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Expreso-La Razón
La Fiscalía General de la República nuevas órdenes de aprehensión contra los presuntos integrantes de la red de contrabando de hidrocarburos que operó durante al menos dos años a través de puertos como Tampico y Altamira.
Entre los señalados, además de funcionarios y empresarios están los agentes aduanales que tramitaron la importación del llamado huachicol fiscal.
En la lista de las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR figura Benito Abad Pérez Escalante, nvestigado por manipular pedimentos de 31 buques cargados con millones de litros de combustible que llegaron al puerto de Tampico, declarados como aditivos para aceites y lubricantes a granel para las empresas Intanza y Azteca Cone.
Pérez Escalante fue regidor del Ayuntamiento de Tampico al ser incluido en la planilla del PRI para el periodo 2018-2021, donde encabezó la comisión de Desarrollo Económico.
Otro agente aduanal incluido en el expediente es Nazario Rodríguez López, quien también lleva a cabo operaciones en el puerto.
En una indagatoria previa de la FGR, relacionada con el contrabando de combustible a través de puertos de Tamaulipas y Sonora, también aparece Estuardo Ciro del Ángel Valdés, con patente aduanal indefinida en Altamira desde agosto de 1994, habría tramitado el ingreso de 25 buques con aditivos en ese puerto, cuando en realidad transportaban combustible para la empresa B-Match.
Esta compañía comparte socios y domicilio con Intanza, Azteca Cone y Sensive Solutions, todas domiciliadas en Monterrey, Nuevo León, y todas señaladas como empresas fachada dentro del mismo entramado.
Hantulio Ordóñez Juárez, agente aduanal con patente activa desde 1996 en la aduana de Matamoros y director de Strategia Trade & Global Logistics S.C., habría realizado los pedimentos de importación de 499 pipas cargadas con combustible que cruzaron por Matamoros entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre de 2023, declaradas como aceites minerales para la empresa Sensive Solutions.
Ordóñez Juárez fue candidato del PAN a una diputación local por Matamoros en el año 2000. Su agencia también se encuentra bajo investigación federal.
La acusación también señala a María Cristina Cházaro Mabarak en Tampico, Marco Aurelio Ochoa López en Guaymas, Ángel Aceves Hernández en Ensenada y María Elena Moreno Durazo en Nogales, lo que indica que el esquema de pedimentos falsos habría operado de forma coordinada en al menos cinco aduanas del país.
La red empresarial y los nombres clave
Junto a los agentes aduanales, la FGR busca capturar a figuras con distintos roles dentro del entramado. Roberto Blanco Cantú, alias «El Señor de los Buques», aparece vinculado a Autolíneas Roca y Mefra Fletes.
Osvel Tudón Rojas es señalado como intermediario para la entrega de sobornos en las aduanas. José Isabel Murguía Santiago, «El Choko», hermano del ex alcalde de Teuchitlán procesado por vínculos con el CJNG, completa el perfil de una red que mezcla empresarios, transportistas, operadores de logística, funcionarios y particulares con presuntos vínculos con el crimen organizado.
En la trama también habrían operado el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el Contralmirante Fernando.
El 29 de marzo, la juez federal Mariana Vieyra Valdez devolvió a la FGR la solicitud de las 14 órdenes de captura por deficiencias técnicas en su formulación.
Las autoridades federales informaron que subsanaron las inconsistencias y que presentarán nuevamente la solicitud ante el juzgado. La decisión judicial sobre su procedencia determinará si el caso más grande de huachicol fiscal en la historia del país avanza hacia la fase de juicio oral o enfrenta nuevos obstáculos procesales.
El expediente, instruido por la Fiscalía Especial en Delitos en Materia de Hidrocarburos, se convirtió en el caso más grande de huachicol fiscal llevado a tribunales federales en México, medido por el volumen de combustible introducido ilegalmente y por la dimensión de la red de corrupción aduanal y empresarial que lo hizo posible.
En el centro del esquema operaron al menos cuatro agentes aduanales con patente activa en distintos puertos del país, quienes habrían manipulado pedimentos de importación para declarar combustible —principalmente diésel— bajo fracciones arancelarias correspondientes a aditivos para aceites lubricantes, evitando así los controles regulatorios, las obligaciones sectoriales y los impuestos aplicables a hidrocarburos.
El caso del Challenge Procyon: documentos y dictámenes
Uno de los expedientes más detallados corresponde al buque Challenge Procyon, cuya guía marítima —emitida por Hevi Transport— consignó un embarque de 17 millones 459 mil 290 kilogramos de producto enviado desde Houston, Texas, hacia Tampico. La propia documentación comercial declaró un volumen de 5 millones 460 mil galones, equivalentes a poco más de 20.6 millones de litros.
El destinatario era Intanza S.A. de C.V., empresa domiciliada en Monterrey.
La factura HT081, expedida el 16 de marzo de 2025 por Hevi Transport LLC, estableció un cobro de 2 millones 662 mil dólares —equivalente a unos 53 millones de pesos— por concepto de «aditivos para aceites lubricantes», incluyendo flete marítimo y cargos por demora, con instrucción de pago a una cuenta del banco Hancock Whitney, con sede en Misisipi.
La Agencia Nacional de Aduanas de México practicó una revisión física y documental de las mercancías. El pedimento había sido tramitado bajo la fracción arancelaria 3811.21.07, correspondiente a aditivos para aceites lubricantes. Tras el reconocimiento aduanero, la autoridad ordenó toma de muestras y solicitó análisis especializado a la Dirección General Jurídica de Aduanas. El dictamen oficial del 22 de marzo de 2025 fue concluyente: las muestras correspondían a aceite diésel —gasóleo— con contenido de azufre inferior o igual a 15 partes por millón. La mercancía fue reclasificada a la fracción 2710.19.99 NICO 03, correspondiente a diésel automotriz.
La ANAM detectó una segunda irregularidad de igual magnitud: la subvaluación del cargamento. Los 17 millones 459 mil kilogramos declarados equivalían, aplicando un factor de densidad de 0.8336 kilogramos por litro, a 20 millones 944 mil 445 litros de diésel. Ese volumen fue declarado en marzo de 2025 con un valor de 2.6 millones de dólares, equivalente a 53 millones de pesos, lo que arroja un precio de 2.55 pesos por litro.
La propia autoridad aduanera determinó que operaciones similares de importación de diésel registraban precios cercanos a 10.92 pesos por litro. Con ese parámetro, el valor comercial real del cargamento rondaba los 228 millones de pesos, unos 175 millones más de lo declarado. En materia fiscal, el SAT calculó que por cada litro introducido de contrabando se omitió el pago de alrededor de 11 pesos en impuestos —principalmente IEPS, IVA y derecho de trámite aduanero—, lo que implica una evasión de aproximadamente 220 millones de pesos solo por los 20 millones de litros del embarque de marzo de 2025.
Un documento de la ANAM fechado el 31 de marzo de 2026 —un año después del decomiso— precisa que la autoridad fiscal exige a Intanza el pago de 60 pesos por litro por concepto de impuestos, multas y recargos acumulados. Por cada pipa incautada de 49 mil litros, el requerimiento asciende a 2 millones 950 mil pesos.
