Por. Josué Sánchez Nieto
Hay temas que duelen, que calan en los huesos y que, por lo menos en el papel, en ellos no se debería admitir ligereza. El feminicidio es uno de ellos.
No solo por su gravedad, sino porque detrás de cada cifra hay una vida que se ha perdido, una familia que no volverá a ser la misma y un gobierno que, en definitiva, ha fallado.
Por eso, cuando el pasado 21 de abril a las 17:55 horas se recibió en el Congreso del Estado la Minuta Proyecto de Decreto para reformar la Constitución federal en materia de feminicidio, la expectativa era clara: un análisis serio, profundo y responsable.
Sin embargo, lo que ocurrió fue otra cosa. La minuta fue aprobada por la vía de la dispensa de turno ese mismo día, en una sesión convocada para las 15:00 horas. Una premura, por decir lo menos, inusual.
Hay que dejarlo muy claro: no es criticable que un tema como el feminicidio se atienda con urgencia. Al contrario. La violencia que enfrentan miles de mujeres en Tamaulipas exige respuestas y acciones inmediatas.
Lo cuestionable es la motivación detrás de esa rapidez; porque todo indica que no se trató de construir mejores condiciones de seguridad para las tamaulipecas, sino de figurar entre las primeras legislaturas en aprobar una reforma enviada desde el centro del país…
Es decir, de cumplir, no de reflexionar. De aplaudir, no de legislar.
Y no, no es una percepción aislada. Basta revisar cómo se han procesado otras minutas: el mismo mecanismo, la misma prisa, la misma lógica de “dispensa de turno” el día de su recepción… Como si la velocidad fuera sinónimo de eficacia. Como si aprobar primero significara transformar la realidad. Como si la medalla política sustituyera al resultado tangible.
Pero el Poder Legislativo no está para eso; no debería ser un simple tramitador de decisiones ajenas, sino un espacio de deliberación que adapte, cuestione y mejore lo que se propone, sobre todo cuando se trata de fenómenos tan complejos y dolorosos como el feminicidio.
La realidad, además, no espera. Apenas el 25 de abril, unos días después de esta aprobación exprés, Reynosa fue escenario de un hecho que estremeció al estado: una mujer fue brutalmente asesinada por su pareja en un restaurante.
Ese mismo día, Tamaulipas acumulaba seis feminicidios en el primer trimestre de 2026, ubicándose en el octavo lugar nacional. Reynosa, por sí sola, concentraba cuatro de esos casos y figuraba entre las ciudades con mayor incidencia en el país.
Si ampliamos la mirada, el panorama no mejora. En 2025, por lo menos hasta octubre, el estado sumaba 23 víctimas, ocupando el lugar once a nivel nacional; cuando en 2016, apenas se registraba un caso y no porque la violencia no existiera, sino porque durante años el subregistro también fue parte del problema.
Estamos frente a un fenómeno estructural, no aislado. Y sí, una parte importante de la falla está en la procuración de justicia: investigaciones deficientes, impunidad persistente, falta de perspectiva de género; pero también hay una responsabilidad legislativa que no puede evadirse. Durante años se apostó únicamente por endurecer sanciones, como si el aumento de penas fuera suficiente, sin garantizar mecanismos eficaces de prevención, atención y acceso real a la justicia.
Lo aprobado permite que el Congreso de la Unión expida una ley general para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio. Puede ser un paso importante. Puede ser.
Ojalá esta reforma sirva para enfrentar un problema que, evidentemente, ha rebasado a las entidades federativas. Ojalá no se quede en discurso.
Mientras tanto, en Tamaulipas seguimos atrapados en una contradicción incómoda: eficiencia para aprobar, pero ineficacia para transformar; un Poder Legislativo local que presume rapidez hacia afuera, pero que sigue sin responder con la misma contundencia hacia adentro… Un Congreso que sigue siendo candil de la calle, pero obscuridad de su casa.
