Staff
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Tamaulipas, donde siete de cada diez usuarios de internet se informan por redes sociales y la telefonía móvil supera el 80 por ciento de penetración, las páginas anónimas que documentaron la violencia entre 2010 y 2015 encontraron en la polarización política un segundo ciclo de vida, con las mismas audiencias y la credibilidad construida en los años del silencio mediático.
Entre 2010 y 2015, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubicó a Tamaulipas entre las entidades con tasas de homicidio más altas del país, con picos que en municipios fronterizos duplicaron el promedio nacional y que en 2012 llevaron a Reynosa a registrar más de 400 homicidios dolosos en un solo año.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas acumuló más de 4,000 casos en Tamaulipas entre 2010 y 2016, cifra que organizaciones civiles consideraban sub registrada por la renuencia de familias a denunciar ante autoridades coludidas o subordinadas a grupos criminales, un hecho públicamente conocido.
Los medios convencionales operaban bajo presión directa, entre 2010 y 2015 al menos seis periodistas fueron asesinados en Tamaulipas según registros de Artículo 19, y decenas de redacciones adoptaron protocolos de autocensura que impedían publicar información sobre enfrentamientos o movimientos del crimen sin autorización de sus propietarios.
El vacío lo llenaron páginas anónimas en Facebook que publicaban alertas en tiempo real sobre bloqueos y enfrentamientos, algunas alcanzaron más de 50 mil seguidores en pocos meses en una entidad donde la población apenas superaba los 3.4 millones de habitantes según el Censo de 2010.
Una de las páginas más seguidas en Reynosa llegó a publicar más de 30 alertas diarias durante los momentos de mayor intensidad del conflicto, sus administradores nunca se identificaron y respondían mensajes privados de usuarios que reportaban situaciones desde sus colonias, construyendo una red de corresponsales ciudadanos sin nombre ni credencial.
El crecimiento coincidió con la expansión digital: el INEGI reportó que en 2015 el 57 por ciento de la población mexicana usaba internet, proporción que en 2023 superó el 78 por ciento, sumando decenas de millones de usuarios nuevos al ecosistema en menos de una década.
Las páginas construyeron audiencia en ese terreno, su capital no era editorial sino funcional, respondían una necesidad urgente y eso les otorgó credibilidad sostenida incluso cuando la crisis de seguridad comenzó a ceder y los contenidos migraron hacia territorios políticos.
LA POLITIZACIÓN
Con la reducción de la tasa de homicidios documentada entre 2016 y 2019 según el Secretariado Ejecutivo, varias páginas conservaron sus bases de seguidores e incorporaron contenidos políticos sin anuncio, sin cambio de nombre y sin que sus audiencias registraran el momento exacto del giro editorial.
La transferencia fue posible porque los usuarios que habían aprendido a confiar en una página por sus alertas de seguridad continuaron consumiéndola cuando el contenido derivó hacia señalamientos contra funcionarios y candidatos, arrastrando hacia ese territorio la credibilidad construida en años de utilidad verificable.
En 2016, durante la campaña para la gubernatura, al menos tres páginas anónimas con bases de más de 80 mil seguidores cada una publicaron de manera simultánea contenidos que señalaban a candidatos con acusaciones no documentadas, con sincronía horaria y repetición textual que analistas locales identificaron como indicios de coordinación.
El fenómeno no es exclusivo de Tamaulipas, Freedom House señala en Freedom on the Net que en México actores políticos recurren a campañas digitales coordinadas para intervenir en el debate público simulando participación ciudadana orgánica, y el informe de 2023 mantuvo al país en la categoría de parcialmente libre en el ámbito digital.
Meta documenta ese patrón desde 2017 en reportes trimestrales, en 2020 informó la eliminación de una red en México compuesta por cientos de cuentas y grupos que acumulaban cientos de miles de seguidores, operada por personas vinculadas a estructuras de comunicación política partidista.
Al año siguiente Meta eliminó una red de 80 páginas, 35 cuentas y 17 grupos en México que acumulaban más de 500 mil seguidores, la investigación interna determinó que operaba desde una agencia de comunicación con contratos activos con actores políticos en al menos tres entidades del país.
En informes posteriores, Meta detalló la suspensión de estructuras con miles de cuentas administradas por agencias especializadas que gestionaban páginas aparentemente independientes, con identidades falsas generadas mediante inteligencia artificial para los perfiles administradores.
La plataforma de X publicó también reportes periódicos sobre eliminación de cuentas automatizadas y redes coordinadas, aunque sus estándares de reporte han variado desde el cambio de propiedad en 2022, lo que reduce la transparencia disponible para investigadores y organizaciones civiles.
En su análisis de las elecciones intermedias de 2021, Signa Lab del ITESO identificó en Tamaulipas clústeres digitales con picos de actividad sincronizada entre las 11 de la noche y la una de la mañana, franjas que los investigadores asocian con administración manual desde operadores que gestionan múltiples cuentas fuera del horario laboral.
En ciudades como Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico se registraron publicaciones concentradas en lapsos de menos de 20 minutos, desde perfiles creados en los 90 días previos que interactuaban entre sí para amplificar mensajes en coyunturas como anuncios de obras, señalamientos de corrupción o declaraciones de candidatos.
Signa Lab identifica sincronía en horarios de publicación que sugiere coordinación centralizada, repetición textual casi idéntica entre cuentas distintas y concentración de interacciones dentro de un mismo clúster que raramente conecta con usuarios fuera de la red coordinada.
El laboratorio subraya que la coordinación puede implicar administración manual sin automatización total, lo que dificulta la detección porque cada cuenta realiza acciones individualmente plausibles y no activa los algoritmos diseñados para identificar comportamiento automatizado masivo.
También el anonimato cumplió función de protección durante los años de violencia, administradores que revelaban movimientos del crimen o señalaban complicidades institucionales enfrentaban riesgos documentados en una entidad que entre 2010 y 2020 registró el asesinato de al menos 12 comunicadores según Artículo 19 y Reporters Without Borders.
En el ecosistema político actual, ese mismo anonimato opera como escudo jurídico, publicaciones que señalan a funcionarios con insinuaciones no documentadas, no tienen interlocutor identificable al que dirigir una réplica, una corrección o una demanda legal.
Artículo 19 documentó entre 2019 y 2023 más de 60 casos en distintas entidades donde funcionarios y candidatos reportaron campañas de hostigamiento digital desde perfiles anónimos, señalando que la imposibilidad de identificar al responsable convierte el anonimato en un mecanismo de impunidad con efectos reales sobre reputaciones y procesos electorales.
En Tamaulipas, al menos dos funcionarios municipales presentaron entre 2021 y 2023 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por publicaciones anónimas que los señalaban con acusaciones de vínculos con el crimen organizado, en ambos casos las investigaciones no lograron identificar a los administradores de las páginas involucradas.
El INE desarrolló para el proceso de 2021 un sistema de monitoreo que identificó más de 3 millones de interacciones vinculadas a contenidos electorales en Tamaulipas durante la campaña, pero su capacidad de acción frente al comportamiento inauténtico se limita a señalamientos públicos sin facultades para ordenar suspensiones a las plataformas.
Con procesos electorales municipales y estatales proyectados para los próximos dos años, el monitoreo de estas dinámicas se mantiene como un elemento que organizaciones civiles, académicos y autoridades electorales coinciden en señalar como pendiente de atención sistemática en la agenda pública de la entidad.
Los procesos electorales del 2021 y 2022 generaron una guerra sucia que ha empeorado los últimos años, las redes anónimas son instrumentos ahora para destruir al adversario político con historias sobre intimidades y asuntos que invadan los límites de la vida privada.
La historia continúa aunque ahora son en realidad un canal de desahogo de venganzas políticas donde cada vez son más evidentes los personajes que manipulan desde la oscuridad estos espacios anónimos del mundo digital.
Invierten para que el algoritmo los favorezca
Las redes sociales de Meta —Facebook, Instagram y Threads— se han consolidado como uno de los principales canales de propaganda política en México y en el mundo.
Por ejemplo, entre el 19 de noviembre de 2024 y el 16 de febrero de 2025, los anunciantes políticos y afines destinaron 3 millones 783 mil 660 pesos en publicidad pagada a Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, de acuerdo con los registros de transparencia publicitaria de la plataforma.
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabeza la lista de políticos con mayor inversión en el período, con un gasto de 264 mil 431 pesos. Le sigue el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, con 169 mil 94 pesos, y el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, con 87 mil 480 pesos.
Entre los anunciantes no identificados como políticos en ejercicio también figuran Badabun, con 262 mil 81 pesos, y los medios o páginas Eje Noreste y El Norte de la Esperanza, con 96 mil 175 y 95 mil 700 pesos respectivamente. Roberto Lee aparece con una inversión de 114 mil 122 pesos.
En el caso de Tamaulipas, entre los políticos con mayor nivel de gasto en publicidad pagada durante el mismo período se encuentran Adrián Oseguera, Carlos Peña Ortiz, José Ramón Gómez Leal, Maki Ortiz e Ismael Cabeza de Vaca, quienes ocupan los primeros lugares en inversión dentro de la entidad, según los mismos registros de la plataforma.
La plataforma Meta exige que todo anunciante que difunda contenido relacionado con candidatos, partidos, figuras políticas o temas electorales pase por un proceso de autorización e incluya en sus publicaciones un descargo de responsabilidad que identifique al financiador del anuncio.
El uso político de Facebook e Instagram creció de manera sostenida en los ciclos electorales recientes en el país. Durante las precampañas presidenciales de 2024, los tres precandidatos presidenciales gastaron en conjunto más de 15 millones de pesos en publicidad dentro de las redes de Meta, lo que representó 18.3 por ciento del tope de gasto establecido por el INE para esa etapa.
La publicidad política en estas plataformas no se limita a los períodos formales de campaña. Gobiernos estatales, partidos, legisladores y funcionarios en activo mantienen inversiones publicitarias de manera continua a lo largo del año, utilizando en ocasiones páginas que se presentan como medios de comunicación para amplificar su presencia digital.
Pese a los mecanismos de transparencia, persisten interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para financiar estas campañas digitales y su relación con el gasto oficial de partidos y candidatos fiscalizado por el INE, particularmente en períodos fuera de campaña donde las reglas de tope de gasto no aplican de la misma forma.
