El trayecto de Tamaulipas a la democracia se ha dado de manera accidentada y en su primera década las únicas constantes que han prevalecido en su escenario político son el caos y los constantes arrebatos autoritarios de sus elites. Hasta su punto de quiebre actual…
La alternancia política no fue sinónimo de democracia y, aunque se utilizaron todos los instrumentos democráticos para terminar un régimen priista octogenario, el partido y personajes encargados de continuar con un sistema democrático optaron por hacer todo lo contrario.
El panorama institucional de 2016 con la llegada de Francisco Javier García Cabeza de Vaca era optimista y alentador. La Fiscalía General de Justicia, recién reconstruida tras su desmantelamiento durante el gobierno de Egidio Torre Cantú, cobraba autonomía, al igual que la Fiscalía en el Combate a la Corrupción. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas resolvía solicitudes, maquilladas o no por las autoridades, con la posibilidad de utilizarlo como mediador ante cualquier impugnación.
Los gremios obreros y campesinos que acompañaron al priismo durante toda su existencia como partido hegemónico fueron desmantelados, así como toda la estructura de partido que terminó por desmoronarse ante la falta de presupuesto.
Fue el escenario propicio para que un gobernador panista cobrara fuerza y su gobernatura no terminara como una simple figura ante la constante presión de los grupos priistas que, en la experiencia de otros estados de la República, perduraron por años.
La «cereza en el pastel» fue el derrumbe del Nuevo PRI de Enrique Peña Nieto y la llegada de la 4T obradorista al poder. El ex gobernador tamaulipeco terminó con todas las instituciones en sus manos por la catástrofe nacional del priismo y previo al reagrupamiento que tendrían muchas de sus figuras con Morena.
Por un momento no hubo un verdadero contrapeso de poder y más bien un refugio, ante la embestida política que azotaría a lo largo de todo el país con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018.
En paralelo con la transición política de Tamaulipas se dio nuevamente la nacional, pero con un cambio repentino de modelo. La elite priista que perduró durante dos sexenios del PAN llegó a su máximo esplendor en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero con un repentino declive.
El golpe catastrófico para el partido fue demoledor, mientras las estructuras panistas del calderonismo terminaron por refugiarse en gobiernos como el del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Una elite conformada mayoritariamente por traficantes de intereses, pero expertos en materia de seguridad pública y justicia.
En su toma de protesta como gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca los presentó como sus grandes aliados.
Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, Vicente Fox, Javier Lozano y, evidentemente, su amigo entrañable y socio, Roberto Gil Zuarth.
Todos pertenecientes a la elite calderonista que había enfrentado directamente a las fuerzas del recién llegado a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en una de las etapas de fragilidad institucional y de impugnaciones poselectorales como la presidencial de 2006.
Por un lado, el reynosense continuaría con la embestida al priismo tamaulipeco con la persecución de dos ex gobernadores y, por el otro, tenía el respaldo de un grupo político más confrontado con el recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y fue también el mismo grupo que desde el poder inició la guerra en contra del narcotráfico que cobraría miles de vidas a lo largo del territorio nacional y miles de desapariciones forzadas.
Conocedores de un problema que ellos mismos provocaron, continuaron con la estrategia para reducir la inseguridad en el estado tal como fue trazada desde el inicio del gobierno y solo la fortalecieron.
Pero la fuerza aplicada al combate a la delincuencia organizada fue la misma para contener a grupos políticos rivales, además de las presiones provenientes desde el aparato de justicia.
Y ese tal vez fue el primer foco rojo, como señal de alerta sobre el rumbo que tomaba la vida pública tamaulipeca: de una transición por la vía democrática a un gobierno persecutor bajo el argumento del combate a la corrupción y/o a la delincuencia organizada.
Una continuidad al entramado judicial que se dio desde el calderonismo con el apoyo de las autoridades estadounidenses para relacionar a dos ex gobernadores con la delincuencia organizada y emprender una cacería política desde el último gobierno priista con Egidio Torre Cantú.
Las maniobras jurídicas del cabecismo pudieron contar con la suficiente legitimidad de no ser por el evidente nepotismo que involucraba principalmente a sus hermanos y parientes, que intervenían constantemente en la toma de decisiones, en el manejo del presupuesto y el repentino y constante quiebre de las finanzas públicas.
De la catástrofe priista, los grupos económicos relacionados al priismo tuvieron diferentes destinos, pero de los sobrevivientes, favorecidos o fortalecidos, algunos crecieron como socios de los hermanos Cabeza de Vaca y otros unieron sus fuerzas con los obradoristas.
Y es ese tal vez el principal obstáculo de todo el entramado político que tiene al estado al borde del autoritarismo institucional o, en su defecto, evoluciona a un sistema político democrático que fácilmente puede ser cooptado por los intereses hiperregionales, tal y como ya se da en algunos territorios.
Previo a la transición política del estado y justo antes de la etapa en la que se dio el estallido de violencia a lo largo de todo el territorio, los grupos económicos que prevalecieron en todo el estado, salvo en el Sur, al menos necesitaban la cercanía del poder en turno para sobrevivir.
Fue durante la etapa neoliberal, que coincide con una mayor apertura de puentes fronterizos y la conclusión de la carretera panamericana en el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, que surgió otra economía paralela a la propiciada desde el poder.
Y la delincuencia organizada evolucionó de mantener territorio delimitado por la misma autoridad a disponer más del doble de rutas para actividades ilícitas que, si bien iniciaron con narcotráfico, las utilizarían después para el tráfico de prácticamente cualquier producto (como hidrocarburos) y personas…
Los alcances territoriales que además mantuvieron los cárteles de la droga más allá de las delimitaciones estatales propiciaron también otro tipo de actividades económicas que, durante los años de mayor violencia y debilidad institucional, al menos propiciaron el lavado de dinero y la consolidación de los grupos delictivos del mercado informal al formal.
Los tres ex gobernadores más poderosos en la historia reciente del estado fueron Francisco García Cabeza de Vaca, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. Los primeros por circunstancia; Hernández Flores, por carisma.
Hasta la llegada de Cabeza de Vaca, el esplendor del poder lo tuvo Yarrington por la caída del aparato nacional priista y la llegada de Fox al poder del país, además de pertenecer a la elite priista neoliberal muy relacionada a los recién llegados panistas.
Eugenio Hernández Flores, aunque no tan cercano al panismo calderonista, su buena relación con los gremios nacionales, con el empresariado del Noreste del país y su estrategia mediática le permitieron mantener el poder absoluto, hasta el último año de su gobierno, que lo perdió prácticamente por completo con la incursión de la Federación.
Pero el poder que concentró Francisco Javier García Cabeza de Vaca fue mayor por la coyuntura política que se dio en el país con el salto del PAN, nuevo PRI a Morena y su 4T.
El cambio de grupos y modelo dejó a los cabecistas solos en el camino.
Recién llegado al poder, con el desmoronamiento del PRI estatal y del nacional, el reacomodo de Andrés Manuel López Obrador y el aterrizaje forzoso de su modelo de gobierno lo concentró en un aparato de Bienestar sistemático y con el fin de mantenerlo presente en prácticamente todo el país.
Y mientras, el gobierno cabecista tomó atribuciones recaudatorias al margen de la Federación, solapado por un aparato de justicia aún a favor del PRI y del PAN, pero sin todos los apoyos federales impulsados durante el calderonato y con Enrique Peña Nieto.
Los lazos cortados entre el estado y la Federación desmoronaron los contrapesos de poder y, mientras los obradoristas reagrupaban grupos del poder priista en desgracia además de sumar a militancia ‘bautizada’, las instituciones del estado quedaron en su totalidad en manos de los cabecistas, legitimados por la cacería priista que iniciaron y mediatizaron.
Y ese mismo vacío de poder que se dio inicialmente en la transición del prianismo a la 4T de AMLO fue el que al final magnificó los engendros políticos de la era priista que en la actualidad representan uno de los principales retos para la vida democrática del estado, por encima del poder concentrado actualmente por el gobernador Américo Villarreal Anaya.
El atrevimiento político del cabecismo, alimentado por el oportunismo, demostró la verdadera naturaleza de liderazgos políticos que históricamente estuvieron sometidos a las estructuras priistas.
En Reynosa, los constantes enfrentamientos con la ex alcaldesa Maki Ortiz y después con su hijo Carlos Peña, además de demostrar los puntos débiles en la operación política cabecista, demostraron cómo los intereses de Grupo Reynosa superan incluso los alcances de poder de un gobernador en funciones.
En Matamoros, la delincuencia organizada de cuello blanco y su influencia en la vida política del municipio. Fue prácticamente imposible arrebatarle el poder a priistas y después a los morenistas.
Nuevo Laredo, que independientemente del control que mantiene la delincuencia organizada, su elite aduanera mantiene un nivel de influencia que trasciende en ambos lados de la frontera.
En la región centro del estado, la influencia de la Columna Armada Pedro José Méndez, que cobró fuerza durante el problema de inseguridad en el estado y con influencia en prácticamente todos los municipios.
Salvo en Victoria, que el repentino quiebre entre grupos de poder afines a Egidio Torre Cantú y a Eugenio Hernández Flores permitió la imposición de una figura emergente para el PAN que culminó en destitución por los excesos en el manejo del presupuesto por parte de los socios de los Cabeza de Vaca.
Situación bien aprovechada por el obradorismo, que cobijó a un sector de los operadores geñistas en ‘desgracia’ para dar inicio a una nueva plataforma política que permitiera a la 4T ganar territorio.
El efecto AMLO arrebató a Matamoros y Madero del control cabecista (y priista). Mientras los alcaldes Mario López y Adrián Oseguera gobernaron sin contrapesos en sus municipios, las fuerzas obradoristas aprovecharon la situación geográfica tamaulipeca para iniciar un nuevo modelo de negocio con el tráfico de ‘huachicol fiscal’.
Que permitió después financiar otras campañas políticas como en Victoria y Altamira.
Nació en el estado una nueva élite empresarial que giró en torno al tráfico de hidrocarburos, con liderazgos municipales que retaron al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero que también han retado al del doctor Américo Villarreal.
Y al final es la evolución de las rutas que inicialmente se dieron en la ilegalidad por parte del narcotráfico, y que después evolucionaron a su consagración entre la informalidad y formalidad con el lavado de dinero que se da de manera natural con los hidrocarburos.
Que de forma legal o ilegal impulsan nuevas zonas de desarrollo como la que se está dando en el Sur del estado, principalmente en Altamira.
Capitales que mantienen un flujo económico de tal magnitud que pueden influir directamente en el poder.
Y las victorias morenistas en los municipios financiados por el huachicol son diferentes a la que tuvo el doctor Américo Villarreal Anaya desde su postulación para el senado de la República.
La fortaleza de Villarreal Anaya la legitimaba su cercanía directa con López Obrador, mientras los morenistas ‘huachicoleros’ eran producto de una red de intereses entre obradoristas como Adán Augusto López, Mario Delgado y José Ramón Gómez Leal.
Y los orígenes de ambas fortalezas hicieron sinergia circunstancialmente para enfrentar la depredación cabecista, pero al final distintas.
Y esa es la principal amenaza de intentar mantener un orden democrático si no se imponen los suficientes candados para evitar excesos, como ya lo intenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con los municipios (y Congresos, otro punto débil inicial para AVA), desde el interior de sus mismas fuerzas políticas.
La recuperación del sistema judicial tras la reforma y elección representa un área de oportunidad para el gobernador, pero en la sucesión, de no contar con una misma línea de gobierno o llegar un grupo no afín a las fuerzas de Palacio Nacional, sería la primera prueba de la inestabilidad que se podría provocar ya directamente desde el Poder Judicial.
Y la predominancia morenista en el Congreso ha mantenido el orden institucional sin la crisis que padeció en la transición política de Cabeza de Vaca a Villarreal Anaya.
Por el momento, y al menos hasta el final del gobierno de AVA, en teoría el control que mantiene de la vida política estatal solo se mantendría en calma y no perdería fuerza salvo que se cometan excesos del poder, que es un agregado más a los posibles riesgos de inestabilidad.
El resurgimiento de excesos como los cometidos por los hermanos Cabeza de Vaca debilitarían nuevamente las estructuras de poder, principalmente por ‘agotamiento’.
También representa el momento oportuno para terminar de aterrizar el proyecto político de la 4T en los estados, que inició con el modelo de Bienestar que hasta el momento aún no es totalmente definido por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y mantener un gobierno abierto a la ciudadanía, como ya lo intentan desde Palacio Nacional, sin denigrar a la ‘Sociedad Civil’ como lo hizo AMLO.
Además del intenso trabajo territorial que debería continuar por estado y Federación para mantener el respaldo popular ante cualquier crisis política interna o externa, propia de los tiempos extraordinarios en la era Trump.
Esta es la etapa en la que el gobierno puede reestructurar sus instituciones, fortalecerlas y aterrizarlas a la ciudadanía o llevar al estado de nueva cuenta a la inestabilidad por los excesos del poder estatal o de los regionales.
En un camino que además podría tener como destino la elección de la primera gobernadora en la historia de un estado de tradición patriarcal.
Pero son constantes las amenazas ajenas a la gobernabilidad las que pueden terminar por fomentar prácticas autoritarias.
Los excesos de los poderes locales deben tener un freno cuya acción puede terminar en excesos del poder: el uso de los Tres Poderes concentrados en blindar el poder a favor de un grupo político en específico, las externas por persecuciones como la iniciada por las autoridades federales y estadounidenses.
Es un camino complicado, pero al final terminará en las manos del doctor Américo Villarreal Anaya.
Y la segunda parte de su sexenio, la del cierre, serán las acciones de gobierno, prudencias o excesos del poder, además de utilizar el poder para mantener a raya los cacicazgos, las que definan el destino de una joven, accidentada, deteriorada pero al final esperanzadora democracia tamaulipeca.
Que además definiría si en el estado le dan espacio a grupos de poder o figuras del poder emergentes o se mantienen perpetuos los mismos nombres y apellidos de siempre.
@pedroalfonso88
