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Expreso-La Razón
Desde 2006, en Tamaulipas se han localizado al menos 475 sitios de entierro clandestino, según información oficial y de colectivos ciudadanos.
Cinco municipios -San Fernando, Reynosa, Güémez, Matamoros y Victoria- concentran el grueso de los hallazgos, y en todos ellos el destino forense de los restos reproduce el mismo patrón, con cámaras de frío, osteotecas, fosas comunes, sin que la identificación avance al mismo ritmo que los hallazgos.
El 2 de abril de 2026, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU activó, por primera vez en su historia, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y remitió la situación de México a la Asamblea General de Naciones Unidas.
El organismo determinó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en el país se practican de forma generalizada y sistemática, con elementos que podrían configurar crímenes de lesa humanidad.
El gobierno federal rechazó las conclusiones y ahora misma en el escenario nacional se vive un debate al respecto.
Los registros de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) y las compilaciones de organizaciones civiles permiten trazar con relativa precisión la distribución regional del fenómeno.
San Fernando encabeza el conteo histórico con 152 hallazgos documentados, seguido de Reynosa con 132, Güémez con 71, Matamoros con 40 y Ciudad Victoria con 38. Estas cinco demarcaciones concentran, por sí solas, la mayor parte de los sitios identificados desde 2006.
La metodología de medición varía.
La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, que utiliza datos de las propias fiscalías locales, contabilizó 475 fosas localizadas entre 2006 y junio de 2023. Otras mediciones sitúan el total en 547, y una compilación más reciente que abarca hasta 2024 eleva la cifra a 713 hallazgos.
La FGR, por su parte, mantuvo un registro anual desde 2013 que muestra, para el periodo 2020–2025, cifras que oscilan entre 11 y 29 fosas por año, con un pico en 2023. La FGJ, cuyo criterio de clasificación difiere del federal, identifica formalmente 31 fosas bajo sus propios parámetros de procesamiento hasta febrero de 2026.
San Fernando: el caso que nombró una crisis
El municipio de San Fernando es el punto de mayor densidad de entierros clandestinos en Tamaulipas y uno de los más documentados del país. Su nombre quedó vinculado a dos episodios que, ocurridos con ocho meses de diferencia, describen la escala del fenómeno.
En agosto de 2010, 72 migrantes centroamericanos fueron masacrados en el rancho El Huizachal. Apenas concluidas las investigaciones de ese caso, en marzo y abril de 2011, la denuncia por el secuestro de pasajeros de autobuses en la carretera Victoria-Matamoros condujo a las autoridades al ejido La Joya, en la misma municipalidad. Lo que encontraron —entonces denominado «San Fernando 2» en la jerga ministerial— fue un campo de entierros escalonados en el tiempo: 47 fosas clandestinas con 195 restos. Los cuerpos estaban en distintos estados de descomposición, lo que indicaba ejecuciones ocurridas durante meses, no en un solo evento.
Abril de 2011. Ejido La Joya, San Fernando. Cuarenta y siete fosas clandestinas. Ciento noventa y cinco restos. La mayoría, hombres jóvenes viajando hacia la frontera. Una parte, migrantes. Ninguna investigación concluyó con sentencias proporcionales al número de víctimas.
La CNDH, en su recomendación 23VG/2019, documentó las inconsistencias del Ministerio Público asignado al caso: escenas sin protección, evidencias potencialmente contaminadas, ausencia de protocolos para la cadena de custodia. A más de una década del hallazgo, la mayoría de los cuerpos permanecen sin identificación definitiva o en fosas comunes. La mitad de los cadáveres recuperados en las narcofosas del municipio durante el periodo 2010–2017 nunca fue reclamada por familiares.
En el acumulado de ese periodo, San Fernando registraba 139 fosas y 175 cuerpos en hallazgos sistematizados. Además de los entierros, las autoridades documentaron en el municipio y sus alrededores la existencia de «cocinas» o sitios de destrucción de cuerpos: 266 restos óseos calcinados en tambos metálicos fueron localizados en la zona, según datos de la Procuraduría estatal de aquella época.
Güémez: la zona olvidada del centro-sur
Mientras San Fernando concentró la atención mediática nacional, el municipio de Güémez acumuló en silencio el segundo o tercer lugar en el registro de fosas, dependiendo del periodo analizado. Diversas mediciones lo ubican con entre 21 y 94 hallazgos, una variación que refleja tanto los criterios de clasificación como la diferencia entre los periodos cubiertos.
Su presencia en el mapa de fosas clandestinas responde, según el contexto regional, a la disputa por rutas de trasiego interno y a la práctica de ejecuciones y ocultamiento de cuerpos en zonas rurales de difícil acceso.
El caso más emblemático data de hace más de una década y también tiene que ver con población migrante.
El 16 de febrero del 2015, elementos del Ejército Mexicano notificaron el hallazgo de 16 personas en una fosa clandestina en el rancho “El 26” del ejido Plan de Ayala, en Güemez.
Algunas víctimas estaban atadas de manos y con disparos en la cabeza, el Equipo Argentino de Antropología Forense que participó en su identificación determinó que las víctimas fueron torturadas.
Tenían un año en calidad de desaparecidos, 13 eran de Guatemala y tres de Honduras; una de las víctimas fue identificada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR); posteriormente nueve víctimas guatemaltecas y tres hondureñas fueron identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Un año antes, el 16 de febrero del 2014, Gustavo, de origen guatemalteco, llamó a su familia para avisar que estaba bien, junto “al grupo” de 16 personas migrantes, cerca de Reynosa, en Tamaulipas.
El grupo de migrantes viajó en autobús desde Guanajuato a Jalisco y había llegado a Tamaulipas; en un retén de policías judiciales, los sobornaron y como no todos pagaron los bajaron del vehículo. No se supo más de ellos.
Reynosa y el norte: la frontera como destino final
Reynosa es el segundo municipio en el conteo acumulado de fosas clandestinas, con 132 hallazgos documentados en las fuentes más amplias. Como zona metropolitana fronteriza con McAllen, Texas, concentra también la mayor densidad poblacional del estado y la mayor actividad del crimen organizado en el periodo analizado.
En julio de 2023, el colectivo Desaparecidos en Tamaulipas Amor localizó 11 fosas clandestinas con 27 osamentas en un predio sobre el canal Rodhe de la colonia Arboledas. Los restos se encontraban en estado esquelético, dispersos en distintos puntos del terreno. La Fiscalía confirmó el hallazgo e inició las diligencias de identificación.
En marzo de 2025, el mismo colectivo transmitió en vivo el descubrimiento de lo que describió como un cementerio clandestino en la colonia Puerta Sur, al fondo de un área conocida como Las Brechas. Los elementos registrados —cráneos, fémures, vértebras, mandíbulas con piezas dentales, prendas de vestir— indicaban restos en superficie, enterrados y calcinados en el mismo sitio, con evidencias de una «cocina» asociada. El procesamiento del área, según el colectivo, podría requerir hasta un mes de trabajo.
En la primera semana de abril de 2026, el mismo colectivo localizó en Reynosa los restos de una familia reportada desaparecida desde el 31 de octubre del año anterior. Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del municipio, en un predio baldío detrás de la colonia Hacienda Las Fuentes. La Fiscalía inició el procesamiento del lugar.
La secuencia de hallazgos en Reynosa ilustra una característica del fenómeno en la zona norte: la continuidad. Los entierros clandestinos no son eventos excepcionales, sino una práctica que los registros oficiales y los colectivos documentan de forma recurrente a lo largo de los años.
Los cuerpos sin identificar: el rezago forense
El número de fosas localizadas no equivale al número de víctimas identificadas. La columna de «cuerpos recuperados» en los registros de la FGJ aparece, en la mayoría de los hallazgos del periodo 2020–2024, con el término «INDETERMINADO». La FGR reconoció explícitamente que su Registro Nacional de Fosas no contempla el número de víctimas o cuerpos recuperados en cada sitio.
Lo que sí está cuantificado es el rezago en el sistema forense. Para noviembre de 2025, Tamaulipas registraba 2,113 cuerpos no identificados en resguardo de las instituciones forenses del estado. A febrero de 2026, esa cifra se actualizó a 1,878 personas fallecidas sin identificar en todos los Servicios Médico Forenses de la entidad —una reducción que puede deberse a identificaciones realizadas en el intervalo, pero que también podría reflejar diferencias en los criterios de conteo.
La distribución de esos restos es indicativa de la saturación del sistema: 796 unidades se mantenían en cámaras de frío; 687 en osteotecas para restos óseos; 923 en fosas comunes individuales dentro de panteones civiles; 291 en fosas comunes masivas. El estado contaba, al corte disponible, con siete panteones con espacio para fosa común y tres panteones forenses. En 2024, adicionalmente, 16 cuerpos se encontraban en depósito en funerarias.
1,878 personas fallecidas sin identificar en los servicios forenses de Tamaulipas, según el registro de la FGJ de febrero de 2026. El número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas, en la mayoría de los casos, permanece clasificado como «indeterminado» en los expedientes.
El caso emblemático de San Fernando permite calibrar la magnitud del problema. De los hallazgos del periodo 2010–2017, la entonces Procuraduría estatal reportó 256 personas recuperadas en fosas, tanques incineradores y depósitos al aire libre. De esa cifra, solo 18 cuerpos fueron entregados a sus familias. Los 134 restantes, inhumados en fosas comunes, permanecen sin reclamar.
El problema de las cifras
Una de las constantes del fenómeno en Tamaulipas es la incertidumbre numérica. Las diferentes fuentes —FGR, FGJ, Plataforma Ciudadana de Fosas, compilaciones hemerográficas— no coinciden en el total de fosas ni en el número de cuerpos recuperados. Las organizaciones civiles han señalado que esta opacidad no es neutral: impide a los colectivos de búsqueda contrastar la información, dificulta la trazabilidad de las víctimas y contribuye al rezago en las identificaciones.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documentó que, en el periodo 2006–2017, Tamaulipas, junto con Durango, Guerrero, Sinaloa, Veracruz y Jalisco, concentraba el 76.4 por ciento del total nacional de cuerpos exhumados de fosas clandestinas. Lo que los registros disponibles no permiten establecer con precisión es cuántos de esos cuerpos fueron finalmente identificados y devueltos a sus familias. En el caso de San Fernando, la proporción documentada fue de 18 de 256. No existe un consolidado estatal equivalente para el conjunto del fenómeno.
La acumulación de 1,878 personas sin identificar en los servicios forenses de Tamaulipas no se explica exclusivamente por los hallazgos en fosas clandestinas. Incluye cuerpos de personas fallecidas en distintas circunstancias que no pudieron ser identificadas en el momento de su ingreso al sistema.
Pero la coincidencia entre la distribución geográfica de las fosas y la distribución de los restos sin identificar —con San Fernando y Reynosa como ejes en ambos registros— apunta a una relación directa entre el fenómeno de los entierros clandestinos y el rezago forense acumulado en el estado.
