Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Si la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral avanza en el Congreso de la Unión, los seis partidos políticos con acreditación en Tamaulipas enfrentarían un recorte de entre el 22% y el 25% de su financiamiento público.
A modo de ejemplo, si esta reducción se aplicara para el ejercicio fiscal 2026, la disminución sería de 56 millones 67 mil 901 pesos respecto al presupuesto ya aprobado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).
El ajuste sería consecuencia directa de la modificación a la fórmula de financiamiento público contenida en el Artículo 41 de la Constitución, que reduciría el factor multiplicador del 65% al 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a una disminución del 25% en la bolsa total de recursos.
Actualmente, el IETAM aprobó para 2026 un presupuesto total de 224 millones 271 mil 603 pesos destinados a los institutos políticos, distribuidos en tres rubros: actividades ordinarias permanentes (213 millones 592 mil 3 pesos), actividades específicas (6 millones 407 mil 760 pesos) y franquicias postales (4 millones 271 mil 840 pesos). Bajo el nuevo modelo propuesto, esa bolsa global se desplomaría a 168 millones 203 mil 702 pesos.
El mecanismo del recorte
El eje central de la reducción radica en la modificación de un solo parámetro constitucional: el porcentaje de la UMA que sirve de base para calcular el financiamiento por ciudadano inscrito en el padrón electoral. La reforma propone bajar ese factor del 65% vigente al 48.75%, un cambio aparentemente técnico que, aplicado al padrón tamaulipeco, genera un efecto financiero de grandes proporciones.
Solo en el rubro de actividades ordinarias, la bolsa pasaría de 213 millones 592 mil 3 pesos a 160 millones 194 mil 2 pesos, un ahorro —desde la perspectiva del erario— de 53 millones 398 mil pesos anuales. A ese recorte se suman las reducciones proporcionales en los dos rubros restantes, pues ambos se calculan como porcentaje fijo de las actividades ordinarias: las actividades específicas bajarían de 6.4 a 4.8 millones de pesos, y las franquicias postales de 4.3 a 3.2 millones.
¿Quién pierde más?: la distribución partido por partido
La reforma no altera las reglas de proporcionalidad en la distribución: el 30% de la bolsa se reparte de forma igualitaria entre todos los partidos con registro, y el 70% restante se asigna conforme a la votación obtenida en la elección de diputaciones más reciente. Esto significa que quienes hoy concentran mayor fuerza electoral son también quienes absorberían el mayor recorte en términos absolutos.
Morena sufriría la mayor reducción
Con el 51.37% de la votación en las elecciones de diputaciones de 2023-2024, Morena es el partido que recibiría el mayor golpe en cifras absolutas: perdería 21 millones 871 mil 512 pesos de su bolsa anual.
Le sigue el PAN con una reducción de 12 millones 494 mil 230 pesos, y Movimiento Ciudadano con 5 millones 643 mil 929. Los partidos con menor votación —PVEM, PRI y PT— sufrirían recortes de entre 3.9 y 4.8 millones de pesos.
El tramo igualitario —el piso mínimo que recibe cada partido por el simple hecho de mantener su registro— también se contraería.
El monto por este concepto bajaría de 10 millones 679 mil 600 pesos actuales a aproximadamente 8 millones 9 mil 700 pesos por instituto político.
Fiscalización en tiempo real
El recorte presupuestal no es el único cambio que enfrentarían los partidos tamaulipecos. La iniciativa introduce un conjunto de prohibiciones y mecanismos de vigilancia que transformarían de manera estructural la manera en que los institutos políticos administran sus recursos.
En materia de financiamiento privado, la propuesta establece que queda prohibido recibir aportaciones de gobiernos extranjeros, fondos de inversión, organismos internacionales o personas que residan fuera del territorio nacional.
El efectivo queda eliminado: todas las donaciones de particulares deberán realizarse exclusivamente a través del sistema financiero nacional, mediante transferencias electrónicas (SPEI) o instrumentos nominativos.
Solo podrán hacer aportaciones privadas los ciudadanos mexicanos, y estas no serán deducibles de impuestos.
Queda prohibido operar con bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
En cuanto a la fiscalización, la reforma establecería reportes diarios obligatorios durante los periodos de precampaña y campaña. Los partidos, precandidatos y candidatos —incluidos los independientes— deberán informar cotidianamente a la autoridad electoral sobre ingresos, egresos, operaciones con divisas y activos virtuales, contratación de créditos, seguros y fianzas, así como compraventa de bienes.
Adicionalmente, las instituciones del sistema financiero y personas que realicen «actividades vulnerables» estarían obligadas a reportar sus transacciones con partidos directamente al INE, a través de sus órganos reguladores. Las autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera también deberían coordinar con el organismo electoral la información relevante para salvaguardar la integridad de los procesos.
Ha sido un gasto millonario
Entre 2018 y 2026 los partidos políticos en Tamaulipas habrán recibido cerca de mil ochocientos millones de pesos del erario estatal, un volumen de recursos que equivale a lo que el gobierno destina en un año a programas de infraestructura municipal en zonas rurales.
El monto anual pasó de 170 millones de pesos en 2018 a poco y más de 224 millones en 2026, un incremento de treinta por ciento en ocho años que no requirió ninguna reforma legal, porque la fórmula constitucional ajusta los montos de manera automática cada año.
El mecanismo toma como base el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo multiplica por un porcentaje del valor de la Unidad de Medida y Actualización, y el resultado es un aumento anual que opera con independencia de los resultados electorales o del desempeño de los partidos.
En años con comicios la cifra sube todavía más, porque a los recursos ordinarios se agregan montos adicionales para gastos de campaña, como ocurrió en 2021, cuando se renovaron ayuntamientos y el Congreso local, y en 2022, durante la elección de gobernador.
Actualmente, la distribución del dinero responde a una lógica de doble canal: el treinta y cinco por ciento se divide en partes iguales entre todos los partidos con registro, y el sesenta y cinco por ciento restante se reparte según la votación obtenida en la elección más reciente.
Ese segundo componente convierte al financiamiento en un instrumento que amplifica la ventaja del partido dominante, porque quien gana más votos recibe más dinero, y con más dinero mantiene una mayor capacidad de operación territorial en el siguiente ciclo.
El efecto fue visible con el PAN durante los años de Francisco García Cabeza de Vaca: la hegemonía electoral del partido en la gubernatura, el Congreso y los municipios se tradujo en una participación preponderante en la distribución de los recursos públicos partidistas.
El mismo efecto opera hoy con Morena, que tras la victoria de Américo Villarreal Anaya en 2022 pasó a encabezar la lista de receptores del financiamiento estatal, desplazando al PAN del primer lugar que había ocupado por varios ejercicios consecutivos.
Morena y el PAN concentran juntos más de la mitad del presupuesto electoral, mientras el PRI, el partido que gobernó Tamaulipas por décadas, recibe hoy una fracción de lo que alguna vez captó, en proporción directa al desplome de su votación.
Movimiento Ciudadano mantiene una presencia estable aunque distante de los dos partidos principales, y el Partido Verde junto con el PT operan como fuerzas complementarias dentro del sistema, con montos que apenas cubren sus estructuras mínimas.
La desaparición de partidos que no alcanzaron el tres por ciento de la votación ha reducido el número de receptores, lo que en términos prácticos concentra aún más los recursos en los actores con mayor peso electoral.
La mayor parte del financiamiento ordinario se destina al sostenimiento de estructuras permanentes, gastos administrativos, actividades de formación política y operación territorial, funciones que los partidos mantienen activas incluso en los años sin elecciones.
