Por. Josué Sánchez Nieto
El derecho de acceso a la información es, sin duda, uno de los pilares de cualquier sistema democrático; la transparencia no solo permite vigilar al poder, sino que fortalece la confianza ciudadana y mejora la toma de decisiones públicas.
Así, en materia de transparencia y acceso a la información tenemos que la línea entre ejercer una facultad legítima y convertirla en simulación es extremadamente delgada.
Y tal parece que por lo menos en el Congreso de Tamaulipas, esa línea ya ha desaparecido con una práctica cada vez más recurrente: la presentación de iniciativas cuyo único objeto es solicitar de información a diestra y siniestra.
Un análisis realizado al trabajo de la presente Legislatura local arrojó un dato muy revelador: al menos 57 iniciativas han sido presentadas con el único y ambiguo propósito de “pedir información” sobre temas que fácilmente pueden ser considerados como “extremadamente random”.
Me refiero, por ejemplo, a preguntar cuántas obras públicas se han realizado con recursos estatales, cuántos cocodrilos hay en la zona sur del Estado, hasta cuáles han sido las afectaciones que enfrentaron los productores tamaulipecos durante el periodo neoliberal del campo mexicano; pasando por cuestiones tan disparatadas como preguntarle a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que está haciendo para prevenir el robo de cableado eléctrico, como si no hubiera temas más importantes en que enfocarse.
A todo esto, la pregunta obligada es: ¿para qué?
En primer lugar, habría que comentarles a los diputados Francisco Adrián Cruz Martínez, Francisca Castro Armenta e Ismael García Cabeza de Vaca que ya existen mecanismos institucionales para acceder a muchos de estos y otros datos públicos.
Que inclusive, cuando se trata de solicitudes formales a dependencias, estas pueden realizarse mediante canales administrativos sin necesidad de revestirlas de “iniciativas” que saturan innecesariamente el trabajo en comisiones.
Sin embargo, es evidente que el problema va más allá del procedimiento. Han confundido la fiscalización con la mera “curiosidad administrativa” o, de plano, con la intención de simular que atienden una problemática solo con llevar el tema a Tribuna —algunos nada más a correspondencia —.
Aun y concediendo que la información solicitada sea relevante, lo cierto es que el Congreso Local tiene capacidades limitadas para incidir directamente en muchos de los temas sobre los que preguntan.
¿O es que acaso tendrán la intención y la capacidad de asignar presupuesto de manera discrecional para atender estas problemáticas? Si no es así, entonces, ¿qué hacen con esa información una vez obtenida?
La respuesta es muy simple: por lo regular, nada.
Ahí es donde estas iniciativas dejan de ser verdaderas herramientas de transparencia y se convierten en ejercicios de mera retórica. Generan actividad legislativa en el papel, engrosan estadísticas y alimentan informes de “productividad”, pero no se traducen en soluciones concretas.
Por ello, resulta lamentable que algunos legisladores hayan hecho de este recurso una constante, repitiendo el mismo esquema una y otra vez, y otra vez; situación que solo desgasta la función legislativa y que, además, trivializa una herramienta que, bien utilizada, pudiera ser muy valiosa para llamar a cuentas al titular del Ejecutivo.
Tal parece que nuestros legisladores no han entendido que sí, la transparencia es indispensable, pero cuando se usa como pretexto para simular trabajo, deja de ser virtud y se convierte en coartada… Y en política, las coartadas suelen ser el síntoma más claro de la falta de resultados.
En fin, espero que las y los diputados tamaulipecos pronto conozcan y aprendan a usar la Plataforma Nacional de Transparencia, a ver si eso les ahorra un poco el tiempo para que se concentren en las cuestiones verdaderamente importantes.
