Los recientes resbalones de dos morenistas tamaulipecos en alusión a la prensa local son preocupantes y reprobables, pero reflejan una realidad persistente, al menos en el mismo sentido, imperante en prácticamente dos décadas.
En la década de 2010 la luna de miel con el poder terminó abruptamente por el estallido de inseguridad y el terrorismo ejercido contra la población por parte de la delincuencia organizada.
El ambiente de ingobernabilidad, además, mantuvo a los medios de comunicación prácticamente expuestos y a merced de los grupos delictivos locales.
La justificación para la inacción gubernamental consistió en desacreditar a los periodistas afectados bajo los supuestos vínculos con la misma delincuencia organizada.
La muerte de compañeros tras su desaparición previa, los atentados a las redacciones y las constantes amenazas eran «justificables» desde el poder por los presuntos vínculos.
En 10 años de intensa violencia, desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos, los periodistas tamaulipecos tuvieron que tomar sus propias precauciones sin el apoyo de ninguna institución del Estado.
En la etapa final del sexenio peñista surgió el Mecanismo de Protección para Periodistas, funcional y que en algunos casos en Tamaulipas sirvió prácticamente para salvar la vida a compañeros del gremio amenazados y a sus familiares.
Las amenazas persistieron y, por primera vez desde el estallido de la violencia, con la transición política del PAN al poder en el estado se expandieron al campo de batalla diario de las redes sociales.
Con la llegada de Cabeza de Vaca al poder surgieron páginas que señalaban vínculos de compañeros del gremio con priistas, con la delincuencia organizada o con actos delictivos.
El desprestigio surgió como un arma más del gobierno y de los grupos del poder (incluidos los fácticos) para amedrentar a un gremio que comenzaba a presentar sus primeras evidencias de deterioro.
A ello se sumó el temor constante por ejercer el periodismo ante la exposición a un proceso legal, como también lo impulsó el gobierno cabecista.
La valentía de algunos compañeros que no claudicaron los expuso a amenazas de todo tipo, mientras otros murieron asesinados a sangre fría. Crímenes que hasta la fecha se mantienen impunes.
Y si el cabecismo impulsó una campaña de desprestigio hacia los medios convencionales, la llegada de la 4T en el país acompañó su proyecto de nación con un recelo hacia la prensa convencional.
Y «las benditas redes sociales», que durante un tiempo representaron un refugio para ejercer el periodismo crítico, acentuaron el campo de batalla del desprestigio, ahora con el pago para un mayor posicionamiento en el algoritmo.
Si la desprotección del gremio frente al cabecismo era más que evidente, la cereza en el pastel se dio con el retiro de los apoyos gubernamentales al Mecanismo de Protección a Periodistas de la Segob, y volvió la incertidumbre.
La caótica entrega-recepción del cabecismo a la 4T del gobernador Américo Villarreal propició un repliegue de las fuerzas (incluidas algunas morenistas) que sostenían el yugo sobre la prensa crítica. La relación de apertura al diálogo por parte del doctor y de su equipo de trabajo propició un aumento en la tribuna, tanto de periodistas a modo como de opositores. No se callaron las voces, incluso si en gran medida aumentaron el ambiente hostil.
La prensa inclinada al morenismo denunció los excesos del cabecismo con evidencias, mientras la prensa cercana al panismo hacía lo mismo con algunas figuras morenistas. En ambos casos las evidencias dieron la razón y los desaciertos quedaron en el olvido.
Con la recuperación de las instituciones entrampadas por el cabecismo, y con el valor agregado de la reconfiguración del aparato judicial a su favor, el morenismo ganó hegemonía, aunque ahora el duelo sea entre los mismos grupos morenistas.
Y el ambiente propicio para todo tipo de ocurrencias, y de ocurrentes.
Como sucedió en las recientes semanas con dos figuras relacionadas con el obradorismo de Adán Augusto López, el hombre de confianza de AMLO.
El senador José Ramón Gómez Leal aprovechó un aviso parroquial para amedrentar en contra de la «prensa chayotera», como ese elemento de descrédito utilizado por el expresidente AMLO; evidentemente, el reynosense sin la trayectoria y el activismo del tabasqueño.
Sus señalamientos fueron evidenciados y queda para la memoria su opinión sobre el gremio periodístico.
Y del mismo grupo cercano a Adán Augusto, pero desde el sur del estado, la locutora y actual diputada local Cynthia Jaime Castillo presentó una iniciativa para la creación de un Colegio de Periodistas encargado de legitimar el trabajo del gremio, en un evidente atropello a la libertad de expresión.
Casualmente, los caminos de JR y de la «Comaye» coincidieron en un mismo punto. De sur a norte, ambos relacionados con un grupo político señalado por evasión fiscal en la importación de hidrocarburos, distribución y venta.
Ambos lejanos a funcionarios del gobierno en turno relacionados con ese mismo grupo y que en los recientes cambios en la estructura gubernamental sobrevivieron a los movimientos.
El equipo del gobernador Américo Villarreal condenó de inmediato la ocurrencia de Jaime Castillo e inició un ambiente de tensión.
La interrogante que prevalece es si, con todo el poder concentrado, continuará la convicción del gobernador Américo Villarreal.
O si los grupos morenistas, y algunos de su propio equipo de trabajo, llegarán a manifestar una actitud autoritaria que ponga en riesgo el ejercicio de un periodismo libre.
Y, sobre todo, si no se atentará contra la libertad de expresión que, con la complejidad de todo el entramado jurídico estatal y federal heredado de la elección, lleve al periodismo a una trampa, ahora directamente desde el poder y sin intermediarios.
@pedroalfonso88
