Por Raúl López García
TAMAULIPAS, MÉXICO.- La negativa de algunos padres de familia a seguir los tratamientos médicos indicados para sus hijos ha comenzado a generar consecuencias visibles en planteles escolares, donde los conflictos de conducta escalan y afectan tanto al menor diagnosticado como al resto del grupo, advirtió el Procurador de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familias del DIF Tamaulipas, Alberto Galván Garcés.
El funcionario explicó que existen casos en los que especialistas han emitido diagnósticos formales y prescrito medicamentos o terapias específicas; sin embargo, los padres se resisten a cumplir las indicaciones médicas, lo que repercute directamente en el comportamiento del alumno dentro del aula.
“En uno la madre se niega a darle un medicamento que está diagnosticado y eso crea el problema con otros niños y los papás se incomodan”, expuso Galván Garcés al referirse a uno de los casos que actualmente se analiza en mesas interinstitucionales.
Señaló que la situación no se limita a un solo plantel, sino que existen varios casos en donde la falta de seguimiento terapéutico deriva en episodios de agresividad, impulsividad o desregulación emocional que alteran el ambiente escolar y detonan inconformidad entre padres de familia.
Especialistas en educación y salud mental coinciden en que cuando un menor cuenta con diagnóstico de trastorno del espectro autista, déficit de atención u otra condición neurológica o conductual, el tratamiento integral —que puede incluir medicamento, terapia psicológica y acompañamiento pedagógico— resulta clave para su estabilidad y desarrollo académico.
Cuando el tratamiento se interrumpe o simplemente no se aplica, los avances logrados pueden retroceder. Esto se refleja en crisis dentro del salón, dificultades para integrarse al grupo y conflictos que otros padres interpretan como falta de disciplina, lo que incrementa la tensión entre familias.
Galván Garcés indicó que la Secretaría de Educación, en algunos casos, asigna un maestro sombra para brindar apoyo individualizado; no obstante, reconoció que el recurso humano es insuficiente. “No hay maestros suficientes, entonces ese es el problema”, afirmó.
La controversia se agudiza cuando algunos padres consideran que el medicamento no es necesario o temen efectos secundarios, mientras que otros exigen garantías de seguridad y estabilidad para sus hijos dentro del aula. La falta de acuerdos prolonga reuniones y retrasa soluciones definitivas.
“Hay acuerdos, ya estamos esperando que se cumplan”, sostuvo el procurador al referirse a los compromisos asumidos en las mesas de diálogo entre padres, directivos escolares y autoridades de protección.
El funcionario subrayó que el objetivo no es excluir a ningún menor del sistema educativo, sino garantizar su bienestar y el de sus compañeros. La inclusión, dijo, requiere corresponsabilidad entre escuela y familia.
El reto, concluyó, es fortalecer la orientación a padres de familia, promover decisiones basadas en diagnósticos profesionales y asegurar que los menores reciban atención integral, a fin de evitar que conflictos prevenibles escalen y afecten su derecho a una educación adecuada.
