Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- En Tamaulipas hay alrededor de 320 notarías públicas repartidas en 15 distritos notariales, son la recompensa política más duradera que un gobernador puede entregar: no viene del erario, no requiere licitación, no tiene fecha de vencimiento, y quien la recibe queda atado de por vida a quien se la dio.
El número exacto es difícil de precisar porque no existe un padrón actualizado de acceso público, la numeración progresiva llega hasta la notaría 328, pero no todas están activas, algunas fueron canceladas, otras están en proceso de vacante o litigio, lo que de entrada dice mucho sobre el nivel de opacidad del sistema.
El marco legal establece requisitos claros: título de licenciado en Derecho, experiencia mínima, aprobación de examen y patente otorgada por el Ejecutivo, sin embargo la facultad discrecional del gobernador ha sido el elemento determinante en la asignación, un diseño institucional que no ha cambiado en décadas.
El origen de esa discrecionalidad no es una práctica informal, es una norma escrita, el Artículo 5 de la Ley del Notariado de Tamaulipas establece que el gobernador del estado determinará el número de notarías y su residencia, con la sola obligación de escuchar, opcionalmente, la opinión del Colegio de Notarios, la fe pública, en ese diseño, es una concesión del Ejecutivo, no un cargo de oposición.
Tamaulipas no es excepción en el mapa nacional: en 18 de las 32 entidades federativas el gobernador puede, discrecionalmente, determinar el número de notarías, y en 24 se establecen aranceles fijos para el cobro de los servicios, la Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado que estos esquemas limitan artificialmente la oferta y afectan calidad y precio del servicio, pero los congresos locales no han modificado las leyes.
Lo que revela el Periódico Oficial… y lo que oculta
Rastrear cuántas notarías entregó cada gobernador es un ejercicio que la opacidad del sistema dificulta, la Dirección de Asuntos Notariales no publica resúmenes agregados por administración, y el único método verificable desde fuentes abiertas es contar los acuerdos publicados en el Periódico Oficial del Estado, un trabajo de archivo que nadie ha sistematizado.
Lo que sí permite la numeración progresiva es establecer rangos aproximados por periodo, las notarías se numeran en orden cronológico de creación, de manera que el número asignado durante cada sexenio permite inferir cuántas plazas nuevas se abrieron en cada administración.
Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) gobernó durante el periodo en que el sistema notarial tamaulipeco comenzó su expansión sostenida, la numeración activa de ese periodo sugiere un crecimiento de entre 20 y 30 nuevas plazas, pero no existe un conteo oficial publicado ni accesible en fuentes abiertas para ese sexenio.
Tomás Yarrington Ruvalcaba (1999-2004) coincidió con el auge inmobiliario en la franja fronteriza y el primer boom de maquiladoras en Reynosa y Nuevo Laredo, el crecimiento en notarías en ese periodo fue consistente con la expansión económica, pero tampoco existe un registro sistematizado de cuántos fíat otorgó, una publicación local señaló en 2022 que Yarrington forma parte de la cadena de gobernadores que entregaron el notariado como favor político sin que nadie haya rendido cuentas por ello.
Eugenio Hernández Flores (2005-2010) es el periodo donde la numeración del Periódico Oficial permite la inferencia más clara, en febrero de 2008, a la mitad de su sexenio, el Periódico Oficial ya registra movimientos en torno a la notaría 253, lo que permite estimar que durante su gobierno el parque notarial creció del rango de las 220 a las 265-270 plazas, un incremento de entre 40 y 50 nuevas oficinas en seis años.
Egidio Torre Cantú (2011-2016) gobernó el periodo más violento de la historia reciente de Tamaulipas, el cisma entre Los Zetas y el Cártel del Golfo marcó su sexenio, pero el reparto de notarías siguió su curso, los acuerdos publicados en el Periódico Oficial con su firma abarcan aproximadamente el rango de las 270 a las 295, lo que sugiere entre 25 y 30 nuevas plazas, sin que exista un conteo agregado oficial.
Caso Cabeza de Vaca: cifras documentadas
Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022) es el único gobernador del que existen cifras documentadas y públicamente verificadas, porque la siguiente administración las investigó y las denunció formalmente, una circunstancia que dice tanto del sexenio anterior como del sistema que lo hizo posible.
En los tres últimos meses de su administración, el gobierno estatal entregó más de 60 notarías a dirigentes panistas, funcionarios estatales y municipales, en un reparto que diputados locales de Morena señalaron como materia de investigación desde el inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya.
El 26 de septiembre de 2022, faltando días para dejar el cargo, Cabeza de Vaca entregó en una sola ceremonia 20 nombramientos oficiales de fíat, 34 patentes a aspirantes y 5 cambios generacionales, un acto que el propio gobernador presentó como ejercicio de la facultad legal que le confería el Artículo 5 de la Ley del Notariado.
Entre los beneficiarios figuran Víctor Manuel Sáenz Martínez, exjefe de la Oficina del gobernador García Cabeza de Vaca, quien recibió su acreditación el 6 de septiembre, y Blanca Isela Pérez Ramírez, esposa del diputado panista Félix Fernando García Aguiar, quien la obtuvo el 6 de julio, según consta en el Periódico Oficial del Estado.
El 20 de septiembre publicó otra lista con 32 patentes a aspirantes, entre los beneficiarios figuran el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa Alejandro Guerra Martínez, hermano de un magistrado del Supremo Tribunal del Estado; el director jurídico del Instituto Registral y Catastral; el secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción; un fiscal especializado en delitos contra niñas y niños, y el titular del Registro de la Propiedad en Nuevo Laredo.
La titular de la Dirección de Notarías presentó al gobernador Villarreal Anaya un documento en el que se señalan irregularidades en 28 fíat, muchos otorgados como premio, canonjías o favores a cambio de corruptelas políticas, según consta en el comunicado oficial del gobierno del estado.
Se canceló la notaría número 170 a Alfredo Treviño Salinas, y 27 casos más quedaron bajo investigación, con vista a la Fiscalía por el posible delito de tráfico de influencias contra la diputada Myrna Flores, el exsecretario general de Gobierno Gerardo Peña y el propio exgobernador García Cabeza de Vaca.
En el expediente de Treviño Salinas, el informe señala que el fíat carece de fundamentación y motivación, sin consignar el cumplimiento de los requisitos legales, sin exámenes teórico ni práctico, sin actas que lo demuestren, logrando la patente únicamente por la gestión de la diputada panista Myrna Edith Flores Cantú.
Estructura que no sistematiza el Periódico Oficial
Un elemento central del problema es que el Periódico Oficial publica cada fíat por separado, uno a uno, sin consolidados por sexenio, sin mapas de distribución, sin cruces con perfiles de los beneficiarios, la transparencia formal existe, pero la arquitectura de la publicación hace prácticamente inviable el escrutinio ciudadano sin un trabajo de archivo exhaustivo.
La única fuente que podría ofrecer el número exacto de fíat otorgados por cada gobernador desde 1993 a la fecha es la propia Dirección de Asuntos Notariales, que por ley debe llevar ese registro, sin embargo esa información no se publica de oficio ni está disponible en el portal de datos abiertos del gobierno estatal.
En el contexto económico, los honorarios notariales, regulados parcialmente por aranceles estatales, permiten estimar ingresos, una escritura de compraventa puede generar entre 15 mil y 60 mil pesos, dependiendo del valor del inmueble, lo que sitúa los ingresos mensuales de notarías activas en rangos de 300 mil a más de 1.5 millones de pesos.
En municipios como Reynosa y Nuevo Laredo se estiman entre 800 y 1,200 actos notariales mensuales por oficina en periodos de alta actividad, particularmente en compraventa de bienes inmuebles y constitución de sociedades, un volumen que convierte al fíat en uno de los activos económicos más valiosos que un gobernador puede otorgar.
Un rasgo constante en todos los sexenios es el perfil de los beneficiarios, estimaciones del propio gremio indican que más del 40% de los notarios en funciones han tenido o mantienen vínculos con cargos públicos, ya sea como ex diputados, ex alcaldes, funcionarios o asesores jurídicos de gobiernos estatales o municipales.
La concentración territorial también refleja poder económico, Reynosa y Nuevo Laredo reúnen en conjunto más de 60 notarías, impulsadas por el comercio exterior, mientras que Tampico y su zona conurbada concentran alrededor de 40, vinculadas al sector portuario y energético.
Otro dato relevante es la continuidad familiar, aunque no existe herencia legal, registros del Colegio de Notarios muestran que en al menos una de cada cinco notarías hay vínculos familiares con otros notarios, lo que sugiere la existencia de redes que trascienden generaciones y administraciones.
La supervisión institucional es limitada, la Dirección de Asuntos Notariales depende de la Secretaría General de Gobierno, es decir, del propio Ejecutivo que otorga los fíat, y el Colegio de Notarios carece de facultades sancionadoras amplias, lo que reduce los mecanismos de control interno y deja el sistema en una lógica de autorregulación parcial.
La Comisión Federal de Competencia Económica ha señalado que limitar artificialmente el número de notarios y otorgar discrecionalidad al Ejecutivo para autorizar patentes deteriora las condiciones del servicio en calidad, precio, accesibilidad y oportunidad, afectando a los consumidores y a la operación eficiente de múltiples mercados que requieren fe pública, en Tamaulipas, esa advertencia lleva décadas sin respuesta legislativa.
La combinación de datos muestra un patrón consistente: crecimiento sostenido, alta rentabilidad, concentración territorial y asignación discrecional, elementos que explican por qué las notarías no solo son oficinas jurídicas, sino posiciones estratégicas dentro del mapa de poder.
Cada sexenio modifica nombres y equilibrios, pero la fe pública sigue siendo un activo controlado desde el poder político, un instrumento que no aparece en campañas, pero define trayectorias, ingresos y relaciones en la estructura profunda de Tamaulipas, es una historia completa enterrada en los tomos del Periódico Oficial.
