Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El reciente aseguramiento de huachicol fiscal en Reynosa reafirmó que la región fronteriza entre Tamaulipas y Texas es el epicentro de la industria millonaria del combustible ilegal.
En menos de ocho meses, la FGR aseguró en las tres principales ciudades de la frontera casi 7 millones de litros de hidrocarburo.
Al mismo tiempo, en el lado estadounidense de la frontera, el FBI desmanteló una empresa acusada de procesar 2,881 cargamentos ilícitos y lavar 47 millones de dólares vinculados al crimen organizado mexicano.
El 28 de marzo de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de cateo en un predio de Reynosa y aseguraron dos millones 189 mil litros de combustible de origen presuntamente ilegal, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, catorce tanques metálicos y diversas motobombas. La pista llegó por denuncia anónima a la Guardia Nacional, que canalizó la información a la delegación de la FGR en Tamaulipas para integrar la carpeta de investigación.
El 26 de julio de 2025, la misma delegación había asegurado una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de la ciudad, con un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve pipas, 39 frac tanks, doce motobombas y tres vehículos. Sumados, los dos operativos en Reynosa acumulan cerca de cuatro millones de litros en ocho meses.
El segundo decomiso tuvo una consecuencia documentada. Días después del operativo de julio, fue asesinado el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.
En los últimos 12 meses, el Gabinete de Seguridad recuperó más de 98 millones de litros de combustible ilegal en 26 estados. Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo concentran los principales focos rojos del delito.
El lado texano de la red
Mientras en Reynosa se documentaban esos aseguramientos, a menos de cien kilómetros de distancia, en el lado estadounidense de la frontera, una investigación del IRS y el FBI tomaba forma en torno a una empresa localizada en Río Hondo, Texas: Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen.
La compañía operaba instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos en Río Hondo, Los Fresnos y Brownsville, y recibía barcazas cargadas con combustible procedente de México clasificado en los pedimentos como aceite de desecho o residuos de destilados de petróleo.
El 23 de abril de 2025, el FBI encabezó un operativo simultáneo en las tres instalaciones de la empresa y en una residencia en Sandy, Utah, comunidad conurbada a Salt Lake City. Fueron detenidos James Lael Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y sus hijos Maxwell Sterling Jensen y Zachary Golden Jensen. En los patios de la compañía fueron aseguradas alrededor de 20 pipas cargadas con combustible listo para ser enviado a México, junto con documentación que las autoridades calificaron como evidencia del esquema.
La acusación formal, presentada ante la Corte de Distrito de Utah, señala que entre mayo de 2022 y abril de 2025 Arroyo Terminals procesó dos mil 881 cargamentos de hidrocarburos con documentación aduanera fraudulenta. El volumen importado y la frecuencia de los envíos no correspondían al negocio declarado por la empresa ante las autoridades regulatorias de Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó a medios de comunicación que la investigación fue iniciada por la División de Investigación Criminal del IRS a partir de una anomalía detectada en los registros financieros de la compañía.
La acusación ante la Corte de Utah documenta que Arroyo Terminals lavó al menos 47 millones de dólares a través de transacciones dirigidas a empresas mexicanas vinculadas al crimen organizado. El gobierno estadounidense congeló cuentas bancarias y bienes de la familia por un valor aproximado de 300 millones de dólares.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) alertó a bancos estadounidenses en mayo de 2025 para que refuercen la vigilancia de transacciones sospechosas vinculadas con el contrabando de petróleo crudo robado en México, con señalamientos específicos hacia empresas concentradas en el sur de Texas.
La aduana como punto de ingreso
La Agencia Nacional de Aduanas de México registró 66 incidencias de presunto huachicol fiscal entre el inicio del sexenio de López Obrador y el primer año del gobierno de Sheinbaum, por un volumen total de tres millones 485 mil 85 litros y un valor declarado de 31 millones 946 mil 448 pesos. De esas 66 incidencias, 37 se concentraron en 2024, y casi todas en la Aduana de Matamoros. La propia agencia reconoció en respuesta a una solicitud de transparencia que el aplicativo de registro no cuenta con un campo específico para identificar el huachicol fiscal.
Fuentes empresariales consultadas en Reynosa describieron que la estructura de corrupción en las aduanas tamaulipecas se mantiene operativa bajo administración militar desde 2021, y que la modalidad ha evolucionado: el combustible se declara como aceite mineral, nafta o destilados de menor carga impositiva, y en algunos casos el ingreso se realiza por tren para reducir la exposición en los cruces vehiculares.
Los expedientes judiciales abiertos entre 2024 y 2025 identifican al menos 31 buques con rutas desde puertos de Texas hacia las costas tamaulipecas. El Nord Supreme acumuló cuatro viajes y 72 millones de litros desde Houston; el MTM Hamburg realizó cinco travesías con 43 millones de litros en 2024. Ambos declaraban aceites lubricantes o aditivos para eludir el IEPS.
En el cruce Los Indios-Lucio Blanco, que conecta Brownsville con Matamoros, circulan alrededor de cien pipas diarias de 55 mil litros cada una, con cambio de rombos de identificación de material peligroso antes de la línea internacional.
La Secretaría de Hacienda informó el 9 de octubre de 2025 que existen querellas activas por 16 mil millones de pesos relacionadas con contrabando y facturación ilegal de combustibles.
El cálculo sectorial estima que el monto no recaudado por el huachicol fiscal alcanza los cuatro mil millones de pesos anuales solo en concepto de IEPS, una cifra equivalente al cinco por ciento del presupuesto de egresos de Tamaulipas.
A partir del 24 de abril de 2026, el SAT exigirá el nuevo Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos, que condicionará la emisión de CFDI a la validación en tiempo real de permisos vigentes ante la Comisión Nacional de Energía. El mecanismo busca cortar el punto de acceso del combustible ilegal al mercado formal. La pregunta que el sector plantea es si la capacidad de verificación estará dimensionada para el volumen de transacciones en una entidad con más de 600 estaciones de servicio y el segundo parque vehicular de pipas más grande del país por destino.
