POR. JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO
En los últimos meses se ha puesto de moda en el Congreso del Estado invocar los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esa ambiciosa propuesta de ruta global impulsada por la ONU bajo el amparo de la Agenda 2030.
Y sí, en el discurso suena muy bonito, impoluto: desarrollo sostenible, inclusión, combate a la desigualdad, instituciones sólidas… nadie en su sano juicio podría oponerse a eso; el problema empieza cuando entendemos que la narrativa lo vende todo… y la realidad no.
Desde hace algunos meses vemos iniciativas en el Congreso Local que, casi religiosamente, incorporan referencias a los ODS como si bastara mencionarlos para que automáticamente las políticas públicas que proponen se alineen con estándares internacionales.
Evidentemente, se ha vuelto un recurso retórico citar la Agenda 2030 para vestir de modernidad lo que, en el fondo, sigue siendo legislación débil, ambigua o, peor aún, inoperante.
Y es que el problema no es los citen, ya ni siquiera, que abusen —como es su costumbre—, es que, en algunos casos, tal parece que ni los entienden…
El ejemplo más reciente confirma lo dicho. La iniciativa constitucional aprobada la semana pasada en materia de derecho de petición —vendida como un paso hacia la armonización normativa y el cumplimiento de compromisos globales— no pasa de ser una homologación a medias.
Si, un mero ajuste cosmético que no establece obligaciones claras, ni define metas verificables, ni fija plazos concretos para su cumplimiento. En otras palabras: una norma diseñada para cumplir en el discurso —solamente para estar—, pero no en la práctica.
Y aquí es donde vale la pena hacernos la pregunta incómoda: ¿realmente estamos abonando a materializar la Agenda 2030 o simplemente estamos utilizando sus conceptos como fachada política?
Porque asumir en serio los ODS implica mucho más que citarlos en una exposición de motivos; implica traducirlos en políticas públicas con indicadores, presupuestos etiquetados y mecanismos de evaluación; pero implica, también, reconocer las condiciones reales de Tamaulipas: capacidades institucionales limitadas y finanzas públicas bajo presión.
La realidad es que cualquier diputado puede citar un ODS, pero pocos se atreven a etiquetar el presupuesto que lo haga realidad y, con eso, volvemos a la misma de siempre: sin dinero, el desarrollo sostenible es solo bonita literatura de exportación.
Tal parece que, en Tamaulipas, la discusión legislativa parece moverse entre dos extremos igualmente estériles: el reformismo superficial de «parchecitos» y la resistencia a cualquier cambio que incomode al poder.
Y hay que decirlo tal cual es: en ese terreno y bajo esos términos, la Agenda 2030 corre el riesgo de convertirse en un adorno más a los cientos que tenemos en nuestro apartado de “letra muerta vigente”, un lenguaje aspiracional que no se traduce en resultados tangibles, vaya, en algunos casos, ni siquiera existentes.
El problema de fondo no es citar los ODS; es hacerlo sin asumir sus implicaciones: Una ley sin plazos y términos es una promesa indefinida. Una norma sin mecanismos de exigibilidad es solamente una recomendación. Y una política pública sin recursos es, simple, llana total y evidentemente, simulación.
Si el Congreso Local realmente quiere subirse al tren del desarrollo sostenible, tendrá que dejar de legislar para la “publicación de insta” y empezar a legislar para el resultado…
La Agenda 2030 no necesita embajadores de discurso; necesita responsables de resultados. En Tamaulipas, por ahora, parece que solo tenemos lo primero…
