Por Staff
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó este jueves su postura oficial ante las graves imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En el marco de la Conferencia del Pueblo realizada en la capital del país, la mandataria enfatizó tres principios fundamentales: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional, sin mencionar directamente al mandatario sinaloense, pero refiriéndose claramente a los hechos dados a conocer el día anterior.
Las acusaciones estadounidenses se hicieron públicas el miércoles 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Según el DOJ, Rocha Moya y los demás imputados habrían formado parte de una conspiración para facilitar el trasiego de grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio norteamericano.
A cambio, se les acusa de haber otorgado protección política y operativa al cártel, particularmente a la facción conocida como “Los Chapitos”, a través de sobornos y el uso de instituciones estatales. Los cargos incluyen narcotráfico, posesión ilegal de armas y dispositivos destructivos.
Rocha Moya, de 76 años y militante de Morena, rechazó de inmediato las imputaciones. Calificó las acusaciones como “calumnias” carentes de fundamento y las enmarcó como un intento de violación a la soberanía mexicana y un ataque político al movimiento de la Cuarta Transformación.
El gobernador aseguró haber conversado directamente con la presidenta Sheinbaum y manifestó que cuenta con su respaldo. “Estamos tranquilos, trabajando por Sinaloa. No va a pasar nada”, declaró mientras mantenía su agenda habitual en la entidad.
En su intervención, Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la única autoridad competente en México. “Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a Derecho bajo nuestra jurisdicción”, explicó.
La mandataria insistió en que el gobierno federal actúa siempre con apego al Estado de derecho.
La presidenta fue tajante al afirmar que “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”. No obstante, advirtió que, en caso de no existir pruebas sólidas, el verdadero objetivo de las imputaciones estadounidenses quedaría claro.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero”, sentenció, dejando en claro que México no aceptará presiones externas que vulneren su soberanía.
Este caso representa uno de los retos más delicados para el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad y relaciones bilaterales. Rubén Rocha Moya es un aliado histórico del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual administración.
Su gestión en Sinaloa ha sido clave para el oficialismo en el noroeste del país, donde Morena mantiene fuerte presencia electoral a pesar de la histórica influencia del crimen organizado en la región.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó haber recibido solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos.
Dichas peticiones serán analizadas conforme al tratado bilateral y la legislación mexicana, respetando los procedimientos legales y los derechos humanos. Mientras tanto, la FGR inició los trámites para revisar si existen elementos que justifiquen una investigación formal en territorio nacional.
Analistas políticos coinciden en que la respuesta de Sheinbaum busca equilibrar dos prioridades: demostrar cero tolerancia a la corrupción y al crimen organizado, al mismo tiempo que reafirma la autonomía mexicana frente a Washington. El episodio ocurre en un contexto de cooperación bilateral en seguridad, pero también de recurrentes tensiones por temas migratorios y de narcotráfico.
La oposición ha exigido investigaciones exhaustivas y algunos legisladores han llamado a la aplicación inmediata de medidas como la desaparición de poderes en Sinaloa.
Por su parte, sectores afines al gobierno defienden la presunción de inocencia y cuestionan las motivaciones políticas detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.
Sheinbaum concluyó su participación reafirmando que México siempre ha actuado con responsabilidad y que la defensa de la soberanía es un principio irrenunciable.
“Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, repitió como guía de acción ante cualquier hecho de esta naturaleza. El mensaje busca transmitir firmeza institucional tanto hacia la ciudadanía como hacia sus socios internacionales.
El desarrollo de este caso continuará en los próximos días con las investigaciones de la FGR y posibles avances en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Por ahora, la posición presidencial marca un rumbo claro: México investigará con rigor, pero no permitirá que decisiones ajenas a su marco legal dicten su agenda de justicia y seguridad nacional.
