Por Alfredo Peña
Expreso-La Razón
Ciudad Victoria.-Siete elementos de la entonces Policía Ministerial fueron sentenciados entre 50 y más de 60 años de cárcel, por aparecer como responsables del secuestro y muerte de nueve personas y cuyos hechos ocurrieron en el mes de marzo del 2013.
De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General de la República, en el caso de los oficiales, Roberto “S” y Martin “D” recibieron una condena de más de 61 años con seis meses de cárcel, así como también se les ordenó el pago de una multa de un millón 115 mil con 37 pesos al aparecer, como responsables de los delitos de delincuencia, organizada, con fines de secuestro y secuestro, agravado en contra de las nueve víctimas.
En tanto los otros sentenciados a 50 años de cárcel y multa de 518 mil con 80 pesos a Carlos “G”, Rumaldo “G”, Ricardo “C”, Francisco “R” y Dony “P”.
El grupo formaba parte del departamento de recuperación de vehículos de la policia ministerial de Ciudad Victoria dependiente de la entonces Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y se vieron involucrados en hechos ocurridos en el mes de marzo del 2013.
Debido a lagunas de información lo último que se supo es de que las víctimas eran del estado de San Luis y hacían un viaje durante una guerra entre grupos criminales.
De acuerdo a las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República, los oficiales privaron de la libertad a los nueve viajeros y ocurrió el 13 de marzo en la Central Camionera.
Según la acusación, los agentes los entregaron a un grupo delincuencial al creer que era gente reclutada por otro grupo criminal antagónico.
Para el 31 de marzo de ese mismo año, los criminales dejaron los cuerpos mutilados dentro de una camioneta cerca del ejido Santa Clara sobre la carretera que conecta Soto la Marina a Rumbo Nuevo.
Fue hasta el 28 de agosto del 2013 en que la entonces SIEDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) llegó de México a Ciudad Victoria e inició las carpetas de investigación y años más tarde ordenaron la captura de los policías.
Los agentes negaron los cargos y aseguraron que la prueba que había contra y aunque presentaron pruebas, no lograron convencer al juez.
