Por Jesús Collado Martínez
Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas
6 de abril de 2026
Los Estados Unidos de América, la nación fundada el 4 de julio de 1776 con la Declaración de Independencia que la separaba de Gran Bretaña, se convirtió en el paradigma de las sociedades democráticas, una sociedad de ciudadanos iguales, sin monarcas ni aristócratas, capaz de darse a sí misma los órganos y las instituciones que le permitirían su desarrollo como nación y las mejores condiciones de vida a sus ciudadanos para buscar la felicidad.
En los Estados Unidos de América, la Constitución y sus enmiendas garantizan como regla general a sus ciudadanos mayores de 18 años el derecho a elegir sus gobernantes sin distinción de clase social, ni étnica, ni religiosa, ni racial. Para las elecciones federales, el voto se emite para elegir representantes y senadores; y, en la elección presidencial, se vota por una lista de electores que integrarán el Colegio Electoral.
Para los cargos de Gobernador de un estado, Senador y Representante al Congreso Estatal, jueces, alcaldes y concejales, las legislaciones estatales y locales disponen lo necesario para que se lleven a cabo periódicamente las elecciones de esos servidores públicos.
La forma en que se emite el voto depende de cada estado, pero existen modalidades comunes. Los ciudadanos que quieren votar se registran ante la autoridad local correspondiente. Existen varias formas de ejercer el voto, la más tradicional es el voto presencial el día de la elección en centros de votación asignados. Actualmente muchos estados permiten el voto anticipado presencial durante días o semanas previas, para reducir filas y facilitar la participación. Otra modalidad extendida es el voto por correo que permite recibir una boleta en casa y devolverla por correo o entregarla en buzones oficiales. En algunas jurisdicciones se habilitan también centros de votación o el registro y voto el mismo día según la legislación local.
El conteo y cómputo de los votos también sigue reglas estatales. En general, las autoridades electorales locales verifican elegibilidad y validez, cuentan los votos y reportan resultados preliminares. Después, se realizan auditorías, se incorporan boletas válidas recibidas conforme a plazos legales y, si procede, recuentos automáticos o a petición cuando el margen es estrecho. Concluidos los procedimientos, el estado certifica oficialmente los resultados.
En elecciones presidenciales, esa certificación determina qué lista de electores se considera ganadora (en la mayoría de estados, bajo la regla de “el ganador se lleva todo”), y los electores se reúnen en sus capitales estatales para emitir sus votos para presidente y vicepresidente.
El último paso del cómputo presidencial ocurre a nivel federal: el Congreso se reúne en sesión conjunta para abrir y contar los certificados de los votos del Colegio Electoral y declarar el resultado. Para el Congreso y otros cargos, la certificación estatal y, en su caso, los procesos judiciales o administrativos resuelven impugnaciones dentro de los cauces previstos por la ley. Así fue durante 244 años en que se renovaron o se reeligieron a los ciudadanos que ocuparían esas responsabilidades.
Pero en noviembre de 2020 Donald Trump reclamó anticipadamente la victoria en las elecciones presidenciales cuando todavía no se terminaban de contar los votos en algunos estados y anticipándose a los mecanismos tradicionales de anuncio, como las encuestas de salida o los primeros resultados emitidos por los funcionarios encargados de contar los votos en los estados.
En las siguientes horas, días y meses,Trump pasó de hacer anuncios anticipados de triunfo a las acusaciones de fraude electoral generalizado, afirmando que los votos por correo habían sido vulnerados para robarle la elección, porque en ellos participaron migrantes ilegales, se usaron boletas que estaban a nombre de personas que ya habían muerto, o por personas que ya no vivían en los distritos en los que votaron.
El 6 de enero de 2021 una multitud de personas con armas de fuego, cuchillos y otras armas e instrumentos peligrosos, tomaron las instalaciones del Capitolio en Washington, acciones en las que resultaron 5 personas muertas y 140 manifestantes y policías heridos en los enfrentamientos en el edificio del congreso. Más de 1540 manifestantes que fueron juzgados y sentenciados por los crímenes que cometieron en esa ocasión fueron indultados y liberados inmediatamente después de que se inició el segundo periodo presidencial de Trump.
Es importante destacar que en los Estados Unidos no existe una legislación nacional electoral ni autoridades electorales federales, porque ahora, en el ejercicio de su función como Presidente, Donald Trump ha planteado la creación de un registro nacional de electores con una ley que lo regule, que garantice que sólo los ciudadanos de Estados Unidos sean registrados como electores legales y que no se entreguen boletas por correo a ninguna persona que no esté debidamente acreditada en ese registro. Sin embargo los legisladores no han considerado necesario realizar ese tipo de cambios en virtud de que no se comprobó que en la elección del 2020 hubiera habido anomalías que tuvieran peso suficiente para invalidar los resultados de la elección.
Se mantiene la expectación en los observadores y analistas políticos, dentro de Estados Unidos y en el mundo, de que persistan los cuestionamientos de Trump a la forma en que se llevan a cabo las elecciones en su país, y que las elecciones de noviembre de 2026 se conviertan en el laboratorio de las impugnaciones que podrían hacer él y sus seguidores a la Elección Presidencial de 2028, que generarían incertidumbre e inestabilidad política, no solamente en esa nación sino en el mundo entero. El relevo democrático en la Presidencia de los Estados Unidos empieza en la elección de noviembre.
