Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
Tamaulipas se convirtió, especialmente para los migrantes, en una herida profunda que sangra en la memoria colectiva de municipios y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales.
A pesar de que las políticas migratorias del presidente Donald Trump para evitar el paso de migrantes ilegales a Estados Unidos, ha reducido también en México la presencia de ciudadanos de otros países, especialmente de Centroamérica, Tamaulipas quedó marcado por las masacres que arrebataron la vida a varios cientos de personas.
La Masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010, las fosas clandestinas localizadas en 2011 también en San Fernando, que destaparon el horror de la guerra interna entre el Cartel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, que ya formaban una nueva agrupación, más cruel y sanguinaria, que vieron en los migrantes, que transitaban por la zona, presas fáciles.
La masacre de Güémez en 2014 y la masacre de Camargo en 2021, también revelaron indicios de la colusión de autoridades mexicanas o incluso la participación directa de estas en los crímenes.
Para “Fundación para la Justicia” en todos estos casos, aunque los avances en la identificación permitieron a varias familias encontrar y repatriar a sus familiares, la justicia plena aún no es una realidad.
La Masacre de Güémez, 12 años sin justicia
En febrero de 2014, 16 migrantes de Guatemala y Honduras que intentaban llegar a Estados Unidos con la ilusión de encontrar mejores oportunidades de trabajo para apoyar a sus familias que se habían quedado en sus países, desaparecieron en Tamaulipas.
Un año después, elementos del Ejército localizaron los cuerpos en una fosa clandestina, pero desde entonces, nadie sabe qué pasó, no hay responsables en prisión, no hay justicia para las familias.
Tuvieron que pasar tres años más después de localizar la fosa con los restos de las personas, para que se pudieran identificar a nueve víctimas de Guatemala, un año después se identificó a otros tres hondureños.
La Fiscalía General de la República (FGR) en colaboración con la Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) iniciaron los trabajos en 2018.
Ese mismo año se logró identificar a diez víctimas originaria de Guatemala, que fueron repatriadas ese mismo año, luego en 2019, la identificación fue para otros tres ciudadanos de Honduras, quedando pendientes tres cuerpos por identificar.
Las víctimas
Se logró identificar a Santos Cruz Gómez Castro, Edgar Amílcar Arias Segura, Emiliano Nájera Hernández, Gustavo Adolfo Nájera Nájera, José Ronaldo Morales Nájera, Juan Francisco Salguero López.
Maximino Gómez Santiago, Melvin Saúl Mateo Segura, Pedro Arnoldo Gómez Nájera, Silvestre Pérez Gutiérrez, todos ellos de Guatemala, además de Carlos Roberto Mejía Sánchez, Iris Teresa Reyes Rubí y Ramón Edgardo Vásquez Díaz de Honduras.
Las víctimas indirectas y la negligencia de las autoridades
De acuerdo con Fundación para la Justicia el homicidio de los 16 migrantes dejó al menos 50 víctimas indirectas, entre ellas nueve niños y niñas que no volvieron a ver a sus padres, a quienes les arrebataron la vida en Güémez.
El tiempo sigue corriendo, pero la justicia no llega para las familias, quienes han tenido que enfrenta además de la incertidumbre de no saber lo que les ocurrió a sus familiares, problemas económicos, enfermedades y la indolencia de las autoridades.
Algunos incluso han fallecido sin poder ver llegar la justicia para sus hijos, como Don Felipe, padre de Silvestre, quien murió en 2017, o Doña Odilia, madre adoptiva de Édgar, quien en 2021 falleció.
También fue el caso de Pedro y Magdalena, hermano y madre de Édgar Almicar, también víctima de la masacre de Güémez, quienes fallecieron en 2022 y 2024 respectivamente.
En la búsqueda de la verdad, las familias han enfrentado la apatía e indiferencia de las autoridades encargadas de impartir justicia, incluso de aquellas encargadas de dar las mínimas atenciones a personas que buscan a sus desaparecidos.
En 2021, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 81/2021, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por omitir proporcionar las medidas de alimentación a que se refiere la Ley General de Víctimas a los familiares de las víctimas de la masacre de Güémez.
La CNDH señaló que esto evidenció una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, ausencia de una efectiva protección y defensa de los derechos humanos, provocando una revictimización de las personas afectada.
Se exigió la reparación integral por los daños causados, atención médica y psicológica, así como la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas a los 16 familiares de las personas encontradas en la fosa clandestina en Tamaulipas.
Han pasado 12 años desde que los 16 migrantes que con mucho esfuerzo de ellos y sus familias habían llegado a Tamaulipas y creían estar en el último aliento para cruzar la frontera para buscar un mejor futuro para sus familias, encontraron solo terror y muerte.
Masacres en la impunidad
El expediente PGR/SEIDO/ UEIDMS/466/2014 continúa archivado, han sido identificados los restos de 13 personas, pero hasta la fecha no se ha procesado ni sentenciado a nadie.
En cuanto al expediente PGR/SDHPDSC/UIDPM/ 001/2016 por la muerte de 72 migrantes en San Fernando, han sido identificados los restos de 63 personas, se ha procesado a 14 personas (uno de los imputados falleció) y no se ha sentenciado a ningún sujeto.
En cuanto al expediente por las fosas de San Fernando, PGR/SIEDO/UEIS/197/2011, se han identificado los restos de 130 personas, se han procesado a 74 personas, incluyendo en ese listado a sujetos inculpados por hechos ilícitos que no son los del citado expediente, pero no se ha sentenciado a persona alguna hasta el momento.
En la carpeta procesal 23/2021 por el caso de la masacre de 19 personas el 22 de enero del 2021 en Díaz Ordaz, conocida como la masacre de Camargo, se dictó sentencia condenatoria para 12 policías, algunos de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), pero aún hay al menos otros 12 policías que participaron en la masacre y que evadieron la justicia.
