En Tamaulipas, hablar de izquierda y derecha se ha convertido en un deporte de bajo costo y alto rendimiento, especialmente rentable para quienes viven del presupuesto público, no porque el debate ideológico sea profundo, serio o útil para el ciudadano, sino precisamente porque no lo es, porque en su superficialidad reside su utilidad, porque mientras dos bandos se acusan mutuamente de comunistas o de oligarcas, la clase política local sigue administrando lo mismo de siempre: contratos, nóminas, lealtades y espacios de poder que no cambian de color aunque cambie el partido.
La evidencia de que no cambian está disponible para quien quiera verla. Tamaulipas ha vivido tres alternancias en menos de una década: 86 años de gobiernos priistas terminaron en 2016, cuando Francisco García Cabeza de Vaca ganó la gubernatura con 50.15% de los votos aprovechando el hartazgo acumulado tras cuatro sexenios de gobernadores más ocupados en su beneficio personal que en el servicio público.
Después vino Morena en 2022 con la promesa de que esta vez sería distinto, y hoy el estado opera con un presupuesto de 77 mil 363 millones de pesos para 2025, el mayor de su historia, con crecimiento sostenido año tras año, mientras las respuestas de fondo siguen ausentes: a quién beneficia ese crecimiento, qué cambió estructuralmente y por qué el rezago institucional persiste con independencia del color del gobierno.
La pregunta que debería formularse cualquier observador mínimamente serio no es si Tamaulipas necesita más derecha o más izquierda, sino por qué, con PRI, con PAN y ahora con Morena, ciertas estructuras nunca se mueven, por qué la rendición de cuentas sigue siendo ornamental, por qué las instituciones acumulan rezago sin que nadie responda por ello, por qué el gasto público crece y la cobertura real no mejora en la misma proporción.
Esas preguntas no tienen respuesta ideológica, el problema no es ideológico, es estructural, y la ideología sirve, precisamente, para que nadie lo vea con claridad. La derecha tamaulipeca, cuando gobernó, habló de inversión, certeza jurídica y estabilidad, y tenía razón en que esos elementos importan, en que sin reglas claras no hay desarrollo posible, en que la confianza del sector privado genera empleo y dinamiza la economía; pero rara vez explicó con precisión quién se beneficiaba de esa estabilidad, qué tan profunda era esa certeza para el pequeño empresario o para el trabajador informal, ni quién pagaba el costo de una estabilidad que muchas veces solo estabilizaba a quienes ya estaban arriba, mientras los de abajo seguían esperando que el crecimiento que se celebraba en los informes llegara, por fin, a sus calles.
La izquierda, que llegó al gobierno estatal prometiendo que esta vez no habría continuidad disfrazada de cambio, habla de pueblo, de justicia, de transformación y de redistribución, y tiene razón en que la desigualdad es un problema político antes que económico; pero tampoco explica con coherencia cómo convierte ese diagnóstico en política pública concreta, cómo garantiza que el gasto social no se convierta en clientelismo, cómo evita reproducir los mismos vicios de gestión que criticó con tanta elocuencia desde la oposición.
Y ahí está el negocio, en el espacio entre el discurso y la realidad, en esa brecha que la clase política local aprendió a habitar con una comodidad que debería alarmar. No es incompetencia. No es casualidad. Es un sistema que funciona mejor cuando nadie hace las preguntas correctas, porque si el ciudadano está ocupado discutiendo si el adversario es un fifí o un chavista, no está preguntando por qué el Poder Ejecutivo absorbe 68 mil millones de los 77 mil del presupuesto 2025 mientras organismos autónomos, poder judicial y legislativo se reparten lo restante, no está preguntando qué pasó con los compromisos firmados en campaña ni quién responde cuando una institución pública colapsa sin que nadie rinda cuentas; la polarización no es, en ese sentido, una patología del sistema político tamaulipeco, es su mecanismo de defensa más eficaz.
Lo que revela ese mecanismo no es solo algo más perturbador: que el debate ideológico en Tamaulipas no fracasa por falta de ideas, sino porque cumple exactamente la función para la que fue diseñado, mantener ocupada la conversación pública en el terreno más seguro para quien gobierna, donde nunca se le exige demostrar nada, donde basta con señalar al enemigo ideológico para justificar la propia existencia, donde la narrativa no necesita coincidir con la realidad porque la ha sustituido con suficiente eficacia; no es falla del sistema, es el sistema.
Lo que Tamaulipas necesita no es un debate más apasionado entre izquierda y derecha, sino uno más exigente entre ciudadanos y gobernantes, sin importar el color, un debate que no pregunte qué ideología profesa el funcionario sino qué hizo con lo que le fue encomendado, qué cambió, qué mejoró, qué puede demostrar con datos y no con narrativa, porque la pregunta relevante nunca ha sido si el secretario es liberal o progresista, sino si el dinero llegó a donde debía llegar, si la obra se construyó donde se dijo, si el servicio funciona para quien lo necesita y no solo para quien puede prescindir de él.
La narrativa ideológica no describe la realidad tamaulipeca, la sustituye, y esa sustitución no es un error de comunicación política, es un diseño, la forma en que se mantiene viva una conversación que nunca incomoda a quien la promueve, porque el mejor negocio de la política en este estado no es estar a la izquierda ni a la derecha, es convencerte de que eso es lo único que importa, de que el debate que más urge es el que menos cambia, mientras lo que sí cambia, siempre hacia el mismo lado, es quién cobra, quién contrata y quién decide sin que nadie se lo haya preguntado.
