Por. Pedro Alfonso García Rodríguez
Ante los constantes señalamientos del gobierno estadounidense por la colusión de políticos morenistas con estructuras criminales, el remedio más práctico desde la Presidencia de la República sería una profunda y exhaustiva revisión de los perfiles de cada candidatura.
Desde puestos tan básicos en la cadena de poder como las regidurías, la principal preocupación del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo sería la de impedir la colusión de la delincuencia organizada o de los grupos de poder heredados por el obradorismo relacionados con actividades criminales.
Una de las constantes a nivel mediático y en redes sociales es el señalamiento a políticos morenistas a los que el gobierno estadounidense les retiró la visa por contar con procesos legales dentro de su territorio.
En los últimos meses, la Federación ha implementado operativos en el combate a las principales cabezas de la delincuencia organizada, además de decomisos millonarios de “huachicol fiscal” en la frontera y en los puertos marítimos más importantes.
Recientemente, el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, exhortó a la militancia morenista estatal a que mantuviera la calma sin movimientos apresurados y anticipados, una advertencia que va más allá de una llamada de atención ante la coyuntura política nacional.
El gobierno federal mantiene además un intenso escrutinio en cada estado del país sobre el uso del presupuesto público y la revisión de cuentas de movimientos financieros que tengan alguna relación con la delincuencia organizada, con la finalidad de evitar futuros escándalos.
Y en un estado como Tamaulipas, con su condición de frontera, acceso al mar y por la historia de violencia que arrastra por más de una década, lo evidente sería que la revisión fuera además meticulosa.
Ante la pasarela de figuras políticas cuestionables que componen la fauna morenista, una de las medidas más necesarias es la de elegir perfiles ajenos a grupos de poder, económicos y de interés, a los que bastaría una revisión superficial para dar con todo tipo de actividades ilícitas.
El ejercicio de la elección judicial, por cierto ya en proceso de modificaciones, creó una nueva camada de políticos con la suficiente preparación (al menos en papel) para contender en un futuro por un cargo de elección popular, ahora para el poder ejecutivo y legislativo. Pero como bien lo señaló la presidenta, sería hasta el momento de concluir el periodo por el que fueron electos.
El aumento de la presencia del gobierno federal en el manejo del presupuesto, el control de las dependencias federales e incluso del presupuesto federal en algunas dependencias estatales (como el sector salud) lo acompañan las autoridades fiscales y de inteligencia para revisar los perfiles de cada candidateable.
Sumada la iniciativa presidencial por dar una mayor movilidad política con el punto final a las reelecciones, que propicia una vida política dinámica, se da por terminada una etapa en la que imperaron cacicazgos municipales o regionales.
Al interior de Morena, con la llegada de Ariadna Montiel iniciaría un proceso de reestructuración masivo para cambiar perfiles relacionados con grupos indeseables o delincuenciales, para depurar a los “bautizados” por el obradorismo y para extinguir de una vez por todas a figuras políticas provenientes del “jurásico” tricolor.
La circunstancia política generalizada por la “furia” con la que actúa el gobierno de Donald Trump orillaría también a la oposición a incluir a sus nuevos cuadros, como ya se ve desde hace un tiempo con MC y lo que queda del PRI. Ahora el PAN busca a lo largo del territorio tamaulipeco a las camadas cabecistas, o que al menos surgieron durante el cabecismo, para postularlos y no poner en riesgo los intereses de los tres hermanos.
Morena inicialmente contempló formar una nueva generación que terminó en el limbo, y rescataron a las mismas figuras de siempre, algunas permanentemente indeseables.
Lo que no se logró con las canteras ahora debe surgir de la misma ciudadanía a la que tanto despreció el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Y sobre todo, jóvenes o no, que no cuenten con señalamientos por contubernio con la delincuencia organizada, por malas prácticas desde la gestión pública y, evidentemente, con nulos señalamientos de corrupción.
Porque en teoría, tanto la 4T como la oposición, además de disparar ráfagas de acusaciones y señalamientos por vínculos con el hampa, deberían al menos conservar el recato o simular una lucha contra la corrupción, el lastre que arrastra el país prácticamente desde su creación.
@pedroalfonso88
