Coinciden todos los estudiosos del derecho y de la teoría política en que el Estado de Derecho se caracteriza por el sometimiento pleno de los gobernantes y los ciudadanos al imperio de las leyes, es decir que la conducta de quienes ejercen alguna tarea de gobierno en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial y la de los ciudadanos comunes y corrientes esté sujeta al cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y que ese sea el marco de su conducta en el ejercicio de la función pública o en su vida social y privada.
En nuestro país los políticos de todas las ideologías y de todos los partidos afirman ser respetuosos del Estado de Derecho, se comprometen a cumplirlo y a respetarlo en el ejercicio de la función pública, todos cuando llega la ocasión, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo para el que han sido electos o designados y exigen de sus adversarios un compromiso igual en todas actividades no solo las de la función pública sino también las de su vida social y privada en la que deberán conducirse con rectitud.
Sin embargo, en fechas recientes los dirigentes panistas, sus funcionarios públicos de elección popular, sus legisladores, sus comentaristas y analistas políticos, los medios y las redes sociales que los apoyan, han perdido la compostura y parecen haberse olvidado de ese compromiso con las leyes y coinciden en comportarse como una turba de linchadores exigiendo la cabeza del gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa.
Por su parte la dirigente nacional de Morena ha dicho que solicitará Juicio Político para Maru Campos la gobernadora de Chihuahua a quien diversas voces acusan de traición por haber tramitado y permitido la participación de agentes extranjeros en la localización y destrucción de un narcolaboratorio en territorio nacional sin la aprobación de las autoridades competentes como manda la Constitución.
En el caso del gobernador de Sinaloa, ha sido acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa en perjuicio de los ciudadanos de los Estados Unidos por lo que el Departamento de Justicia de ese país ha solicitado su detención provisional con fines de extradición y, la FGJ inició una investigación sobre la procedencia de esa solicitud y el gobernador solicitó licencia a su cargo, pero los líderes opositores a coro acusan al gobierno de México de ser su cómplice y de protegerlo por no detenerlo de inmediato.
Es muy importante decir en este punto que las vías señaladas por los demandantes establecen procedimientos específicos para cumplir con sus solicitudes, en el caso el gobernador de Sinaloa y las otras 9 personas acusadas por el Departamento de de Justicia de los Estados Unidos se señala la extradición como la vía elegida para llevar ante la justicia de aquel país a los acusados.
En el caso de la gobernadora de Chihuahua se señala que se solicitará un Juicio Político para que sea juzgada por los delitos que haya cometido al permitir la operación de autoridades extranjeras en el territorio nacional sin respetar los protocolos señalados en la Constitución y las leyes de México.
En ambos casos y en estricto apego a la ley se tienen que cumplir procedimientos y plazos que están establecidos, en el caso de Rocha Moya, en el Tratado de Extradición suscrito desde los años 70 por México y los Estados Unidos de América, y en el caso de la gobernadora de Chihuahua se debe sustanciar un Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados que deberá reunir los elementos necesarios y la Cámara de Senadores deberá decidir si es procedente separarla de su cargo
En los dos casos la realización de los procedimientos establecidos en las leyes tomará algunas semanas o meses antes de obtener resultados, en los dos casos los acusados tienen derecho a su defensa y a usar todos los recursos previstos en las leyes, inclusive el de tramitar juicios de amparo contra las resoluciones de las autoridades que van a resolver su situación, ese es el Estado de Derecho del que parecen haberse olvidado los leguleyos del PAN que tienen más prisa que los gringos en defenestrar a un Gobernador de Morena, quizá para que nadie se acuerde que está jurídicamente probado que ellos si postularon a un Presidente que encabezó un narco gobierno.
