Por. Dora de la Cruz
La impunidad sigue siendo el mayor obstáculo para la justicia de las mujeres. En la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, las activistas y lideresas de todo el mundo exigieron acciones urgentes para garantizar el acceso de la mujer a la justicia y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, poniendo en el centro del debate la persistente falta de sanción frente a las agresiones que enfrenta la población femenina.
Esta asamblea, conocida internacionalmente como CSW70, se realiza cada año, en le sede la Organización de la Naciones Unidas en Nueva York, la cual es un espacio, donde participan representantes de gobiernos, feministas de la sociedad civil y activistas de todo el mundo, para discutir, presionar y negociar las políticas internacionales, con la intención de avanzar en los derechos de las mujeres y cada año, es preocupante, cómo los avances son mínimos y la deuda con la justicia persiste, hacia las mujeres, que son más de la mitad de la población.
Durante la primera semana de los trabajos de la 70ª sesión de la CSW70, las asistentes de distintos países, incluido México, compartieron testimonios de la grave situación de desigualdad que enfrentan las mujeres en sus países y de cómo la justicia es selectiva; todas coincidieron en que el gran reto para los gobiernos, sigue siendo garantizar el acceso real de las mujeres a la justicia, y destinar más financiamiento público a los programas para prevenir, erradicar y atender la violencia contra las mujeres, porque leyes sin presupuesto, no son leyes .
Esta situación no debe sorprendernos; existe toda una estructura machista en las instituciones, que sigue poniendo obstáculos para que las mujeres accedan a la justicia; la primer ventanilla a donde acuden a denunciar, las desalientan a que no ratifiquen la denuncia, las revictimizan, no hay un seguimiento y la justicia no llega; algunas veces es tarde, es un sistema deshumanizado, que ante la radiografía que se habló en la asamblea de la ONU, parece ser global.
El panorama aparece desalentador; las cifras presentadas en el informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, para CSW70, muestra varios indicadores preocupantes sobre la condición de las mujeres: el 54% de los países carecen de definiciones jurídicas de la violación, basadas en el consentimiento; el 72% permiten el matrimonio infantil, y el 44 % de los países no cuentan con leyes que obliguen a la igual remuneración por trabajo de igual valor, pero además, por primera vez, se habló de justicia digital, que debe ser legislada y castigada.
Las feministas están trabajando en propuestas para formar parte de la relatoría de los trabajos de la 70ª sesión, que se realiza del 9 al 19 de marzo, y desde el inicio de la asamblea ya se avanzan en los puntos clave relacionados con reformas legales, acceso a la justicia, financiamiento para abatir la igualdad y sistemas de cuidados. Se planteó la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos para proteger a mujeres y niñas, garantizar la debida diligencia en los casos de violencia, impulsar un financiamiento sostenible para la igualdad de género, e incorporar la perspectiva de cuidados en los presupuestos públicos.
Los acuerdos de las feministas, será el llamado a los gobiernos para que cumplan y hagan realidad las promesas, de manera que el próximo año se pueda evaluar nuevamente los avances en igualdad y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La verdad es que, sin la voluntad política de los gobiernos y mientras las propuestas, no se traduzcan en políticas públicas y acciones concretas, los avances para erradicar, atender y prevenir la violencia contra las mujeres seguirán siendo una promesa incumplida y serán los colectivos feministas quienes mantengan la lucha en las calles, exigiendo justicia, hasta lograrla.
