POR NORA MARIANELA GARCÍA RODRIGUEZ
Expreso – La Razón
El 8 de marzo de 2026 cerró el periodo oficial de siembra del sorgo en el norte de Tamaulipas; las tierras de los Distritos de Riego 025 y 026, más de 270 mil hectáreas que habían sido aradas, subsoladas y abonadas, esperaban semilla y agua, pero el agua no llegó, de modo que el estado que produce casi la mitad del sorgo nacional amaneció con la mitad de su campo en silencio.
La Secretaría de Gobernación declaró el 5 de abril, un día antes del paro nacional, que no había razón para manifestarse, y la secretaria Rosa Icela Rodríguez insistió en que la mayoría de las demandas ya habían sido atendidas, aunque los productores no habían recibido ningún acuerdo concreto.
Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, lo resumió con amargura: lo único que pedía el gobierno era que los productores no se movilizaran en todo 2026 por el Mundial de Futbol, y el campo, en cambio, podía seguir esperando.
Este reportaje reconstruye cómo Tamaulipas llegó a ese punto, no por una tormenta imprevista sino por la convergencia de tres crisis que se retroalimentan: la hídrica, la financiera y la política, todas en un territorio que el discurso oficial presenta como motor económico del país.
El 14 de abril de 2026, la secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, compareció ante el Congreso del Estado en la glosa del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya; reportó crecimiento del PIB estatal de 2.5% en 2024, una expansión de 3.1% en el indicador de actividad económica al tercer trimestre de 2025 y exportaciones por más de 27 mil millones de dólares, y remató con que Tamaulipas se consolida como un activo energético de valor nacional; no hubo una sola mención al campo del norte.
Mientras esa comparecencia transcurría en Ciudad Victoria, los datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, entregados a la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, contaban otra historia: del ciclo otoño-invierno 2025-2026, de las 764 mil 278 hectáreas programadas para siembra, solo se establecieron 388 mil 174, de modo que 374 mil 104 quedaron ociosas, el 49.21% de la superficie aprobada, y para el sorgo, el cultivo emblema de la entidad, la caída fue aún más severa.
De 684 mil 925 hectáreas planificadas se sembraron 351 mil 876; más de 333 mil hectáreas nunca vieron semilla.
Juan Manuel Salinas Sánchez, gerente de la UARNT, lo sintetizó sin eufemismos: en años favorables el norte de Tamaulipas generaba hasta dos millones de toneladas de sorgo y un millón de maíz; en este ciclo difícilmente llegarían al millón en ambos cultivos combinados, cifras sin precedente en décadas según el propio organismo.
Los registros de la SADER describían el campo productivo más golpeado del noreste en una generación.
LA DEUDA HÍDRICA
La sequía fue el detonante visible, aunque no la causa más estructural; debajo de la falta de lluvias había una decisión de política hídrica que los productores no controlaban ni habían suscrito: el cumplimiento del Tratado de Aguas Internacional de 1944 entre México y Estados Unidos, negociado hace 80 años, que obliga a México a entregar a Texas 431 millones 721 mil metros cúbicos de agua al año, en ciclos de cinco años consecutivos.
El ciclo vigente concluía en octubre de 2025 y México llegó con deuda acumulada, de modo que la Comisión Nacional del Agua desfogó agua de la Presa La Amistad hacia el Río Bravo durante 2025.
Productores del Distrito de Riego 025 denunciaron que se extraían hasta 100 metros cúbicos por segundo desde esa presa mientras sus 202 mil hectáreas no recibían ni un solo riego.
La Amistad llegó a operar al 225 de su capacidad, la Presa Falcón al 10, y el distrito, que abarca municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros y es uno de los más extensos del país, sembró apenas el 10% de su superficie, no porque los productores no quisieran sino porque CONAGUA no abrió compuertas para riego.
Salinas Sánchez lo dijo sin ambages: «El campo está listo, pero sin agua no hay siembra; ni siquiera nos han llamado para decirnos si habrá riego.»
La CONAGUA no detalló públicamente el origen del agua comprometida con Texas; fuentes del sector agrícola señalaron que parte del flujo provenía del desfogue de la Presa El Cuchillo, en Nuevo León, lo que implicó también presión sobre el abasto de agua potable para el área metropolitana de Monterrey, de manera que la deuda hídrica del tratado se pagó con el agua de dos estados y Tamaulipas asumió la mayor parte del costo productivo.
El mismo gobierno federal que entregó ese recurso a Texas para cumplir un compromiso diplomático no habilitó ningún mecanismo de compensación para los agricultores que pagaron ese compromiso con sus cosechas vacías.
ANTES DE LA SEQUÍA
La crisis de este ciclo no comenzó con la sequía sino que se venía construyendo desde la cancelación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en 2023.
Con su desaparición, los productores tamaulipecos quedaron con un adeudo acumulado cercano a los mil 200 millones de pesos sin mecanismo formal de renegociación, según datos de la UARNT, y sumados a la cartera vencida con instituciones privadas, la deuda total del sector agrícola en la entidad supera los dos mil millones de pesos.
El resultado es tan sencillo como devastador: aproximadamente el 80% de los productores del norte de Tamaulipas no son sujetos de crédito en el sistema financiero formal; sin crédito no hay insumos, sin insumos no hay siembra, y muchos de ellos prepararon sus tierras con recursos propios o prestados a tasas informales, apostando a que la lluvia llegaría a tiempo, pero no llegó.
El economista Jorge Alfredo Lera Mejía, de la Liga de Economistas Revolucionarios del Noreste, documentó que el precio del sorgo rondó los 3,600 a 4,600 pesos por tonelada durante 2025, niveles que no cubren los costos de producción.
Los productores pidieron al gobierno federal un subsidio de dos mil 400 pesos por tonelada para alcanzar los seis mil pesos que se consideran precio mínimo de viabilidad.
La respuesta del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, fue que el subsidio les parecía muy oneroso, según declaró Eraclio Rodríguez tras las negociaciones del 1 de abril, y así quedó la mesa: el gobierno con su presupuesto intacto, los productores con su campo vacío.
El contraste con el modelo agrícola del otro lado de la frontera es imposible de eludir.
Mientras los sorgueros tamaulipecos negociaban sin éxito un subsidio emergente, sus competidores directos en Texas reciben apoyos estructurales bajo el Farm Bill: pagos directos por superficie, seguros subsidiados, créditos blandos y programas anticíclicos que garantizan rentabilidad mínima independientemente del precio de mercado; México salió del sistema de precios de garantía y de la financiera que lo sostenía, Estados Unidos nunca abandonó los suyos.
LA DECLARATORIA ‘FANTASMA’
Cuando una sequía de esta magnitud azota el campo mexicano, el mecanismo institucional previsto es la declaratoria de emergencia agrícola, un instrumento que activa fondos de compensación, seguros agropecuarios federales y créditos de recuperación; el proceso requiere que el gobierno estatal solicite formalmente a CONAGUA la validación técnica del siniestro, y que el gobernador transmita esa solicitud a la federación.
Hasta el día de hoy, Tamaulipas no contaba con una declaratoria de emergencia por sequía para el ciclo 2025-2026 que fuera pública y documentada.
Gobierno del Estado no la había solicitado de manera verificable en el Diario Oficial ni en los comunicados de Gobernación federal, mientras el gobierno estatal difundía notas sobre reuniones de trabajo con la SADER y sobre el programa Hecho en Tamaulipas para micro y medianas empresas; sobre los 35 mil productores del campo norte, guardó silencio administrativo.
En el estado que concentra el 42% del flujo carretero binacional, que exporta 27 mil millones de dólares anuales y que en enero de 2026 anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para el Corredor del Golfo Norte, no se activó ningún mecanismo de emergencia para los 35 mil 223 productores del campo ni para las 150 mil personas que dependen directamente de esa actividad; la infraestructura del éxito exportador avanza, la del campo espera.
El 6 de abril de 2026, Tamaulipas se sumó al paro nacional convocado por el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas, con presencia en 20 estados.
Las demandas del sector tamaulipeco eran concretas: un apoyo de 10 mil pesos por hectárea para los sorgueros afectados, el restablecimiento de precios de garantía para granos básicos, la creación de una banca rural de desarrollo y la exclusión del sorgo y el maíz del marco del T-MEC para protegerlos de la competencia de granos importados subsidiados por Washington.
El gobierno federal respondió la víspera con un comunicado en redes sociales que decía que no existía razón alguna para manifestarse ni para afectar a terceros; el paro se realizó de todas formas y los bloqueos también, aunque sin el efecto que los productores esperaban en acuerdos concretos.
Días después llegaron lluvias tardías del frente frío 43 que salvaron parcialmente los cultivos que habían alcanzado a sembrarse; el relato oficial adoptó el alivio climático como argumento de normalización, pero lo que no se dijo es que 374 mil hectáreas ya no tenían remedio, que los periodos de siembra habían cerrado semanas antes y que los productores que no pudieron sembrar enfrentarán el siguiente ciclo con la misma deuda, el mismo precio bajo y el mismo crédito negado.
La lluvia salvó lo que quedaba, no resolvió lo que se perdió ni modificó en nada la estructura que lo produjo.
