Por Staff
Expreso-La Razón
El contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido el jueves 24 de abril en Buenos Aires, tras ser localizado a través de una ficha roja de Interpol, solicitó ante las autoridades argentinas que se le conceda asilo político para permanecer en ese país y evitar su regreso a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada vinculada al contrabando de combustibles.
La petición fue confirmada por su abogado defensor, Epigmenio Mendieta, mientras el gobierno mexicano ya gestiona su deportación inmediata o, en su defecto, un proceso formal de extradición.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores realizan coordinaciones con el gobierno argentino para lograr el retorno del exmilitar.
La mandataria señaló que la vía preferente es la deportación, dado que Farías Laguna ingresó a territorio argentino el 1 de abril utilizando un pasaporte falso a nombre de un ciudadano guatemalteco. «Él entra con un pasaporte falso a Argentina, entonces se está solicitando la deportación, y en caso de que no fuera así, pues ya se establecería las condiciones de extradición», indicó durante su conferencia matutina.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, el exmilitar se encontraba alojado en un departamento de alquiler temporal en Palermo. Las autoridades argentinas lo detuvieron en la vía pública luego de que México activara los mecanismos de Interpol para su localización. Farías Laguna había viajado desde Colombia antes de establecerse en Argentina bajo esa identidad falsa. El uso del documento apócrifo constituye, de acuerdo con la defensa, un delito que el imputado deberá enfrentar en el país sudamericano.
La solicitud de asilo y los argumentos de la defensa
El abogado Mendieta fundamentó la solicitud de asilo en lo que describió como un «señalamiento anticipado» de culpabilidad por parte de las autoridades mexicanas, sin que existan, a su juicio, pruebas concluyentes en su contra.
Afirmó que Farías Laguna fue precisamente quien alertó sobre la existencia de la red de contrabando de hidrocarburos, conocida coloquialmente como huachicol fiscal, y que lo hizo de manera directa ante su superior jerárquico, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. «Por haber denunciado por hechos, lo incriminan en la red, pero además lo señalan como líder», sostuvo el defensor.
Mendieta cuestionó también que su representado tuviera la capacidad operativa y los recursos necesarios para dirigir un entramado de las dimensiones que le atribuye la FGR, y advirtió que al concentrar la investigación en los hermanos Farías, la Fiscalía podría estar desviando la atención de actores con mayor capacidad de decisión. «Ya están escogidos quienes son los culpables y ellos tienen que ser», afirmó.
El abogado representa tanto a Fernando como a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna, ambos sobrinos del exsecretario Ojeda.
Los cargos y el origen de la investigación
Fernando Farías Laguna, de 47 años y con el grado de excontralmirante de la Armada de México, cuenta con una orden de aprehensión librada desde agosto de 2025 por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez.
La causa le imputa delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con la investigación, Farías Laguna integró desde 2023 una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, personal de las fuerzas armadas y empresas privadas, dedicada al ingreso ilegal a México de combustibles provenientes de Estados Unidos.
La Presidenta Sheinbaum detalló que la carpeta de investigación tuvo como detonador el decomiso de un buque en el puerto de Tampico en 2025, a partir del cual se identificó que la embarcación transportaba diésel de manera ilegal bajo un permiso temporal que eludía el pago de impuestos. Tras ese hallazgo, el gobierno canceló los permisos irregulares, reforzó la vigilancia en puertos de entrada y la Secretaría de Energía implementó mecanismos de trazabilidad del combustible en las aduanas.
Según declaraciones rendidas ante la FGR por el exdirector de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, los hermanos Farías pagaban a funcionarios subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que se permitiera descargar en los recintos fiscales.
El hermano preso desde septiembre
Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora detenido en Argentina y con el grado de vicealmirante, fue capturado el 2 de septiembre de 2025 en la Ciudad de México y permanece internado en el penal federal del Altiplano. La detención de Fernando Farías cierra así el círculo sobre los dos presuntos líderes de la estructura, a quienes la FGR ubica en la cúpula de la red.
El vínculo familiar de ambos con Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido un elemento recurrente en la cobertura del caso. El gobierno federal ha rechazado que Ojeda tenga nexos con las actividades investigadas. La defensa, por su parte, ha utilizado precisamente ese vínculo jerárquico para sustentar su tesis de que Fernando Farías actuó como denunciante interno y no como operador de la red.
La situación legal del exmilitar en Argentina permanece indefinida mientras las autoridades de ese país evalúan tanto la solicitud de asilo como los requerimientos de deportación y extradición planteados por México.
