Por Raúl López García
Expreso
La exdelegada estatal de la Cruz Roja Mexicana en Tamaulipas, Graciela Guerra Álvarez, rompió el silencio en medio de la crisis que mantiene paralizada a la institución en el estado y rechazó tajantemente cualquier señalamiento por presuntos malos manejos financieros durante su administración. En una declaración pública, afirmó que “nunca faltó un cinco”, y sostuvo que la actual situación de la delegación es consecuencia directa de decisiones tomadas por la sede nacional, no de irregularidades locales.
En un mensaje cargado de reclamos y evidente indignación, Guerra Álvarez aseguró que la narrativa sobre desvíos de recursos fue utilizada como argumento para intervenir y debilitar a la delegación estatal. “Ni un peso se desviaba. Ni un peso”, afirmó, insistiendo en que nunca se presentó evidencia concreta que respaldara las acusaciones. Incluso señaló que, en varias ocasiones, pidió a los representantes nacionales demostrar los supuestos faltantes, algo que, según dijo nunca ocurrió.
La exdelegada explicó que una de las principales diferencias entre la delegación Tamaulipas y la sede nacional surgió a partir de la presión para adquirir ambulancias nuevas, unidades cuyo costo resultaba inalcanzable para las finanzas estatales. Mientras desde oficinas centrales se impulsaba la compra de vehículos nuevos “a precio regular, caro”, la delegación buscaba opciones más viables, como ambulancias usadas y donaciones gestionadas en Estados Unidos. “Nosotros no podíamos comprar eso”, señaló.
“Sede nacional nos dejó solos, totalmente solos”, declaró, subrayando que la institución sobrevivía principalmente gracias al respaldo económico del Gobierno del Estado.
La exdelegada reveló que el gobierno tamaulipeco cubría cerca del 85 por ciento de los gastos de operación, con aportaciones mensuales que permitían pagar nómina y sostener los servicios. Detalló que tan solo en diciembre pasado se otorgó un apoyo de un millón y medio de pesos, mientras que a partir de enero la ayuda sería de 750 mil pesos mensuales. “Si no nos apoya el gobierno, no podemos trabajar”, reconoció, al tiempo que afirmó que la sede nacional nunca incumplió solo en el discurso, sino también en la práctica, al desentenderse financieramente de la delegación.
Uno de los puntos más delicados de sus declaraciones fue la forma en que se le notificó su salida como delegada estatal. Relató que representantes nacionales acudieron a su domicilio para entregarle un oficio en el que se le informaba que dejaría el cargo y que la sede central asumiría la administración y operación de la delegación.
Sin embargo, aseguró que ese compromiso nunca se cumplió. “No se hicieron cargo de ni un peso”, afirmó, calificando la decisión como “injusta, irresponsable e insensible”.
Guerra también explicó que la sede nacional justificó su remoción con una baja en la evaluación operativa de la delegación, que pasó de 57 a 55 por ciento. No obstante, consideró absurdo que una diferencia de dos puntos bastara para intervenir una delegación estatal, sobre todo cuando la supuesta falla se originó porque un coordinador no envió información administrativa. “Por dos puntos porcentuales dijeron que yo ya no podía seguir”, reclamó.
Además, denunció que la delegación estatal tuvo que absorber las operaciones de la zona sur del estado incluyendo Tampico, Madero y Altamira, por decisión unilateral de la sede nacional. Esa medida, explicó, casi triplicó los gastos operativos sin que se asignaran recursos adicionales, generando una presión financiera insostenible. “Nos dejaron todo el paquete a nosotros sin preguntarnos”, dijo, señalando que esa sobrecarga fue determinante en el deterioro económico.
La exdelegada también cuestionó el papel de algunos coordinadores locales, a quienes responsabilizó de guardar silencio frente a los señalamientos de la sede nacional. Particularmente lamentó que quienes conocían la situación financiera interna no defendieran públicamente la inexistencia de desvíos.
Para Guerra, la falta de respaldo interno permitió que se consolidara una versión que dañó la credibilidad de la institución y justificó decisiones centralistas.
Pese a la dureza de sus declaraciones, Guerra Álvarez dejó abierta la posibilidad de regresar a dirigir la Cruz Roja en Tamaulipas, pero condicionó cualquier retorno a una disculpa pública por parte de la dirigencia nacional. “Si se hiciera una disculpa pública, sí aceptaría”, dijo, aunque dejó claro que no tiene interés en reincorporarse si no se reconoce que las acusaciones fueron falsas.
El testimonio de la exdelegada revela que la crisis de la Cruz Roja en Tamaulipas podría ser mucho más profunda que un simple problema financiero. Más allá de la falta de recursos, sus palabras exponen un choque entre la realidad económica de las delegaciones estatales y las decisiones centralizadas de la institución nacional, así como la fragilidad operativa de un organismo que depende de subsidios públicos para sostener sus funciones esenciales.
Mientras la Cruz Roja en Tamaulipas intenta reorganizarse, las declaraciones de Guerra Álvarez colocan sobre la mesa una pregunta incómoda: si no hubo desvíos ni irregularidades, ¿qué motivó realmente el colapso de una institución humanitaria con décadas de operación en el estado? La respuesta, por ahora, permanece en medio de señalamientos cruzados, opacidad administrativa y una crisis que sigue afectando la atención de emergencias para miles de tamaulipecos.
