ganando posiciones en la entidad.
Los alcaldes morenistas de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, de Nuevo Laredo, Carmen Lila Canturosa, de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, y de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, enfrentaron investigaciones de la Fiscalía estatal que sus partidos describieron ante el Senado y ante organismos de derechos humanos como persecución política instrumentada desde el gobierno.
El diputado local Humberto Prieto Herrera, de origen panista y ligado a Ismael y Francisco Cabeza de Vaca, integrado a Morena en 2019, sostuvo ante la opinión pública que las investigaciones contra alcaldes respondían a una vendetta personal del ahora ex gobernador y que el objetivo era acotar el avance electoral del partido rival, no perseguir conductas delictivas.
El patrón documentado incluía el uso de testigos protegidos como pivote en los casos de mayor visibilidad, un mecanismo que la investigadora Guadalupe Correa-Cabrera identificó como la metodología del michoacanazo trasladada al ámbito estatal de Tamaulipas.
El caso más documentado fue el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez en Nuevo Laredo en 2017, resuelto por la Fiscalía de Barrios Mojica en dos meses, con la detención de seis personas, tres de ellas periodistas, en un estado con tasas de impunidad persistente en crímenes contra comunicadores.
Según análisis de organizaciones de derechos humanos con acceso al expediente, la investigación estuvo sostenida en un testigo protegido con antecedentes penales al que se ofreció una recompensa de dos millones de pesos, y el fondo del caso era impedir la candidatura del exalcalde Carlos Enrique Cantú Rosas por la vía morenista en Nuevo Laredo.
La senadora de Morena por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes, declaró en el Senado que señalaba como responsables al gobernador y al fiscal de la integridad física de su familia y de sus colaboradores, una declaración que dejó constancia institucional del conflicto.
La líder obrera Susana Prieto Terrazas fue objeto de presiones documentadas durante el sexenio cabecista, y con el cambio de gobierno se convirtió en legisladora federal por Morena, desde donde promovió la investigación sobre el hallazgo de restos humanos en un rancho en el Ejido de La Retama, en Reynosa, presuntamente vinculado al exmandatario.
El proceso electoral de junio de 2022 marcó el primer quiebre del proyecto cabecista, la jornada del 5 de junio registró robo de urnas en Reynosa, balacera en Miguel Alemán y suspensión de casilla en Matamoros, en una contienda que las encuestas de salida ubicaban dentro del margen de error.
El conteo rápido del INE colocó a Américo Villarreal entre 47.2 y 52.4 por ciento y al candidato del PAN César Verástegui entre 41.7 y 44.8, el PREP con el cien por ciento de las actas registró una diferencia de casi seis puntos porcentuales, equivalente a más de 80 mil votos.
El PAN impugnó la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el 28 de septiembre de 2022, tres días antes de la toma de posesión, el TEPJF desestimó las impugnaciones por insuficiencia de pruebas y validó el triunfo de Villarreal.
Con la derrota electoral confirmada y el gobierno entregado, el escenario judicial cambió de signo, y el mismo andamiaje de fiscalías, juzgados y procedimientos que el gobierno cabecista había utilizado como instrumento de control comenzó a operar sobre el propio exmandatario.
La defensa promovió un amparo indirecto el 11 de octubre de 2022, siete días después de girada la orden de aprehensión, y lo que siguió fue una secuencia de resoluciones contradictorias que transitó por tres juzgadores distintos en menos de catorce meses.
El juez Faustino Gutiérrez Pérez concedió el amparo en febrero de 2023, un Tribunal Colegiado revocó ese fallo en agosto del mismo año y ordenó reponer el procedimiento, y en noviembre de 2023 la jueza Adriana Vega Marroquín otorgó nuevamente la protección constitucional al determinar insuficiencia de datos para acreditar la participación del acusado.
La jueza Vega Marroquín concluyó que no hubo lavado de dinero porque el exgobernador realizó la venta de un departamento con recursos de origen lícito, una resolución que la FGR impugnó de inmediato y que trasladó el expediente hacia la Suprema Corte.
Desde 2022, las quejas contra juzgadores federales de Reynosa por su actuación en el expediente se acumularon hasta superar las 37, y el Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte las procesó hasta llegar a una resolución que cambió el peso institucional del caso.
El 12 de febrero de 2026, el Tribunal de Disciplina resolvió la inhabilitación del juez federal Juan Fernando Alvarado López al establecer que actuó de manera parcial para favorecer al exgobernador y que sus actuaciones formaron parte de una estructura de complicidad que obstaculizó la acción de la justicia durante cuatro años.
La resolución del Tribunal de Disciplina sostuvo que García Cabeza de Vaca formó y financió una red de corrupción para evadir la acción de la justicia, una determinación que no resuelve el fondo penal pero reordena el contexto institucional en el que la Suprema Corte debe pronunciarse.
El 8 de octubre de 2025, con cinco votos contra cuatro, el Pleno de la Suprema Corte decidió atraer el Amparo en Revisión 54/2024, el único antecedente de atracción de un amparo contra orden de aprehensión ocurrió en 2021 en un proceso relacionado con la excuñada del entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
La ministra Lenia Batres Guadarrama fue designada para elaborar el proyecto que votará el Pleno, los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García votaron en contra de la atracción, lo que anticipó que la discusión de fondo no tendrá consenso fácil.
En diciembre de 2025, diputados de Morena presentaron ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada una nueva denuncia por delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal, señalando que el Servicio de Administración Tributaria del Estado y el Grupo de Operaciones Especiales habrían operado para confiscar hidrocarburos de manera irregular durante la administración cabecista.
El diputado local Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador, reconoció públicamente que desde hacía años circulaban por Tamaulipas cientos de ferrotanques con combustible de procedencia irregular, una declaración que los legisladores de Morena incorporaron al expediente de la nueva denuncia.
García Cabeza de Vaca rechazó esa versión en una entrevista con Carmen Aristegui difundida el 20 de febrero de 2026, sostuvo que su gobierno detectó y denunció la operación del huachicol fiscal desde 2019, antes que la FGR o el SAT, y afirmó que parte de esos recursos financiaba candidatos y vehículos blindados de Morena.
La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas informó en enero de 2025 que tiene en trámite 790 asuntos relacionados con exservidores públicos del sexenio cabecista, con 40 carpetas formalizadas por la Contraloría estatal y un quebranto al erario estimado en 1,500 millones de pesos desviados mediante contratos con proveedores.
La FGR informó que la ficha roja de Interpol contra el exgobernador está suspendida de forma temporal por efectos de los amparos, no cancelada, el exmandatario publicó en febrero de 2025 un documento de Interpol que según él acreditaba la cancelación definitiva, pero la Fiscalía precisó la diferencia entre suspensión cautelar y cancelación, dos estatus con consecuencias distintas para la cooperación internacional.
Acción Nacional designó a García Cabeza de Vaca en diciembre de 2025 como representante del partido ante América del Norte, en un acto en el que el exgobernador participó vía zoom desde McAllen, una señal de que su partido mantiene el vínculo institucional con él pese al expediente activo y la solicitud de extradición en curso.
El proceso acumula cuatro frentes simultáneos: el Amparo en Revisión 54/2024 pendiente en la SCJN con proyecto de Batres, la solicitud de extradición ante la Embajada de Estados Unidos sin respuesta confirmada, la denuncia ante la FEMDO por huachicol fiscal y extorsión, y las 790 investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción estatal.
La resolución que emita el Pleno de la Suprema Corte fijará el estándar de suficiencia probatoria para órdenes de aprehensión en casos de delincuencia organizada y el alcance real del amparo frente a medidas cautelares en procesos penales de alto perfil, un criterio que condicionará también el trámite de la extradición en el plano diplomático bilateral.
El proceso sigue activo con el proyecto de la ministra Batres en elaboración, la solicitud de extradición sin respuesta de Washington, y los recursos de revisión de la defensa en trámite ante tribunales colegiados, un escenario cuyo desenlace no depende de un solo fallo sino de la acumulación de decisiones en planos institucionales distintos.
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EL ENTRAMADO POLÍTICO Y LEGAL
✦ Desde 2016, el gobierno de Tamaulipas utilizó la Fiscalía estatal y la Fiscalía Anticorrupción para procesar a alcaldes y actores políticos de la oposición, con el mismo operador del michoacanazo como procurador del estado.
✦ La declaración de procedencia aprobada por la Cámara de Diputados en 2021 abrió el expediente federal, pero el congreso local bloqueó el retiro del fuero y contuvo la acción de la FGR mientras García Cabeza de Vaca seguía en el cargo.
✦ Tres días después de la toma de posesión del gobernador Villarreal, un juez federal giró orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, el exmandatario ya estaba en McAllen y no ha regresado.
✦ Durante cuatro años, una red de juzgadores federales en Reynosa concedió suspensiones y amparos que mantuvieron detenida la orden de captura, el Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte la inhabilitó en febrero de 2026.
✦ La defensa del exgobernador opera a través de dos despachos de la cúpula panista calderonista, contratados con 46.3 millones de pesos del erario tamaulipeco entre 2016 y 2021, antes de que el proceso judicial comenzara.
✦ El 11 de febrero de 2026, el juez Escobedo Yáñez negó el amparo y la SRE formalizó ese mismo día la solicitud de extradición ante la Embajada de Estados Unidos, Washington no ha respondido.
✦ La Suprema Corte mantiene bajo revisión el Amparo en Revisión 54/2024, su resolución fijará el estándar del amparo frente a órdenes de aprehensión en casos de delincuencia organizada y condicionará el trámite de la extradición.
✦ La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas tiene en trámite 790 asuntos del sexenio cabecista, con un quebranto al erario estimado en 1,500 millones de pesos, en paralelo al expediente federal.
