Por. Staff
Expreso-La Razón
MATAMOROS, TAMAULIPAS.- El ex director de Servicios Públicos Complementarios del municipio de Matamoros, Luis Miguel Garduño Castañeda, fue detenido el 5 de abril pasado en un puesto de control migratorio en el sur de Texas, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza localizaron casi 11 kilogramos de cocaína ocultos en su camioneta.
De acuerdo con documentos de la Corte de Distrito Sur con sede en Corpus Christi, la detención ocurrió a las 9:27 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre y esa ciudad.
Según la información publicada por el periódico El Norte, Garduño viajaba en una camioneta GMC Acadia cuando un perro entrenado alertó sobre anomalías en el vehículo durante un interrogatorio de rutina sobre el destino y el propósito del viaje.
La revisión posterior al interior de la unidad permitió localizar 10.92 kilogramos de cocaína distribuidos en 10 paquetes, escondidos en una trampilla en el piso del vehículo.
Agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) calcularon el valor de la droga en al menos 300 mil dólares, equivalentes a más de cinco millones de pesos, con base en decomisos previos documentados por la misma agencia.
Durante el interrogatorio, Garduño reconoció que sospechaba que el vehículo transportaba droga, aunque dijo desconocer el tipo de sustancia. Según la acusación, el funcionario habría aceptado realizar el viaje como consecuencia de una deuda, sin que se precisarán más detalles al respecto.
La acusación lo consignó al Centro de Detención Coastal Bend del Servicio de Inmigración (ICE) en Corpus Christi.
El Gobierno municipal encabezado por el alcalde morenista Alberto Granados no se pronunció sobre el caso.
Garduño y Granados coincidieron previamente como funcionarios durante la administración del también morenista Mario López, y tras la victoria electoral de Granados en 2024, este lo designó como director del área de servicios.
Garduño dejó el cargo en la Dirección de Servicios Públicos a principios del 2026.
Una administración marcada por el escándalo
La detención del funcionario se suma a una serie de episodios que han colocado al alcalde de Matamoros en el centro de investigaciones en Estados Unidos y cuestionamientos sobre sus vínculos.
El episodio de mayor resonancia nacional e internacional ocurrió en abril de 2025, cuando trascendió que Granados fue retenido durante varias horas por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al intentar cruzar hacia Brownsville, Texas. Fuentes periodísticas señalaron que fue interrogado sobre su relación con un empresario identificado como Édgar Alejandro V., detenido meses antes en Estados Unidos con casi nueve kilogramos de cocaína, y que las autoridades estadounidenses le revocaron la visa.
Granados negó tanto la detención formal como la pérdida del documento migratorio, y calificó el episodio como una revisión de rutina amplificada por su cargo público. Admitió conocer al implicado, pero lo atribuyó a una fotografía tomada entre muchos ciudadanos. No presentó documentación que acreditara la vigencia de su visa.
Derivado del mismo escándalo, se reveló que la esposa y el hermano del empresario detenido por narcotráfico ocupaban cargos de relevancia dentro del Ayuntamiento de Matamoros. Ante los cuestionamientos públicos, el alcalde defendió su permanencia en el gobierno municipal con el argumento de que los familiares no son responsables de los actos de terceros.
Robo de agua
Antes de llegar a la alcaldía, Granados Fávila protagonizó una controversia relacionada con el presunto robo de agua potable. A finales de 2023, cuando aún se desempeñaba como diputado local y aspiraba a la candidatura de Morena para la presidencia municipal, la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros detectó una toma clandestina en un negocio de venta de agua purificada que presuntamente pertenecía a su familia.
Según los reportes de la JAD y notas periodísticas de ese período, la conexión ilegal se utilizaba para extraer agua de la red pública sin pago. El producto era procesado en el establecimiento y distribuido en garrafones de manera gratuita en colonias populares del municipio. La denuncia señaló que la actividad constituía una estrategia de promoción política con recursos públicos, y que el negocio carecía de permisos sanitarios de la Coepris y de licencias de funcionamiento municipales.
En diciembre de 2023, la JAD formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por el delito de sustracción y apropiación de agua. Granados calificó la denuncia como una persecución política impulsada por el grupo del entonces alcalde Mario López, con quien mantenía una rivalidad interna en Morena. Una vez que Granados asumió la alcaldía en octubre de 2024, la JAD quedó bajo su mando administrativo, lo que generó cuestionamientos sobre el destino de esas carpetas de investigación.
En febrero de 2026, Granados generó una nueva polémica al referirse a la crisis de inseguridad en Matamoros. Al abordar el fenómeno del cobro de piso que afecta a los comercios locales, el alcalde atribuyó la actividad extorsionadora a personas provenientes del sur del país, declaración que fue interpretada por sectores críticos como un intento de minimizar la presencia de grupos criminales con arraigo local. En la misma intervención reconoció que la ciudad atravesaba un estado de psicosis derivado de esos delitos, aunque señaló que la escasez de denuncias formales limitaba la capacidad de respuesta gubernamental.
