Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Treinta y cinco mil quinientas armas de fuego han sido decomisadas en Tamaulipas en 14 años, de ellas 28,780 largas, según la Secretaría de la Defensa Nacional, una cifra que no detuvo la guerra que dejó miles de civiles muertos en la entidad más armada del noreste.
La guerra que siguió a esa ruptura convirtió al estado en el más violento del noreste: 721 homicidios en 2010, 855 en 2011 y 1,016 en 2012, y para 2017 el conteo alcanzó 1,051 víctimas, 727 de ellas asesinadas con arma de fuego, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del SNSP.
Ningún otro estado del país ha costado más a las fuerzas armadas: Tamaulipas acumula 1,030 bajas de la Secretaría de la Defensa Nacional, 923 elementos heridos y 2,477 civiles muertos en enfrentamientos, registros que documentan la capacidad de fuego del crimen en el noreste.
La historia del arsenal no comienza en las armerías de Texas ni en los mercados ilegales, sino en los cuarteles del propio Ejército Mexicano, pues el grupo que estableció los estándares armamentistas del crimen organizado en Tamaulipas fue formado por desertores de las fuerzas especiales.
A finales de los años noventa, Arturo Guzmán Decena, teniente del Ejército con entrenamiento en contrainsurgencia recibido en Israel y en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, desertó para incorporarse al Cártel del Golfo bajo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén.
Guzmán Decena, identificado como Z-1, reclutó entre 30 y 40 desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, del 7° Batallón de Infantería y del 15° Regimiento de Caballería Motorizada, según archivos militares y registros de la Procuraduría General de la República.
El grupo portaba armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas: fusiles AK-47, G-3, M-16 y Barrett M82, subametralladoras MP5, granadas de fragmentación, chalecos antibalas y cascos con visión nocturna, equipo en gran parte sustraído de arsenales militares.
La Procuraduría General de la República confirmó que al menos 40 ex integrantes del GAFE se incorporaron a Los Zetas, y para 2005 el FBI los catalogó como grupo paramilitar con más de 300 miembros, una expansión que transformó el perfil del crimen organizado en Tamaulipas.
El primer gran decomiso que puso cifras al arsenal ocurrió en noviembre de 2008 en Tamaulipas: 439 armas, entre ellas AR-15, AK-47, fusiles Barrett calibre 12.7 y subametralladoras P-90, además de 500,000 cartuchos que daban cuenta de una organización con logística de guerra.
Ese decomiso evidenció que los grupos criminales operaban con un arsenal equivalente al de unidades militares, con capacidad para enfrentar a las fuerzas del Estado en condiciones de paridad armamentista, situación que se agudizaría con la ruptura entre el Cártel del Golfo y Los Zetas.
La escisión se consumó el 30 de enero de 2010, con una guerra abierta entre ambas organizaciones y desencadenó la carrera armamentista más intensa que ha registrado la entidad.
Los grupos en disputa comenzaron a abastecerse del mismo armamento de uso exclusivo militar, y en 2011 los decomisos alcanzaron 10,544 armas en Tamaulipas, el pico histórico de la entidad, seguido de otras 6,000 piezas incautadas al año siguiente, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ese año el ejército enterró a 23 soldados muertos en combate en Tamaulipas, reportó 120 heridos y contabilizó 143 bajas en total, y al cierre del sexenio de Calderón la cuenta sumaba 59 militares muertos y 465 heridos, la cifra más alta por entidad en todo el país.
Las batallas se extendieron a Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo y Mier, donde la población fue desplazada de sus hogares y los municipios de La Frontera Chica quedaron prácticamente deshabitados durante meses, según registros hemerográficos de la época.
En agosto de 2010, criminales ejecutaron a 72 migrantes en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, y al año siguiente cometieron la masacre de más de 200 pasajeros de autobuses en ese mismo municipio, episodios que documentaron el nivel de violencia y la capacidad de fuego de la organización.
La composición del arsenal decomisado en ese período revela la sofisticación del equipamiento: junto a los fusiles de asalto convencionales aparecieron lanzacohetes RPG, granadas de fragmentación, artefactos explosivos improvisados y chalecos con insignias apócrifas de la Marina.
En un solo mes de 2021 la Octava Zona Militar dio cuenta de la intensidad del armamento en circulación: dos fusiles Barrett calibre .50, 35 armas largas, dos cortas, 7,177 cartuchos, una granada y 18 artefactos explosivos improvisados, además de 42 vehículos, cuatro blindados.
En abril de 2018, el 16° Regimiento de Caballería Motorizada aseguró en cuatro casas de Nuevo Laredo dos fusiles Barrett, un lanzacohetes RPG y 32 chalecos con logos apócrifos de la Secretaría de Marina, evidencia de la capacidad del crimen para suplantar insignias de las fuerzas de seguridad.
En diciembre de 2023, operativos en Soto la Marina y Abasolo aseguraron dos fusiles Barrett calibre .50, 20 ametralladoras, más de 5,000 cartuchos y 200 cargadores.
El fusil Barrett M82 calibre .50, diseñado para uso militar, dispara proyectiles de 13.8 centímetros con capacidad para perforar blindajes nivel cinco o seis, derribar aeronaves y destruir estructuras a más de 1,800 metros de distancia, según especificaciones del fabricante.
El calibre .50 se instaló como el símbolo del poder de fuego del crimen en Tamaulipas: entre 2010 y febrero de 2023 las autoridades incautaron 831 rifles de francotirador de ese calibre, 519 del modelo Barrett, según el conteo del Violence Policy Center aliado en la demanda contra fabricantes.
En los decomisos de Tamaulipas han aparecido fusiles Steyr HS .50 de Austria, rifles SCAR de fabricación belga-estadounidense y ametralladoras M249 de uso militar en Estados Unidos, lo que refleja la diversidad de fuentes de abastecimiento de los grupos criminales en la entidad.
Las municiones también registran volúmenes de escala bélica: solo en los últimos tres años en Tamaulipas se aseguraron 717,835 cartuchos y 32,594 cargadores puestos a disposición del Ministerio Público Federal, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional en febrero de 2026.
La fuente de abastecimiento está documentada en reportes del gobierno de Estados Unidos: la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego identifica la ruta Texas–Tamaulipas como el segundo corredor de tráfico de armas más activo en la frontera, detrás únicamente del corredor Arizona–Sonora.
El sistema eTrace del ATF confirmó lo que los decomisos sugerían: entre 2022 y 2023 la agencia rastreó 1,191 armas de escenas del crimen en Tamaulipas con origen en Texas, casi una de cada cuatro del total traficado en los cinco principales corredores fronterizos, según el informe ATF.
Tamaulipas comparte 370 kilómetros de frontera con Estados Unidos y cuenta con 17 cruces internacionales, entre ellos los puentes de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, identificados por la Sedena como los principales puntos de entrada del arsenal criminal hacia el noreste.
El mecanismo documentado en expedientes del Departamento de Justicia involucra a prestanombres sin antecedentes penales que adquieren armas en Texas, declaran uso personal y las entregan a intermediarios que las trasladan hacia los cruces fronterizos para su ingreso a México.
En un caso documentado ante tribunales federales en Texas, Gerardo Rafael Pérez Jr., de Laredo, coordinó la compra de más de 100 armas en distintos distritos del estado para enviarlas al crimen organizado en Nuevo Laredo, con prestanombres que declararon falsamente ante distribuidores licenciados.
Entre las armas adquiridas en ese caso se encontraban rifles SCAR, Barrett calibre .50 y M249, y el intermediario que vendió al menos 22 de esas piezas recibió aproximadamente 169,900 dólares entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, un promedio de 7,722 dólares por arma.
Al intensificarse la vigilancia en ciudades fronterizas los cárteles desplazaron sus redes hacia Dallas-Fort Worth, donde Daniel Loyola Jr., de Fort Worth, fue sentenciado a 10 años de prisión por adquirir ametralladoras y rifles Barrett calibre .50 para el crimen organizado.
En julio de 2022 agentes federales descubrieron en Arlington, Texas, 150 cajas vacías de armas, cuyo responsable las ocultaba en llantas de automóvil y las cruzaba a México, por lo que fue sentenciado a 30 años de prisión en uno de los casos más documentados de esta modalidad.
La escala del problema supera la capacidad de intercepción: el gobierno mexicano estima que 2,000 armas ingresan ilegalmente al país cada día, mientras el ATF recuperó 1,791 artefactos en 1,011 investigaciones entre 2017 y 2021, una fracción mínima del flujo real.
Operación hormiga perfora la frontera
Las armas no siempre cruzan completas por los puentes internacionales, pues los operadores utilizan el comercio hormiga, en el que múltiples personas trasladan pequeñas cantidades de piezas o municiones de forma constante para reducir el riesgo de detección en cada cruce.
Una variante es el tráfico por paquetería, donde las armas se desensamblan, se retiran los números de serie y se envían como partes de maquinaria, una modalidad que el ATF identifica como de difícil detección por el volumen de paquetes procesados diariamente en los cruces.
El precio en el mercado negro refleja la rentabilidad del negocio: un AK-47 que cuesta alrededor de 500 dólares en armerías de Texas se vende en el norte de México entre 1,200 y 1,600 dólares, una ganancia de entre 700 y 1,100 dólares por pieza para las redes de tráfico.
El AR-15, con precio en Texas de entre 629 y 1,200 dólares según el modelo, alcanza en el mercado negro del norte del país valores de entre 60,000 y 80,000 pesos, mientras versiones usadas pueden cuadruplicar su valor al cruzar la frontera, según operadores del mercado ilegal.
El Barrett calibre .50 es el negocio más lucrativo: con precio legal en Estados Unidos de 4,600 a 13,000 dólares, el mismo fusil puede alcanzar el equivalente a un millón de pesos en el norte de México, según entrevistas documentadas con operadores del mercado ilegal por la revista Nexos.
Para las redes de tráfico, la ganancia estimada por cada transacción de un Barrett es de alrededor de 1,600 dólares según registros del ATF, pero en el extremo superior del mercado, donde el arma llega a destino final, el margen se multiplica varias veces según la demanda del grupo adquirente.
Las granadas M67, que en la frontera se comercializan entre 100 y 500 dólares por artefacto, y los lanzacohetes RPG, para los que no existe precio de venta civil legal, completan el perfil de un armamento diseñado para enfrentamientos de tipo bélico y no para la delincuencia ordinaria.
El 43 por ciento de las armas traficadas de Estados Unidos a México tiene origen en Texas, según el informe ATF sobre la frontera suroeste, y el 74 por ciento proviene de Texas, Arizona y California, porcentaje que refleja la concentración del tráfico en estados con mayor proximidad a Tamaulipas.
Uno de los elementos más representativos del arsenal en Tamaulipas es el vehículo blindado artesanal, conocido como monstruo, camionetas a las que los grupos criminales adicionan planchas de acero, aspilleras para disparo y en ocasiones montajes para ametralladoras de alto calibre.
De los 597 vehículos de este tipo asegurados en el país entre enero de 2023 y junio de 2025, 304 fueron decomisados en Tamaulipas, más del 50 por ciento del total nacional, lo que confirma a la entidad como el principal teatro de operaciones de este tipo de equipamiento, según la Sedena.
La Fiscalía de Tamaulipas reportó la destrucción de 257 de estos vehículos entre enero de 2019 y julio de 2022, de modo que en seis años y medio las autoridades aseguraron o destruyeron más de 550 unidades blindadas artesanales en la entidad sin detener su producción.
El único narcotaller documentado en Tamaulipas fue localizado en octubre de 2023 en Reynosa, pero estaba desocupado y no hubo detenidos, lo que ilustra la capacidad de los grupos criminales para desactivar instalaciones antes de ser detectados por las fuerzas de seguridad.
Los elementos de la Mesa de Seguridad Estatal señalan que los talleres de blindaje operan en zonas bajo control total de los cárteles, donde el despliegue de fuerzas de seguridad desencadena enfrentamientos de alta intensidad, limitando la capacidad del Estado para identificar esos puntos.
En mayo de 2025, un cateo en Abasolo con apoyo de la Sedena permitió asegurar 10 armas largas, 36,295 cartuchos, cargadores, tres vehículos y dos lanchas en una bodega del municipio, lo que evidencia la extensión del arsenal hacia rutas fluviales en el sureste de la entidad.
Los reportes de la Sedena confirman la presencia creciente de lanzagranadas y lanzacohetes en los operativos, con un aumento nacional de 26.3 por ciento en estos artefactos entre 2024 y 2025, que los analistas interpretan como un salto cualitativo en el poder de fuego del crimen organizado.
Los números de un solo mes ilustran el ritmo de la guerra: en septiembre de 2024 las comandancias de la Cuarta Región Militar y las Octava y 48 Zonas Militares aseguraron en Tamaulipas 61 armas, 429 cargadores, 12,148 cartuchos, una granada y 54 vehículos.
Los decomisos no han detenido el flujo, y en solo tres años las fuerzas federales y estatales aseguraron en Tamaulipas 3,303 armas, 717,835 cartuchos y 32,594 cargadores puestos a disposición del Ministerio Público Federal, según la Secretaría de la Defensa Nacional en 2026.
El 67 por ciento de las armas decomisadas en Tamaulipas carece de información para completar el rastreo eTrace, según la Sedena, lo que impide en la mayoría de los casos identificar al comprador original, la armería de origen o la fecha de adquisición del arma decomisada.
México y Estados Unidos suscribieron en septiembre de 2025 la Misión Cortafuegos, que establece operativos binacionales en diez cruces fronterizos con acceso en tiempo real al sistema eTrace del ATF para identificar el origen y el comprador de cada arma incautada en ambos países.
En febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional autorizó a la Policía Estatal de Tamaulipas portar ametralladoras calibre 7.62 y 5.56, de uso exclusivo del Ejército, en reconocimiento de que el arsenal criminal supera la capacidad de respuesta de las corporaciones civiles.
La Defensa fue explícita en el anuncio: entre el 77 y el 78 por ciento del armamento asegurado proviene de Estados Unidos, y el crecimiento del arsenal criminal hace necesario equipar a las policías estatales fronterizas con medios equivalentes a los que enfrentan en los operativos.
La demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas busca establecer responsabilidad legal por el flujo de armamento, pero el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos en 2024 a favor de los fabricantes redujo los márgenes jurídicos de ese recurso, según organizaciones civiles.
Las autoridades de Estados Unidos clasifican a Tamaulipas con nivel cuatro de alerta de viaje, el más alto del Departamento de Estado, y atribuyen esa calificación a la presencia de grupos con capacidad de fuego de nivel militar en todo el territorio del estado.
La Fiscalía General de la República tiene jurisdicción exclusiva para procesar portación de armas en México, y sus delegaciones en Tamaulipas recibieron miles de piezas decomisadas en 14 años, aunque la traducción de esos aseguramientos en sentencias ha sido históricamente baja.
El arsenal que ha matado a miles en Tamaulipas tiene origen documentado, precio verificable y ruta rastreada, y las investigaciones en ambos lados de la frontera identificaron compradores, intermediarios y puntos de cruce, sin que ello se haya traducido en una reducción del flujo.
