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Expreso-La Razón
A raíz del caso de huachicol fiscal detectado en los puertos de Tampico y Altamira, han sido detenidos a seis «petrofactureros» relacionados con 40 empresas implicadas, a las que le aseguraron más de 126 millones de pesos en bienes y recursos.
Ulises Lara, Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, dio a conocer que estas capturas se lograron luego de que un Juez de control girara diversas ordenes de aprehensión contra los presuntos implicados.
Detalló que esta indagatoria deriva del caso del «Challenge Procyon», buque con un cargamento de 10 millones de litros de combustible que fue asegurado en marzo de 2025 en Tamaulipas, que está relacionado con la presunta red de corrupción de marinos que operaban en las aduanas.
«Las personas investigadas se encuentran relacionadas con más de 40 empresas de diversos giros como logística, construcción energéticos, maquiladoras, transportistas, entre otras», dijo Lara en una rueda de prensa conjunta con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
«Hemos llevado a cabo la aprehensión de seis posibles participantes de los ‘petrofactureros’, quienes fungían como operadores prestanombres y líderes de la red de huachicol fiscal relacionados con al menos ocho empresas», detalló el Fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR.
Indicó que durante esta investigación fueron asegurados 5 inmuebles, con valor total de 52.4 millones de pesos; 47 vehículos de alta gama, con un valor de 66.6 millones de pesos; joyería, con un valor cercano a 1.6 millones de pesos, y 265 mil pesos en efectivo.
«Con ello, mermamos a la organización criminal de los ‘petrofactureros’ con 126 millones 265 mil pesos aproximadamente, por lo cual las investigaciones con respecto a esta red continúan y profundizaremos hasta llegar llevar a cabo toda la responsabilidad en el marco de la ley contra estas personas», precisó Lara.
Según se conoció en las indagatorias posteriores, en ese esquema participaron las empresas Mefra Fletes, Enerpol, Autolíneas Roca y AMOL.
La FGR informó además que, desde marzo del año pasado, cuando fue asegurado en Tamaulipas un buque relacionado con la red de corrupción de marinos en las Aduanas, se calcula que los esquemas de simulación de operaciones comerciales han generado ganancias por 23 mil millones de pesos.
Lara dijo que este es un asunto en el que están implicadas empresas fachada que simulan operaciones comerciales.
«Como se recordará, en marzo del año pasado, se desplegó un importante operación en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró el buque ‘Challenge Procyon’, de la cual se obtuvo conocimiento por trabajos de inteligencia, llevados a cabos por la Secretaría de Marina y la SSPC con un saldo inicial de 11 servidores públicos (detenidos)», dijo.
«Desde entonces, las investigaciones para combatir el contrabando de combustible han continuado y han permitido tener conocimiento de mayor información al respecto. Estas empresas dedicadas al contrabando de combustible han recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos».
Lara mencionó que estas empresas han hecho uso de documentación falsa o con datos inexactos para aprovechar áreas de oportunidad en sistemas de control y construir un entramado para contrabandear hidrocarburos y evadir sus obligaciones fiscales regulatorias.
Estas estructuras empresariales ilícitas, manifestó, operan mediante un esquema logístico multimodal que combina los transportes marítimo, ferroviario y terrestre para la introducción, traslado, almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburos en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco.
Aprietan a empresas fantasma
Durante los últimos ocho meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó al menos a quince empresas de Tamaulipas en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por ser consideradas factureras.
Las mayoría de estas razones sociales, operaban, al menos nominalmente, en giros directamente relacionados con el sector energético: comercialización de hidrocarburos, importación de combustibles no fósiles y venta de gasolina y diésel.
De hecho, tres de las firmas publicadas por el SAT en Tamaulipas aparecen en documentos judiciales de un proceso federal en Texas vinculado al contrabando de más de cuatro mil cargamentos de crudo robado a Pemex.
Dos de las empresas incluidas en el listado de 2025 —Tramitadora Aduanal de Reynosa, S.A. de C.V. y Grupo Petrotamps, S.A. de C.V.— aparecen mencionadas en documentos del proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra la familia Jensen, empresarios acusados de traficar con combustible robado a Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con registros comerciales citados en ese proceso, la compañía Luxemborg Trading LLC, constituida en 2010 en Texas, realizó entre 2019 y 2025 casi dos mil seiscientos envíos desde México por un valor de 62.8 millones de dólares, en coordinación con empresas asentadas principalmente en Reynosa, Tamaulipas.
Entre esas firmas figuran Tramitadora Aduanal de Reynosa y Grupo Petrotamps, ambas clasificadas ese mismo año por el SAT como compañías que simulan operaciones.
Los documentos judiciales describen un esquema en el que agentes aduanales mexicanos habrían falsificado documentación para exportar petróleo crudo declarándolo bajo otras denominaciones —destilados de petróleo, aceite lubricante usado— con el propósito de eludir controles arancelarios y de origen. Las autoridades estadounidenses estiman el valor del combustible introducido de manera ilícita en 300 millones de dólares entre 2018 y 2025.
Un tercer caso con vínculos al sector hidrocarburos es el de Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, persona física domiciliada en Matamoros cuya actividad declarada ante el SAT era la venta en territorio nacional de gasolina y diésel. Investigaciones de la Fiscalía General de la República lo ubican en el entorno del denominado huachicol fiscal, modalidad que combina el robo físico de hidrocarburos con la emisión de facturas falsas para legitimar su comercialización.
Hace un año, como parte de los operativos para detectar combustible traficado desde Estados Unidos hacia México en el esquema conocido como ‘Huachicol fiscal’, autoridades federales monitoreaban la llegada de un buque al puerto de Tampico, en Tamaulipas.
Parte de su cargamento terminó en San Luis Potosí, considerada una de las bases de operación para este negocio criminal y multimillonario.
Entre 2024 y 2025, el Gabinete de Seguridad le seguía el rastro a buques de una red criminal de 8 empresas de ‘Huachicol fiscal’ que, con la complicidad de funcionarios públicos y fuerzas armadas de aduanas, ingresó millones de litros de combustible ilegal en la región noreste del país.
Para el 19 de marzo de 2025, autoridades federales esperaban la llegada del buque Challenge Procyon a la aduana de Tampico, Tamaulipas, debido a que estaba vinculado a esta red criminal. Traía contenedores por 20 millones de litros de combustible ilegal.
Entre el 19 y el 20 de marzo, empresas piperas arribaron a la aduana para extraer el combustible, según documentos en poder de N+ Focus. Sin embargo, la orden judicial todavía no era autorizada.
Fue hasta el día 21 a las 3 de la tarde cuando un juez lo autorizó, y en el operativo con FGR y SSCPC confiscaron 22 pipas con 10 millones de litros de combustible. De acuerdo con fuentes federales, una parte de la gasolina extraída terminó en San Luis Potosí.
Ya en tierra, el combustible se distribuía a través de las empresas de autotransporte Mefra Fletes, Enerpol, Autolíneas Roca y AMOL.
Los operadores de Amol son los hermanos Cristian Noé y Jesús Tadeo Amaya Olvera, quienes simularon el traslado de mercancía lícita por lo menos entre diciembre de 2023 y marzo de 2025.
Tras los aseguramientos de millones de litros de diésel en Ensenada, Baja California, y Tampico, Tamaulipas, en marzo de 2025, la Fiscalía General de la República comenzó a rastrear a la familia Olvera y, como parte de sus investigaciones, hizo llamadas anzuelo a sus integrantes para verificar sus actividades ilegales.
De acuerdo con el expediente del caso, al que N+ Focus tuvo acceso, agentes ministeriales se hicieron pasar como compradores de combustible.
