Por Staff
Expreso-La Razón
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas (ASE) elevó a 3 mil 169 millones de pesos el monto total de procedimientos ante el Tribunal y denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción.
El organismo entregó la semana pasada al Congreso local su informe semestral de actividades, en el que el monto consolidado de recursos observados y reclamados —mediante procedimientos resarcitorios ante el Tribunal de Justicia Administrativa y denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción— presenta un incremento de 60 millones respecto al informe de noviembre de 2025, que registraba 3 mil 109.1 millones.
El aumento es por la acumulación de múltiples expedientes de distinta cuantía distribuidos entre organismos operadores de agua, ayuntamientos de municipios medianos y pequeños, y un fideicomiso de fomento económico.
El crecimiento más significativo en términos proporcionales se registró en los procedimientos enviados al Tribunal de Justicia Administrativa.
En noviembre de 2025 había 18 expedientes activos con un monto total de 12 millones 759 mil 420.05 pesos; en mayo de 2026 esa cifra ascendió a 27 casos por un monto acumulado de 58 millones 722 mil 803.46 pesos, un incremento de 45 millones 963 mil 383.41 pesos en seis meses.
El aumento fue impulsado principalmente por dos expedientes de alto impacto radicados en la Primera Sala del Tribunal.
La COMAPA de Reynosa ingresó con el expediente ASE/DGAJ/DS/PRA/019/2025 por un monto observado de 18 millones 598 mil 104.78 pesos. El Ayuntamiento de Reynosa se sumó con el expediente ASE/DGAJ/DS/PRA/022/2025 por 17 millones 205 mil 418.75 pesos.
Juntos, estos dos expedientes representan el 61 por ciento del incremento total registrado en esta categoría durante el periodo.
Los siete expedientes restantes incorporados entre ambos informes corresponden a entidades de menor escala presupuestal pero con irregularidades documentadas por la Auditoría: el Ayuntamiento de Soto la Marina con 4 millones 314 mil 695.78 pesos (exp. 017/2025); la COMAPA de Abasolo con 2 millones 822 mil 015.07 pesos (exp. ASE/DGAJ/DS/PRA/002/2026), organismo que ya contaba con un expediente previo del ejercicio 2024 por 2.4 millones, acumulando así dos procesos simultáneos ante el Tribunal; el Ayuntamiento de San Carlos con 2 millones 008 mil 800 pesos (exp. 021/2025); el Ayuntamiento de Villagrán con 385 mil 967.03 pesos (exp. 020/2025); la COMAPA de Palmillas con 309 mil 792 pesos (exp. 018/2025); el Ayuntamiento de Miguel Alemán con 215 mil 400 pesos (exp. 004/2026); y la COMAPA de Gómez Farías con 103 mil 190 pesos (exp. 001/2026).
La finalidad de los 27 procedimientos activos ante el Tribunal es determinar la existencia de faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos o particulares, imponer las sanciones correspondientes y resarcir los daños causados a la hacienda pública estatal o municipal. El proceso resarcitorio se activa específicamente cuando el sujeto fiscalizado no cubre el monto del pliego de responsabilidades derivado de la fiscalización dentro del plazo establecido.
El capítulo de denuncias penales ante la FECC concentra el mayor volumen económico del informe.
En mayo de 2026 el total asciende a 71 denuncias por 3 mil 110 millones 377 mil 102.19 pesos, más 672 mil 413.31 dólares.
Las cinco denuncias nuevas incorporadas en el informe de mayo, todas del ejercicio 2026, son el expediente 45/2026 contra la COMAPA de Camargo por 4 millones 656 mil 100.64 pesos; expediente 49/2026 contra la COMAPA de Camargo y el Ayuntamiento de San Fernando, sin monto especificado en el informe; expediente sin número asignado contra el Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria —FOMICRO— por 312 mil 476.86 pesos; expediente 60/2026 contra el Ayuntamiento de Casas por 1 millón 864 mil 473.66 pesos; y expediente 68/2026 contra el Ayuntamiento de Méndez por 7 millones 589 mil 365.22 pesos, el de mayor cuantía entre las nuevas incorporaciones.
Por primera vez el informe semestral incorpora procedimientos administrativos correspondientes al ejercicio fiscal en curso.
Los Ayuntamientos de San Fernando y Méndez fueron señalados con tres procedimientos abiertos por falta de presentación de informes financieros mensuales y negativa de información, lo que indica que la Auditoría activó mecanismos de fiscalización en tiempo real sin esperar al cierre del ejercicio.
En materia de auditorías de desempeño, el informe registra un aumento en recomendaciones con estatus pendiente y multas en proceso para los municipios de Xicoténcatl y Llera, derivado de la falta de respuesta a los pronunciamientos de la Auditoría dentro de los plazos establecidos.
El informe consolida dos categorías de acción fiscalizadora con lógicas distintas: los procedimientos resarcitorios ante el Tribunal de Justicia Administrativa, orientados a recuperar recursos públicos dañados y sancionar a los responsables mediante un proceso contencioso-administrativo; y las denuncias penales ante la FECC, que trasladan la presunta responsabilidad al ámbito penal cuando la Auditoría considera que las irregularidades detectadas pueden constituir hechos delictivos. Ambas vías pueden activarse de forma simultánea sobre el mismo caso.
