Esteban Castro
Expreso – La Razón
La noche del 3 de abril de 2026, un exintegrante del Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas escapó del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria minutos después de ser vinculado a proceso por la masacre de 19 migrantes en el municipio de Camargo.
La fuga ocurrió a las 22:00 horas en las instalaciones de la avenida José Sulaimán con República de Chile, cuando el expolicía aprovechó un descuido de sus custodios al concluir la audiencia de vinculación, y se desplazó hacia la calle República de Chile rumbo al ejido Guadalupe Victoria.
Las autoridades no confirmaron su identidad, aunque trascendió que se trata de José Arturo A., de aproximadamente 26 años, sujeto al proceso penal 23/2021 por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones administrativas.
La fuga abre un nuevo capítulo en el caso Camargo, que desde enero de 2021 acumula condenas históricas contra elementos del Estado, investigaciones truncas por la FGR y una deuda de justicia que las familias de las víctimas reclaman desde Guatemala y El Salvador.
EL CORREDOR Y SUS MUERTOS
Camargo forma parte de la Frontera Chica, corredor de municipios tamaulipecos que bordean Texas y que concentra uno de los flujos más intensos de tráfico de personas y drogas hacia Estados Unidos, a 69 kilómetros del cruce fronterizo de Rio Grande City.
El territorio es zona de disputa entre dos organizaciones criminales que opera históricamente en Tamaulipas y Nuevo León, lo que convierte sus carreteras en escenario recurrente de enfrentamientos, ejecuciones y desapariciones.
El 12 de enero de 2021, una treintena de migrantes originarios de Comitancillo y San Marcos, Guatemala, partió hacia México con destino a Texas, convocados por redes de traficantes que operaban desde el mismo municipio de origen y que cobraban el traslado por adelantado.
El grupo llegó a Nuevo León diez días después, donde abordó tres vehículos rumbo al río Bravo, sin saber que uno de esos vehículos había sido retenido por la delegación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León en diciembre de 2020, un mes antes de la tragedia.
Las familias que permanecieron en Guatemala perdieron contacto con el grupo el 21 de enero, un día antes de que las autoridades tamaulipecas reportaran el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el ejido Santa Anita, a escasos kilómetros del río que marca la frontera con Texas.
EJECUCIÓN Y ENCUBRIMIENTO
El 22 de enero de 2021, seis unidades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y del GOPES interceptaron a los vehículos en que viajaban los migrantes e iniciaron una persecución que concluyó con la ejecución de las 19 personas en el paraje de Santa Anita.
El análisis forense de la camioneta Chevrolet Silverado donde fueron hallados los cuerpos registró 113 impactos de bala; en el lugar no se encontró un solo casquillo percutado porque los uniformados los recogieron antes de notificar a las autoridades.
A los migrantes que sobrevivieron a los disparos iniciales les aplicaron el tiro de gracia, los cuerpos fueron incendiados y la escena fue manipulada para atribuir los hechos al crimen organizado, aprovechando que Camargo es zona de disputa entre cárteles.
La versión inicial de los policías resultó verosímil durante horas: reportaron haber encontrado los cuerpos ya calcinados, atribuyendo los hechos a grupos delictivos, y la propia Fiscalía de Tamaulipas respaldó ese relato en sus primeras declaraciones públicas.
El encubrimiento comenzó a colapsar cuando aparecieron testimonios de migrantes sobrevivientes que viajaban en el mismo grupo, y los análisis forenses contradijeron de forma sistemática la narrativa que los uniformados habían construido en las horas posteriores a la masacre.
El 2 de febrero de 2021, doce días después de los hechos, los doce elementos del GOPES fueron detenidos al caer en contradicciones durante sus primeras declaraciones y ante la presión de organismos civiles y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH comparó la masacre con las de San Fernando en 2010, con 72 víctimas, y Cadereyta en 2012, con 49, ubicando a Camargo en la secuencia de las peores matanzas de migrantes en México y exigiendo al Estado mexicano una investigación exhaustiva e independiente.
LA SENTENCIA
El juicio oral comenzó el 22 de mayo de 2023 e incorporó más de 60 testimonios de vecinos, peritos, analistas y policías de investigación, en un proceso transnacional que permitió a las familias guatemaltecas participar desde sus comunidades de origen.
El agente Ismael N. resultó clave al acogerse al criterio de oportunidad y narrar cómo ocurrió la masacre; su declaración fue la única versión interna sobre los hechos y le valió 19 años de prisión por abuso de autoridad, frente a los 50 que recibieron sus compañeros.
En octubre de 2023, el juez Patricio Lugo sentenció a once expolicías a 50 años de prisión, el máximo que permite el Código Penal de Tamaulipas, por homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia, en un fallo sin precedente en México.
La sentencia no identificó a los responsables intelectuales ni esclareció el motivo preciso de la persecución y ejecución, ni reveló la estructura de corrupción que operó detrás de los hechos, según señalaron las organizaciones que acompañan a las familias de las víctimas.
En enero de 2026, la Fiscalía Especial de la FGR para Delitos Relacionados con Personas Migrantes notificó el cierre de su carpeta de investigación sin señalar a ningún responsable intelectual, justo cuando el proceso contra José Arturo A. llegaba a su primera audiencia.
La Recomendación por Violaciones Graves 168VG/2024, emitida por la CNDH en septiembre de 2024, ordena reparación integral a las familias, incluyendo compensación económica y atención psicológica, pero su instrumentación enfrenta obstáculos sin resolver en Tamaulipas.
