Por. Josué Sánchez Nieto
Hay ejercicios que, por su propia naturaleza, deberían incomodar. La rendición de cuentas es uno de ellos; no está diseñada para tranquilizar conciencias ni para confirmar narrativas oficiales, sino para ponerlas a prueba.
La más clara muestra es el informe anual del Ejecutivo ante el Congreso del Estado —y, particularmente, su glosa—.
En el papel, el diseño es impecable: el Ejecutivo expone resultados y el Legislativo contrasta, cuestiona y evalúa. No se trata de un acto protocolario, sino de un mecanismo de control.
Y debe quedar muy claro: la glosa no es un apéndice decorativo del informe; es su contraparte crítica, el espacio donde el discurso debería enfrentarse con la realidad… pero la práctica suele traicionar al diseño.
La experiencia nos indica que cuando el Ejecutivo y el Legislativo emanan de la misma corriente política, la glosa deja de ser un ejercicio de rendición de cuentas y se convierte en una puesta en escena.
Lo que debería ser contraste se vuelve coincidencia automática; lo que debería ser vigilancia se transforma en acompañamiento; lo que debería incomodar termina, inevitablemente, en aplauso.
Y entonces aparece el problema de fondo: la simulación.
Se cumple con la forma —comparecencias, intervenciones, posicionamientos—, pero se renuncia al fondo. Se hacen preguntas que no buscan respuestas, sino espacios para elogios. Se ofrecen cifras que no se contrastan. Se construye un ambiente donde todo parece avanzar… porque nadie se atreve a señalar lo contrario.
Cuando la rendición de cuentas se reduce a un trámite burocrático, el gobierno deja de ser evaluado con seriedad. Sin evaluación, no hay diagnóstico. Y sin diagnóstico, no hay corrección. La política pública se vuelve un ejercicio de inercia, donde los errores se repiten y las decisiones no se revisan.
Se instala, además, una narrativa cómoda: la de un gobierno que siempre acierta, que siempre avanza y que siempre cumple…
Una narrativa que puede ser útil en lo político, pero que es profundamente peligrosa en lo institucional.
En este escenario, el papel del Congreso es determinante. No está para validar al Ejecutivo, ni para acompañarlo en su relato; su función no es decorativa ni subordinada. Es, por definición, un contrapeso cuya legitimidad no proviene de la cercanía con el poder, sino de su capacidad de cuestionarlo.
El Congreso representa a la ciudadanía, no a la comodidad política del momento; cuando renuncia a cuestionar, traiciona el mandato de quienes lo eligieron para ser un límite, no un eco.
Al abandonar esta función, el Legislativo no solo se debilita a sí mismo; debilita todo el sistema de pesos y contrapesos. Se convierte en un actor prescindible, en un espacio que simula deliberación mientras evita el conflicto. Y en política, evitar el conflicto no es virtud cuando lo que está en juego es el control del poder.
Por eso, la exigencia es clara: el Legislativo tiene que darse su lugar.
Tiene que entender que la crítica no es traición, sino responsabilidad. Que incomodar no es excesivo, sino necesario. Que cuestionar no debilita al gobierno, sino que lo obliga a mejorar.
Y si ese lugar no le es reconocido por el Ejecutivo, entonces debe tomarlo. Debe ejercerlo con firmeza, sin titubeos y, si es necesario, de manera frontal. Porque el respeto entre poderes no es una concesión graciosa: es una condición indispensable para que la democracia funcione.
La glosa del informe no puede seguir siendo un acto de cortesía política. No puede reducirse a un trámite que se cumple para cerrar el ciclo anual del discurso. Tiene que recuperar su sentido original: ser un ejercicio real de rendición de cuentas, con preguntas incómodas, respuestas exigentes y consecuencias políticas.
De lo contrario, seguirá siendo lo que hoy parece: un espectáculo coreografiado, pulcro… y profundamente inútil.
