Por. Nora Marianela García Rodríguez
Lorena tenía 30 años, trabajaba como mesera en el restaurante La Gallina Dorada de la colonia Rodríguez en Reynosa y fue asesinada y decapitada por su expareja el viernes 25 de abril de 2026, frente a empleados y clientes, en pleno turno. La Fiscalía llegó al lugar y encontró la cabeza sobre la barra, el cuerpo en la cocina y al agresor atrincherado con arma blanca está detenido.
La imagen quedó grabada en quienes la presenciaron y en quienes se enteraron después, como suele quedar la violencia que ya dejó de sorprender porque lleva demasiado tiempo normalizándose.
Ese mismo día, Tamaulipas acumulaba seis feminicidios en el primer trimestre de 2026, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ubica al estado en el octavo lugar nacional en ese periodo; Reynosa concentró cuatro de esos seis casos y figura como la sexta ciudad del país con más feminicidios registrados entre enero y marzo.
En el acumulado de 2025, con corte a octubre, el estado sumaba 23 víctimas, undécimo lugar nacional, frente al único caso documentado en 2016, no porque la violencia fuera inexistente entonces, sino porque el registro era, también, parte del problema.
La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene nuevo titular desde el 15 de diciembre de 2025, cuando Jesús Eduardo Govea Orozco sustituyó a Irving Barrios Mojica, nueve años en el cargo bajo el gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca.
Govea fue Director Jurídico del SIPDUE, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; fue electo por el Congreso local para un periodo de siete años, con alineación clara con la administración morenista de Américo Villarreal. Pidió cuatro meses para diagnosticar, evaluar mandos medios y trazar una ruta, esos cuatro meses se cumplieron.
Martha de la Cruz, representante de la colectiva Mujer Manglar en Tampico, lo resume sin rodeos: Barrios deja “una gran deuda en el acceso de las mujeres a la justicia, no solo con el aumento y la impunidad en los feminicidios sino también en cuestión de adolescentes y mujeres desaparecidas.” La herencia que recibe Govea no es administrativa, es más compleja.
Edith Guadalupe tenía 21 años cuando su familia la reportó desaparecida; la Fiscalía, según los familiares, se negó a activar búsqueda inmediata y les solicitó dinero, fue hallada sin vida dos días después y el principal señalado es el guardia del edificio donde vivía. Perla Magaly era adolescente, desapareció en Llera y su cuerpo fue encontrado en una brecha del municipio; la Fiscalía tardó una semana en notificar a su familia, la misma institución cuyo entonces titular declaró públicamente que las menores desaparecidas “se ausentaban por su voluntad.”
El caso de Melanie tiene carpeta abierta desde 2023, fue exhibido en tribuna por legisladoras morenistas como evidencia del rezago y sigue sin judicializar. No son tres expedientes distintos; son la misma lógica institucional funcionando sin interrupción, el mismo aparato que Govea heredó intacto.
Desde junio de 2023, el Código Penal de Tamaulipas obliga a investigar toda muerte violenta de mujer como posible feminicidio, con penas de 40 a 60 años, un avance que quedó consignado en el papel mientras los números del SESNSP seguían creciendo.
La nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, impulsada por la presidenta Sheinbaum y aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, eleva las penas hasta 70 años, exige perspectiva de género desde la apertura de la carpeta y no deja margen al rezago; Tamaulipas, con su posición en los rankings nacionales y un caso de decapitación pública en abril, será uno de los estados donde se medirá si la ley tiene dientes o si se convierte en una capa más de legislación sobre impunidad sin alterar.
Las preguntas que la Fiscalía todavía no ha respondido son las que definen si hay cambio real: cuántas carpetas acumuladas desde 2023 siguen sin judicializar, qué resultados entregó la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la administración anterior, cuál es el plan operativo para Reynosa y qué pasará con los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres y adolescentes desaparecidas.
Govea tiene el perfil técnico, la legitimidad institucional y el contexto político para hacer algo distinto; el tiempo de los diagnósticos ya pasó. Lo que Lorena, Edith, Perla y Melanie tienen en común no es solo haber sido víctimas de violencia, sino haber sido tratadas por el mismo sistema como un costo asumible.
La pregunta que Tamaulipas le hace hoy a la nueva Fiscalía no admite demora: ¿cuándo empieza la parte donde las cosas cambian…?
