Por. Josué Sánchez Nieto
Hay temas que en Tamaulipas parecen no discutirse: se esquivan. Se rodean. Se administran con silencios incómodos y posturas ambiguas.
Tal vez uno de los más incomodos es el relacionado con los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, en general, los derechos de las personas que integran la diversidad sexual.
No es casualidad que nuestro estado haya sido el último en reconocer el matrimonio igualitario, ni que, en materia de aborto, la conversación pública siga cargada de prejuicios, evasivas y cálculos políticos.
Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a intervenir en un tema en el que el Poder Legislativo simplemente ha decidido voltear a otro lado: invalidó diversas disposiciones en materia de aborto en Tamaulipas.
Más allá del contenido técnico de la resolución, el mensaje político e institucional es claro: hay derechos que no pueden seguir sujetos a la comodidad o incomodidad de quienes legislan; pues el costo real es la salud y la vida de miles de tamaulipecas.
Porque ese es, en el fondo, el problema; no estamos frente a una falta de discusión, sino ante una falta de voluntad. Para una parte importante de la clase política tamaulipeca, reconocer abiertamente ciertos derechos implica asumir costos frente a una cultura que sigue siendo, en muchos aspectos, profundamente conservadora. Y ante ese escenario, la respuesta ha sido recurrente: congelar iniciativas, diluir debates… o como se diría en el barrio: simplemente “patear el bote”.
Pero los derechos no deberían depender del clima político, ni del cálculo electoral. La igualdad jurídica no puede seguir siendo un discurso ornamental que se invoca en Tribuna, pero que se evade en los momentos decisivos. Garantizar derechos implica incomodarse, asumir posiciones claras y, sobre todo, entender que el papel del Estado no es reflejar prejuicios sociales, sino garantizar libertades.
En ese sentido, resulta preocupante que causas legítimas —como la autonomía reproductiva de las mujeres o el reconocimiento pleno de la diversidad— sigan siendo utilizadas como botín político.
Se invocan en campañas, se mencionan en discursos progresistas cuidadosamente diseñados, pero en la práctica legislativa se relegan a la “congeladora”, donde duermen el sueño de lo políticamente inconveniente.
Tenemos que decirlo como es: la resolución de la Corte no resuelve por sí sola el problema de fondo, pero sí vuelve a colocar el reflector donde debe estar: en una asignatura pendiente que arrastra Tamaulipas desde hace ya algunas legislaturas.
Ahora, el reto es para el Congreso local. Para diputadas y diputados que, más temprano que tarde, tendrán que decidir si están dispuestos a asumir el costo político de legislar en serio o si optarán, una vez más, por la ruta de la evasión.
Y ojalá que sean totalmente conscientes de que lo que está en juego no es un tema ideológico menor, sino la garantía efectiva de derechos para miles de personas tamaulipecas, que con independencia de si nuestros legisladores lo entienden o no, les parece o no, están de acuerdo o no, ellos son los que verdaderamente padecen las consecuencias reales de estas omisiones.
Habrá que estar pendientes de si esta vez estarán a la altura del desafío. O si, fieles a la costumbre, vuelven a esconderse cuando el debate deja de ser cómodo y empieza a ser necesario.
Finalmente, termino haciendo un reconocimiento a la lucha de las colectivas tamaulipecas que, con esta resolución favorable de la Corte ven coronado el esfuerzo y la lucha de muchos años; particularmente, a dos personas que admiro mucho por su tenacidad y su persistencia en la defensa de estos temas: Nancy Ruíz y Yasmin Luna del sur de Tamaulipas… Gracias por seguirnos demostrando que no hace falta ser la causa, para defender la causa.
