8 marzo, 2026

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Ser mujer en México: cifras, realidad y la deuda pendiente del Estado

Legitimidad y poder/Alberto Rivera
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Hablar de lo que significa ser mujer en México implica enfrentar una realidad incómoda que las estadísticas siguen recordándonos año tras año.
Durante décadas el país ha vivido una crisis de violencia estructural. Homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto se han convertido en parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, dentro de ese panorama existe una dimensión particular que afecta de manera diferenciada a las mujeres.
Los datos más recientes permiten dimensionar el problema.

En México, cada día mueren asesinadas entre 10 y 11 mujeres, en promedio, considerando tanto feminicidios como homicidios dolosos de mujeres. Este indicador se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, lo que revela que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno coyuntural, sino estructural.

Cuando se observa el fenómeno desde la tipificación legal, la cifra cambia, pero no necesariamente la realidad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en 2025 se registraron alrededor de 672 víctimas de feminicidio hasta noviembre, una cifra menor que en 2024, cuando se registraron 853 casos.

A primera vista, estos datos podrían sugerir una disminución del problema.
Pero la lectura completa muestra algo distinto.
Si se consideran todos los asesinatos de mujeres, la magnitud de la violencia es mucho mayor. Entre enero y octubre de 2025, se registraron más de 5,020 asesinatos de mujeres en México, pero solo 597 fueron clasificados oficialmente como feminicidios.

Esta diferencia revela uno de los dilemas centrales del debate público: la distancia entre la violencia real y la violencia reconocida por el sistema penal.
El problema no es solo estadístico, sino también institucional. La clasificación de los delitos depende de la capacidad de las fiscalías para acreditar razones de género en el asesinato, algo que, en muchos casos, no ocurre por falta de una investigación adecuada.
Pero la violencia contra las mujeres no se limita al asesinato.

La violencia sexual es otro de los rostros persistentes de este problema. En 2024 se registraron más de 21 mil denuncias de violación en México, mientras que en 2025 se reportaron más de 61 mil delitos sexuales, incluyendo abuso sexual, acoso y otras agresiones contra la libertad sexual.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas cifras representan solo una parte del problema. Las encuestas nacionales muestran que cerca del 45% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia o abuso sexual a lo largo de su vida, lo que sugiere un fenómeno mucho más amplio que el que reflejan las denuncias.

Otro indicador alarmante es el de las desapariciones.
México supera actualmente las 110 mil personas desaparecidas, y una proporción creciente corresponde a mujeres, muchas de ellas jóvenes o adolescentes. De hecho, distintos registros muestran que casi el 10% de los feminicidios registrados en el país corresponde a niñas y adolescentes menores de 18 años, lo que evidencia la vulnerabilidad particular de este grupo.

A ello se suma un dato que suele pasar desapercibido en el debate público.
La violencia contra las mujeres ocurre con frecuencia en espacios donde debería haber protección.
Diversos estudios muestran que alrededor del 24% de los asesinatos de mujeres ocurren dentro del propio hogar, lo que desmonta la idea de que el peligro proviene únicamente del espacio público o de agresores desconocidos.

En muchos casos, el agresor forma parte del círculo cercano: pareja, expareja, familiar o conocido.
Este dato cambia radicalmente la forma en que debe analizarse el problema.
Porque cuando la violencia ocurre dentro del hogar, el desafío ya no es únicamente policial o de seguridad pública. También se vuelve social, cultural e institucional.
Pero más allá de las cifras, existe un problema aún más profundo.
México enfrenta una crisis estructural de impunidad.
Diversos estudios coinciden en que más del 90% de los delitos en el país no se denuncian o no se investigan adecuadamente, lo que significa que la mayoría de las agresiones nunca llega a una sentencia judicial.

La impunidad no solo permite que la violencia continúe. También la normaliza.
Por eso, en los últimos años, el feminicidio fue incorporado al marco jurídico mexicano como una figura específica para reconocer que ciertos asesinatos de mujeres responden a dinámicas de violencia de género.

Sin embargo, incluso esta figura legal ha suscitado debates dentro del propio sistema de justicia.
En 2020, por ejemplo, se planteó la posibilidad de eliminar el tipo penal de feminicidio argumentando que su acreditación era jurídicamente compleja. La discusión puso en evidencia una tensión profunda entre el reconocimiento de la violencia de género y las dificultades institucionales para investigarla de manera eficaz.

Pero el problema de fondo no radica únicamente en la definición legal de los delitos.
Está en algo más profundo: la debilidad estructural de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia.
Durante años, el país ha acumulado reformas legales, programas gubernamentales y discursos políticos en torno a la protección de las mujeres. Sin embargo, la persistencia de estas cifras demuestra que el problema no se resuelve únicamente con leyes ni con declaraciones.
Se resuelve con instituciones que funcionen.
Instituciones que investiguen con seriedad.
Instituciones que protejan a las víctimas.
Instituciones que castiguen a los responsables.
Pero también se resuelve con algo más profundo: con una sociedad que no se acostumbre a la violencia.
Porque detrás de cada número no hay una estadística, hay una vida.
Hay una hija que no volvió a casa.
Una madre que no regresó del trabajo.
Una joven cuyo futuro quedó detenido en una carpeta de investigación.
Cuando un país empieza a contar a sus mujeres asesinadas como si fueran parte del paisaje estadístico, el problema deja de ser únicamente de seguridad.
Se convierte en una herida moral.

Y la verdadera pregunta, entonces, ya no es cuántas mujeres más aparecerán en el próximo informe.
La pregunta es cuándo México decidirá que la vida de sus mujeres no puede seguir esperando.

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