Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- Aunque no fue el primero, «Juanito Pistolas», adolescente sicario de 16 años, reclutado por el crimen a los 13 años, y decapitado a tiros en un enfrentamiento con policías estatales en agosto de 2019, puso en evidencia la otra cara de la niñez en Tamaulipas.
El también llamado “Comandante Chiquitín”, ya había sido detenido por la Fuerza Tamaulipas, pero después liberado al ser menor de edad.
Su caso se convirtió en un ejemplo trágico del reclutamiento de menores por parte del narcotráfico, representando a los miles de niños en el país que abandonan la escuela por la falta de oportunidades y son seducidos por el crimen organizado.
De acuerdo a la zona del país, las principales razones de los menores de edad para ser parte de la delincuencia organizada son el dinero, poder, modelos a seguir, las armas, el consumo de drogas, la venganza y tener mujeres.
En Tamaulipas, de acuerdo con la organización Reinserta, el dinero como una razón para enlistarse está más relacionado con la necesidad de subsistencia que al placer o el goce.
Los números de la organización sobre la niñez en México señalan que más de 500 mil niñas, niños y adolescentes tienen padres o madres en prisión; más de 40 mil son víctimas de delitos violentos al año.
Casi 800 viven en la orfandad a causa de feminicidio al año, 9 de cada 10 personas en prisión, estuvieron involucradas en alguna actividad delictiva antes de los 6 años.
Los grupos criminales reclutan niñas, niños y adolescentes desde muy pequeños, en los municipios de la zona norte, la edad promedio de involucramiento con la delincuencia oscila entre los 8 y los 16 años, teniendo mayor incidencia entre los 12 y 14 años.
Una de las razones más fuertes que tiene la delincuencia organizada para cooptar a niñas, niños y adolescentes es que no exigen tanto como un adulto y pueden sacar provecho de esta población sin exponer a los integrantes estratégicos de la organización.
“Cuando se mete la contra, cuando está bien caliente en la plaza, es cuando se roban a los jóvenes para meterlos a trabajar. Así van a otra ciudad, a otras colonias, a robarse personas. Los secuestran y los meten a trabajar y los que no quieran pues los matan”, señala Andrés en una entrevista para el estudio de Reinserta sobre niñas y niños reclutados por la delincuencia organizada.
Una vez dentro de la organización criminal, los menores son tratados como los adultos, los adiestran en lugares apartados de las ciudades, en el monte.
En las entidades de la zona norte (Tamaulipas y Coahuila), los jóvenes reportan haber recibido el adiestramiento de ex militares o ex marinos, que decidieron enrolarse en las filas de crimen por una mejor paga.
“Los que te dan la diestra son de la Sedena y la Marina, estatales marinos y de la Sedena, de todo revuelto; operativos que desertaban se venían pa´l cártel”, dice Federico.
El rol de los menores de edad dentro de los grupos criminales no depende tanto de la edad sino de las habilidades que demuestran, puede ser halconeo , patrullaje, venta y transporte de drogas, homicidio, sicariato.
Cruce de indocumentados, descuartizamiento de personas, ocultamiento y destrucción de cuerpos, cuidado de casas de seguridad, extorsión, elaboración de narcomantas y colocación de las mismas en diferentes lugares, entre otras.
Diferentes estudios y entrevistas a niñas, niños y adolescentes que han pertenecido a grupos delictivos, señalan que las tareas encomendadas debían cumplirse a cabalidad, el no hacerlo implica castigos que van desde golpes, asesinato de familiares e incluso de quienes no cumplían la encomienda, todo depende de la gravedad de la falta.
De acuerdo con un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual, incluidos la violación y embarazos forzados, así como otras formas de humillación y daños físicos y psicológicos, que pueden considerarse tortura.
En noviembre del año pasado se presentó una inicitava para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Se expuso que las organizaciones criminales hacen uso de la coerción, el engaño, la violencia o el abuso de situación de vulnerabilidad para forzar a personas a integrarse a sus filas, muchas veces con fines de explotación, laboral, sexual, sicariato, trata de personas, transporte de droga o vigilancia armada.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha alertado sobre prácticas sistemáticas de reclutamiento en zonas de conflicto criminal, muchos de ellos menores de edad.
Destaca que el incremento en el número de solicitudes de la condición de refugiado en nuestro país se elevó en 578%, y de enero a septiembre de 2017, además, 10,262 personas han solicitado la protección internacional en México.
La mayoría de ellas de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero este año se incorporaron personas de Venezuela que representan el 243% del total de solicitudes iniciadas con 2,123.
El reclutamiento forzado de personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad, constituye una grave violación a los derechos humanos, el derecho a libertad y el libre desarrollo de la personalidad fundamentales para la dignidad humana.
La Red por los Derechos de las Infancias, estima que en México, entre 140 a 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados.
Este ilícito implica la privación arbitraria de la voluntad, sometiendo a las víctimas a contextos de violencia, explotación o participación forzada en actividades ilícitas, lo que afecta profundamente su dignidad, identidad y proyecto de vida.
Los cárteles criminales han evolucionado también en la forma en que reclutan a personas, incluidos menores de edad; cada vez más utilizan las redes sociales para atraer a sus filas a menores.
Recientemente en Nuevo Laredo, se alertó por la desaparición de tres adolescentes de entre 14 y 15 años (Héctor Gael, Abraham Alexander y Rodrigo), que desaparecieron el 24 de febrero de 2026 en el municipio de Escobedo.
Las investigaciones señalaron que fueron contactados vía Tik Tok con ofertas de dinero para trasladarse a Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin embargo fueron localizados en Los Herrera y China, Nuevo León.
El 1 de marzo de 2026, otros tres jóvenes que habrían sido reclutados bajo el mismo esquema fueron localizados en Nuevo Laredo, tras haber regresado por su cuenta.
En marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para endurecer las penas contra quienes recluten a menores de edad para actividades del crimen organizado, elevando las sanciones hasta 18 años de prisión.
Sin embargo, la medida fue criticada por la organización Tejiendo Redes Infancia, porque no tipifica el reclutamiento forzado como un delito autónomo y específico, sino que lo agrega como una agravante al delito de «corrupción de menores».
Y es que en México, existe un número considerable de Niños, Niñas y Adolescentes en contacto con el Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP) 2023.
Se informó que en México al término del 2022, existían 3,413 adolescentes en contacto con el Sistema Integral de Justicia Para Adolescentes (SIJPA) de las cuales, 1,031 adolescentes se encontraban cumpliendo una medida de sanción en algún Centro de Internamiento.
Mientras que 1,928 adolescentes cumplían una medida de sanción en externamiento y, 456 se encontraban en otra situación jurídica como internamiento preventivo y sanción de semi-internamiento.
La situación de niñas, niños y adolescentes que se relacionan con grupos delictivos es grave, considerando que la permanencia dentro del grupo organizado indica que en los estados de la zona norte oscila entre 1 y 6 años.
Coahuila es la entidad con mayor tiempo de permanencia, seguido de Nuevo León, por último, está Tamaulipas, que presenta el menor tiempo entre 3 y 4 años, porque las y los adolescentes son privados de la libertad o de la vida.
