Por Juan Sánchez Mendoza
Correo: jusam_gg@hotmail.com
El llamado ‘Plan b’ presidencial en materia político-electoral contempla 1) la reducción del número de diputados y de presupuesto en congresos locales; 2) disminuir los privilegios que persisten en los municipios (como el número de regidores); y 3) fortalecer la consulta popular.
El documento que entraña reformas a diversas leyes secundarias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será entregado este día (probablemente) en la Cámara de Diputados para, en primera instancia, ser analizada y dictaminada ‘fast track’, antes de llevarse al pleno para ser votado.
En esta ocasión se dice que a la fracción parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (morena) se sumarían las bancadas de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), aunque no todos, a causa de sus divisiones internas.
De cualquier forma, el membrete guinda cuenta con la mayoría relativa (también llamada simple) requerida por la ley para sacar avante ese trámite en la sesión plenaria, pues suma 253 diputados. Y aunque faltaran algunos se consideraría en los momios solamente a los presentes, por lo que lograr la votación a favor de con el 50 % de los presentes más uno, sería sencillo, prácticamente.
Sin embargo, aprobar apresuradamente reformas, conlleva riesgos.
Lo vimos en 2023 cuando el ‘Plan b’ de Andrés Manuel López Obrador que aprobó la Cámara baja fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al presentar vicios en procedimiento legislativo, como la manera apresurada en que se hizo, sin diálogo o violando las normas del Congreso.
Los tiempos son otros y otras las circunstancias, debo reconocerlo (en el Poder Judicial), pues éste ahora trabaja ‘de la mano con el Ejecutivo’.
Pero ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es la ley), según sentencia una máxima jurídica.
Así que no hay que descartar a priori una eventual invalidación.
En cuanto a los ejes centrales del ‘Plan b’, asoman coincidencias entre la sociedad y la intención presidencial, pues hay ‘representantes populares’ que sólo utilizan el cargo para promocionarse políticamente, cobrar dietas y ‘recomendar’ a sus allegados para ocupar cargos administrativos. Tanto en los gobiernos estatales como los municipales.
Son los mismos que mucho les ofrecieron a los sectores populares (en campaña) para logar su voto. Pero una vez instalados en el Congreso local se olvidaron de ellos, con el añadido de que su labor de gestoría ha sido, y es, tan pobre como intrascendente.
Vemos ahora, precisamente, a un mar de diputados locales afilarse de nueva cuenta las uñas por codiciar alcaldías, lo mismo que regidores, pues creen que el pueblo es tonto y no repara en sus aviesas intenciones.
Así que reducir su número es un reclamo justo y necesario, como reza el proyecto presidencial.
¿En qué afectaría al estado y a los municipios?
En nada, así de simple.
Más bien los libraría de abriles espacios a más parásitos.
El tema más discutible, por los partidos políticos, incluyendo a morena, tiene qué ver con la consulta popular para recomendar cambios de fondo al marco legal vigente, pues bien saben que un plebiscito echaría por tierra su permanencia en el pútrido sistema de partidos.
Pero su eventual aprobación podría polarizar al tejido social, aunque la mayoría comparte el reclamo de reducirles a las instituciones electorales su presupuesto; y, sobre todo, a los partidos políticos el financiamiento público por ser ambos millonariamente escandalosos.
De cualquier forma, en el fondo, se trataría de utilizar la consulta como un recurso para restarles autoridad a los organismos electorales, además de una ‘sujeción’, bien merecida, a la actuación del Poder Legislativo tras el fracaso de la reforma electoral.
La conveniencia o inconvenientes de la propuesta presidencial, estriba en su aplicación.
Y al parecer lo que pase en las 32 entidades no interesa a los partidos.
Liderazgo de Carmen Lilia
Carmen Lilia Canturosas Villarreal de nueva cuenta quedó situada en el top ten del ranking nacional de 150 alcaldes que mensualmente son evaluados por Consulta Mitofsky, a través de una encuesta.
En el estudio demoscópico correspondiente a febrero próximo pasado, la presidenta municipal de Nuevo Laredo aparece en el cuarto sitio general. Pero igual ocupa la primera posición de los ediles tamaulipecos (valorados) por segundo mes consecutivo en este 2026.
Para no herir susceptibilidades, omito sus identidades, pues se sitúan en posiciones nada honrosas.
Lo cierto es que Carmen Lilia alcanzó la alta aprobación ciudadana por su desempeño administrativo de honestidad; por combatir la corrupción; su capacidad para resolver los problemas municipales (como son los servicios públicos) y la percepción ciudadana en materia de seguridad.
Por tanto, ese resultado de la encuesta de Mitofsky refrenda el por qué Carmen Lilia figura entre las 100 mujeres mejor empoderadas del país.
