Por. L.C.A. Gerardo Valdez Tovar
Termina el receso legislativo y, con ello, la Cámara de Diputados vuelve a encender la maquinaria para intentar procesar un proyecto que, desde su origen, viene con fallas críticas: el famoso «Plan B» electoral. Cuando hay prisa por sacar las cosas a producción, es común que se implementen «parches» de última hora. Esto es exactamente lo que está haciendo el oficialismo con la minuta proveniente del Senado. Para quienes revisamos a detalle este documento, hay un error de forma que raya en la burla: el dictamen que circula en comisiones mantiene intacto su título original, el cual incluye la «revocación de mandato», a pesar de que el cuerpo del texto ya fue rasurado y no aborda ese tema.
¿Por qué dejar un título falso que no corresponde a la ley? Sencillo: porque si le modifican una sola coma a la cabecera, el protocolo legislativo los obliga a regresar el documento a la cámara de origen, y los tiempos simplemente ya no les dan. Es legislar al aventón, remendando la ley sobre la marcha para no perder el control de su agenda.
Como atinadamente lo ha denunciado Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el Plan B nunca estuvo diseñado para mejorar nuestra democracia. La crítica de nuestro dirigente ha sido puntual y contundente: esta reforma representa un atropello inconstitucional que busca asfixiar operativamente al Instituto Nacional Electoral, recortando de tajo su personal técnico y su capacidad logística para organizar elecciones en los estados. Es, a todas luces, un intento sistemático desde el poder para someter a las instituciones, quitarle autonomía al árbitro electoral y manipular las reglas del juego antes de los próximos comicios.
Pero si de incongruencias hablamos, vale la pena aterrizar este debate en el escenario tamaulipeco. El argumento central del partido en el poder para justificar este desmantelamiento institucional es, supuestamente, la «austeridad» y el ahorro de recursos.
Sin embargo, en Tamaulipas nos siguen debiendo en ese renglón. Si los legisladores verdaderamente estuvieran preocupados por optimizar el presupuesto del estado, ya habrían impulsado y aprobado la iniciativa para empatar la elección de gobernador con el ciclo federal del 2030, estableciendo una gubernatura de dos años para el periodo 2028-2030. Tamaulipas sigue siendo de las pocas entidades en el país que arrastra este desfase. Esa sincronización sí representa una actualización eficiente: un ahorro millonario, real y tangible en logística, organización y financiamiento de campañas para los tamaulipecos.
Hoy, la posibilidad de esta reforma sigue siendo solo un tema en el aire, postergado porque una gubernatura corta no cuadra con los cálculos políticos del grupo en el poder. Y hablando de esos «ahorros», es imposible no criticar el falso discurso de austeridad y la bajísima calidad analítica de los asesores de la Presidenta. Para justificar el Plan B, salieron a vender la idea de que reducirían la nómina municipal estableciendo un límite de regidurías (de 7 a un máximo de 15 por Cabildo). Se ampararon argumentando que existían alrededor de 50 municipios a nivel nacional con más de 15 regidores, donde Tamaulipas
aporta precisamente 7 de esos casos: Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa, Victoria, Altamira, Madero y Tampico. Lo que sus asesores ignoraron o trataron de ocultar es que, al imponer ese modelo en toda la República, muchísimos municipios pequeños tendrán que aumentar su número de integrantes para cumplir con el piso mínimo de 7.
¿El resultado? Un impacto neto que, lejos de ahorrar dinero, terminará costándole cientos de millones de
pesos adicionales al erario público. El ejercicio de la administración y la legislación no pueden operar con matemáticas a modo pero mucho menos con errores. En Movimiento Ciudadano se estará siempre del lado de las y los ciudadanos, respaldando las buenas iniciativas, las presente quien las presente. Pero no seremos cómplices de reformas remendadas que disfrazan el control político bajo el engaño de la austeridad.
